Ioseba Eceolaza, miembro y parte activa de dicha asociación, manifestó que la decisión de la fiscalía no les ha causado demasiada sorpresa, pero que la solicitud incide en la desesperanza que acompaña a este proceso. "Cabía esta solución jurídica. Aquí hay un fondo concreto, no buscábamos que se condenara a Franco, Mola o Conde de Rodezno por las miles de sentencias de muerte que ordenaron, ya que están muertos, pero además buscábamos una clarificación del procedimiento sobre cómo actuar ante una fosa. Lo que hace el fiscal es consolidar ese limbo jurídico. Lo que tenemos encima de la mesa es una anomalía jurídica".
La Asociación de Familiares de Fusilados defendió que "todas las instituciones públicas tienen que implicarse en el trabajo en favor de la Memoria Histórica, porque estamos hablando de un trabajo humanitario, esa es la principal causa para trabajar en favor de la exhumación de los desaparecidos".
Además, agregaron que "no es posible que durante 35 años de democracia las asociaciones de familiares de fusilados tengamos que hacer el trabajo de las exhumaciones sin un mínimo de apoyo jurídico, no es posible que para exhumar a una persona asesinada hace 70 años simplemente necesitemos el permiso de Patrimonio del Gobierno de Navarra y el mundo judicial no tenga nada que decir".
En este sentido, Eceolaza consideró que "la judicatura tiene que avanzar para clarificar los protocolos de exhumación y para aportar elementos que aclaren las necesidades". "El ámbito jurídico tiene que aclarar cuál es la hoja de ruta para hacer una exhumación, eso demandamos", concluyó Eceolaza.
(Noticias de Navarra. 17 / 02 / 2011)