Hace seis años, el Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi firmaron un convenio para investigar lo sucedido con los desaparecidos y fusilados de la Guerra Civil y los primeros años del franquismo en Euskadi. Un acuerdo que, hasta ahora, y entre otras cosas, ha permitido responder a medio millar de solicitudes de particulares, en su mayor parte, orientadas al esclarecimiento de lo sucedido con algún familiar. Se ha trabajado para saber lo que ocurrió con cada uno, para localizar y abrir fosas con restos, y para investigar diferentes archivos documentales. Hasta ahora, sin embargo, ninguna de las denuncias planteadas ha tenido que ver con el capítulo de los niños robados.
"No hay constancia concreta de casos. Las demandas en ese ámbito vienen dentro del conjunto de reivindicaciones en materia de memoria que exigen -sin individualizar a ese nivel- que se aclaren las violaciones de Derechos Humanos que se cometieron durante y después de la Guerra Civil, y justicia y reparación para las transgresiones", asegura, en declaraciones a este periódico, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.
Eso sí, afirma que, de tener constancia de alguna demanda relacionada con ese episodio histórico, trataría de ayudar al esclarecimiento de la misma. "Si hubiera demandas de apoyo para una causa de este tipo se haría lo posible por apoyarla: habría, sin embargo, que estudiar hasta dónde cabe una implicación jurídica precisa a la luz del caso y, de cualquier manera, habría un apoyo político para exigir Verdad, Justicia y Reparación", insiste.
En opinión de la consejería, la iniciativa para impulsar esta materia "debería haber partido de los tribunales de oficio y del marco de la Ley de Memoria que, sin embargo, no entró a estos temas apartando de los tres pilares la Justicia y la Reparación". "Debemos adherirnos a cualquier iniciativa judicial que se quiera llevar a cabo en el ámbito de los juzgados provinciales. Toda iniciativa a favor de buscar justicia, aunque llegue tarde, debe apoyarse", reitera, en cualquier caso, el departamento.
No obstante, considera "muy improbable" que, con el antecedente de la Audiencia Nacional (en referencia al rechazo de la Fiscalía a la competencia de Garzón y al propio auto de inhibición del magistrado), vaya a haber iniciativas. Y menos aún, añade, que vaya a prosperar la vía judicial y la penal.
Por este motivo, insiste en la necesidad de que se habiliten comisiones de la verdad, "en la línea del mandato del Parlamento Vasco". "Hay que tener en cuenta que estamos ante crímenes de guerra y de lesa humanidad que no pueden ser tratados como ordinarios. Necesitan mecanismos especiales de justicia transicional que, en su momento, no se quisieron poner en marcha", concluye la consejería.
(Noticias de Gipuzkoa. 04 / 02 / 09)
