Repasemos brevemente esta alianza:
El apoyo incondicional que los gobiernos españoles vienen brindando al gobierno colombiano, los ha llevado a amparar un Estado tomado por los paramilitares1 en el que por el momento hay – sólo entre gobernadores y congresistas - 23 altos dirigentes condenados por parapolítica, 16 en juicio, 99 en investigación preliminar y 13 en etapa de investigación. Estos grupos continúan controlando gran parte del país a través de las BACRIM.2
Otra muestra de apoyo se ha constatado al comprobar que la inteligencia colombiana ha actuado en territorio español y sobre ciudadanos españoles sin que se hayan iniciado investigaciones al respecto, lo cual hace sospechar que dicha acción se produjo con el consentimiento del gobierno de España pese a ser un hecho claramente ilegal.
Pero lo que verdaderamente une a los gobiernos colombiano y español en su cruzada contra los DDHH, es su interés por mantener sistemas de impunidad, violando así los principios internacionales de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas.
En el caso español sólo tenemos que repasar la actuación contra las víctimas del franquismo que ha supuesto la llamada ley de la memoria histórica3, y en el caso colombiano basta ojear la ley 975 o de justicia y paz, con la que se pretendía indultar a miles de paramilitares acusándolos de sedición4, hecho que la Corte Suprema de Justicia impidió.
Actualmente, estos paramilitares siguen sin ser juzgados ni investigados y se busca insistentemente la forma de impedir que rindan cuentas ante la justicia a través de la implantación de lo que llaman “justicia transicional” que no es otra cosa que una ley de impunidad para la larga lista de crímenes contra la Humanidad que han cometido.
Todas estas actuaciones no son en absoluto acordes con lo que se entiende por defensa y promoción de los DDHH, pese al bonito discurso de la ministra Jiménez y a la existencia de un Plan Nacional de DDHH.
Sabido es que la inversión español es la segunda en Colombia. Quizá sea ese el motivo de este nuevo respaldo al gobierno colombiano, otorgado por la señora ministra en vísperas del 6 de marzo, Día de la conmemoración de las Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, convirtiéndolo en una nueva burla para todas ellas y sus familiares. Es el desprecio por el sufrimiento de un Pueblo que se desangra en un conflicto que no interesa reconocer. Y es el encubrimiento conjunto de unos crímenes que muestran la verdadera cara del gobierno español y colombiano en lo que a Derechos Humanos se refiere.
Notas
1 Ellos mismo manifestaron que tenían tomado el 30 % del Congreso.
2 Bandas Criminales emergentes, lo que hasta ahora se denominaban grupos paramilitares que mantienen la misma estructura y accionar tal y como lo ha manifestado el magistrado de la Corte Suprema colombiana Iván Velásquez. http://www.radionizkor.org/colombia/index.html#ivelasquez
3 Ley que trata de legitimar el franquismo y niega el reconocimiento jurídico de las víctimas, aprobada con el apoyo de todos los partidos políticos excepto el PP por motivos obvios y por ERC.
4 Acusación que permitiría la amnistía en el marco legal colombiano.
(Rebelión. 15 / 03 / 2011)
