miércoles, octubre 31, 2007

OTRA AGRESION A LA MEMORIA DE LA CLASE OBRERA


El 3 de Marzo de 1976 se produjo una, si no la mayor, agresión de la historia moderna sufrida por la clase trabajadora, no ya sólo de Vitoria-Gasteiz, sino también de Euskal Herria. En esa fecha la policía represora franquista asesinó a cinco obreros e hirió a más de cien con la pretensión de cortar por la fuerza de las armas una lucha ilusionante encaminada a conseguir unas condiciones dignas de trabajo y la implantación de un régimen totalmente democrático, pleno de libertades y derechos. El objetivo final de la actuación policial era dar un escarmiento que sirviera de lección ejemplar a posibles entusiastas y seguidores de esa lucha y con ello poder mantener en la mayor medida de lo posible el régimen.

Tras esta sangrienta actuación, lejos de esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, varios han sido los agravios y agresiones que se han venido repitiendo a lo largo de los años. Así, en 1977 se proclama una Ley de Punto Final , mal llamada "de Amnistía", con la que se consigue que verdaderos criminales autores de tremendas atrocidades queden sin castigo y disfruten de la más completa impunidad. Los autores de la masacre del 3 de marzo, con su máximo responsable Fraga Iribarne a la cabeza, también se beneficiaron de la ley. En 1978 fue la Jurisdicción Militar la que nos tomó el pelo sobreseyendo los sumarios abiertos, a pesar de constatar en ellos delitos por homicidio. El argumento esgrimido fue que no hubo indicios suficientes para acusar de dichos delitos a personas determinadas.

El intento de acogernos a la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo tampoco fructifica. A pesar de haberlo solicitado siguiendo las recomendaciones de algunos partidos políticos e instituciones, que entendían que seríamos contemplados en la ley pues así se recogía en el espíritu con el que se creó, se nos negó toda posibilidad. Tanto el Ministerio del Interior, como más adelante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, consideraron que "los trabajadores subvirtieron de forma violenta la paz y seguridad ciudadana, debiendo intervenir la policía para recuperar el orden perdido, viéndose obligados a disparar para preservar y salvaguardar sus vidas". Los agredidos nos convertimos en agresores y los agresores en agredidos.
Fieles a nuestro afán por lograr verdad y justicia recurrimos a la Jurisdicción ordinaria por la vía de una querella criminal para intentar reabrir el caso. Fue otro revés, pues amparándose en la prescripción y la no competencia no se admitió a trámite dicha querella.

Tampoco el Gobierno Vasco ha atendido la demanda de corregir la injusticia cometida con nosotros. A pesar del compromiso adquirido por las instituciones autonómicas, con el propio Lehendakari a la cabeza, de que una vez agotadas las posibilidades de ser reconocidos en el Estado se abordaría aquí el problema, la solución todavía no ha llegado. Es más, con los mismos criterios del Gobierno español para no incluirnos en la ley de Solidaridad y a pesar de la declaración institucional del Parlamento Vasco de considerarnos víctimas del terrorismo , el Gobierno Vasco no va ha contemplarnos como tales en la futura ley de reconocimiento y reparación que está elaborando. Otra incoherencia, otra actuación de lavado de imagen, otra agresión más.

El último gran fiasco y decepción es la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. En absoluto recoge las expectativas depositadas en ella tanto por nosotros como por multitud de colectivos y organizaciones que trabajan por lograr Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas del franquismo por igual y sin distinción alguna.

En lo referente a las víctimas de la última etapa de la dictadura franquista -que es el que nos afecta de manera particular- la ley es de una ambigüedad y arbitrariedad absoluta. Mediante un decreto, el Gobierno seleccionará, entre todos los fallecidos o incapacitados por la represión en el periodo que va desde el 1 de enero de 1968 al 6 de Octubre de 1977, quiénes, en qué forma y de qué manera deberán ser reconocidos. Se determinará qué víctimas lo fueron en defensa de la democracia y cuales no, se vuelve a fraccionar y a discriminar al conjunto de las víctimas. En este sentido, hay que tener en cuenta, además, que la ley marca un plazo de 6 meses para elaborar el decreto regulador y que en Marzo se celebran elecciones, por lo que no sabemos ni el color del gobierno resultante de las urnas, ni con qué espíritu asumirá lo recogido.

Según la legislación internacional en derechos humanos, los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados. Tal como está redactada la ley, da lugar a interpretar que los afectados en el citado periodo de referencia no son víctimas del franquismo y, por lo tanto, no son víctimas de delitos de Lesa Humanidad. Esto, y en base a lo citado anteriormente, impedirá juzgar a los responsables de dichos delitos, bien por haberse beneficiado de la ley de amnistía o por haber prescrito los hechos. Estos criterios ya han sido aplicados por los tribunales de Justicia del Estado español para no enjuiciar los sucesos que acontecieron el 3 de Marzo de 1976 en Gasteiz.

Con esta Ley de Memoria es imposible acceder a nuestros deseos de Verdad y Justicia y por eso la rechazamos, ni tan siquiera podemos aceptarla en el aspecto de la reparación. En lo referente a las indemnizaciones, deberían recibirlas no sólo los fallecidos y los que resultaron con lesiones invalidantes -como se recoge en su articulado-, sino también todos aquellos que sufrieron secuelas físicas o psíquicas, cárcel y persecución o fueron represaliados por motivos políticos con repercusión en el ámbito laboral o social durante todo el periodo que duró la dictadura franquista, aplicándoles a todos ellos el mismo reconocimiento, trato y consideración que se han establecido en otras leyes relativas a víctimas.

Continuaremos firmes en la lucha mantenida a lo largo de los años para lograr Verdad, Justicia y Reparación y seguiremos denunciando todas las situaciones que, como esta Ley, perpetúan un modelo de impunidad y suponen una agresión más a la memoria de la clase obrera.

Asociación de Víctimas del 3 de Marzo de Vitoria-Gasteiz