La audiencia había empezado, y el periodista Carlos del Frade comenzaba con la tercera parte de su testimonio. Cuando le estaban leyendo -a pedido de la defensa-- la lista de las personas cuya desaparición forzada es objeto del primer juicio oral y público por el terrorismo de Estado en Rosario, algunos integrantes del público comenzaron a levantar las fotos de los compañeros, en silencio. El presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe, pidió orden en la sala y, como las fotos continuaban en alto, ordenó que la Gendarmería desalojara la sala. "Seguimos unos minutos con las pancartas levantadas, y luego nos fuimos por nuestra propia voluntad. Pero yo me pregunto, ¿nos hubieran sacado por la fuerza, con todo lo que hemos vivido durante estos años?", decía ayer Ana Moro, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, en la vereda de Oroño al 900. En el primer piso de ese edificio se juzga a Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo por crímenes de lesa humanidad. Cuando se retomó la audiencia, la fiscal Mabel Colalongo y las querellas pidieron que se permita la exhibición de las fotos de los desaparecidos, como ocurrió en todos los Tribunales del país. El Tribunal dispuso un nuevo cuarto intermedio para debatirlo, y rechazó el pedido fundado en el artículo 369 del Código Procesal Penal. Además, impidió la entrada a la sala de audiencias a Héctor Medina, que llevaba una remera con la foto de su hermano Oscar; así como a Diego Kofman y Marina Magnani, de Hijos, a quienes identificaron portando fotos.
"No sólo en la causa Brusa de Santa Fe, sino también en La Plata y todos los Tribunales del país se permite la exhibición de fotos de desaparecidos", indicó Colalongo en las escalinatas del Tribunal. Luego, al conocer la decisión del Tribunal, hizo reserva de recurrir a Casación, al igual que las querellas. Incluso, evaluaba llegar a la Corte Suprema de Justicia. La querellante Gabriela Durruty manifestó que no era evidente la violación del artículo.
"Estoy indignada. Esto es un manoseo constante. No puede ser que nos traten a nosotros como si fuéramos los asesinos", indicó Norma Vermeulen, Madre de la Plaza 25 de Mayo, decepcionada por la decisión del Tribunal. "No hicimos absolutamente nada, no hubo actitud intimidatorio. En Santa Fe y en todos los juicios del país se permitió la exhibición de las fotos de los compañeros desaparecidos", indicó Silvia White.
Para Sabrina Gullino, la nieta recuperada número 96, que integra el espacio Juicio y Castigo, es indignante. "Las víctimas no están, y ni siquiera les permiten estar con sus fotos. Es injusto", dijo la joven. "Lo más indignante es que el primer día a Amelong lo dejaron entrar con la vincha que decía 'legalidad'. En otros lugares se les permite estar con las fotos de los desaparecidos, que es lo único que nos queda de ellos", planteó Sabrina, hija de Tulio Valenzuela y Raquel Negro, secuestrados en la Quinta de Funes. Por su parte, Gustavo de Vicenzo, del mismo espacio, indicó: "Ni siquiera fueron los abogados defensores los que plantearon que bajemos las fotos, fueron los mismos jueces".
Más allá de los reclamos de los militantes que se encontraban afuera del Tribunal, la audiencia continúo cerca del mediodía, y mantuvo la prohibición de exhibir las fotos. Finalmente, Del Frade pudo terminar su declaración, aunque con constantes pedidos de los abogados defensores -en especial de Mariana Grasso, representante de Guerrieri para que no se refiera a personas que no están en la causa actual, ni siquiera como información contextual.
A partir de los dichos del periodista, la fiscal pidió que se agregue el informe de Alfredo Sotera, de la causa Feced, al expediente, lo que generó una nueva protesta de Grasso. Sin embargo, el Tribunal decidió incorporar esa documental a la causa actual. Se trata de un documento elaborado por un agente de inteligencia, en el que se consignaban los militantes caídos. El contenido de ese informe fue revelado por Rosario/ 12, el 24 de marzo de 1996.
Cuando Del Frade terminó de brindar su testimonio, el defensor de Amelong, Héctor Galarza Azzoni, pidió la declaración de la indagatoria de su defendido. El acusado de crímenes se lesa humanidad se sentó frente al Tribunal y negó el relato del periodista sobre la entrevista que mantuvieron, al tiempo que pidió ser sometido a un careo. El Tribunal decidió favorablemente este pedido. El periodista se sentó frente al acusado para establecer las circunstancias de aquella entrevista. Amelong había dicho que concurrió a la cita porque el periodista le ofreció datos sobre la muerte de su padre, lo que fue desmentido por el testigo, obligado a decir la verdad por su promesa ante el Tribunal. Los dos coincidieron en la descripción del lugar donde se realizó la cita, pero Amelong negó terminantemente haberle dicho que tenía cosas para decir sobre los 70. Del Frade, por su parte, le sostuvo la mirada en todo momento, y aseguró que se enteró sobre la muerte del padre de Amelong en aquella entrevista. En pocos minutos, el Tribunal dio por terminado el careo.
(CasaPueblos)
