El Ministerio de Justicia y ocho Comunidades Autónomas, incluida la CAV, y ninguna de ellas gobernada por el PP, firmaron ayer el convenio para la elaboración del Mapa Integrado de Fosas de la Guerra Civil y la represión franquista previsto en la Ley de Memoria Histórica. Los representantes de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y el País Vasco -en cuya representación acudió el viceconsejero de Justicia, José Manuel Finez-, sellaron un acuerdo con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que permitirá atender la demanda de miles de ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares desaparecidos.
El mapa de fosas, que estará disponible en internet para su consulta, creará una base de datos uniforme, con información sobre la ubicación del enterramiento, sus características y las intervenciones que se han realizado a lo largo del tiempo. El registro aportará también los nombres y apellidos de las personas enterradas, si es que ya hubieran sido identificadas.
El titular español de Justicia aseguró que el mapa de fosas es una "cartografía de nuestra historia colectiva" que servirá de reflexión para que los españoles puedan "mirar limpiamente hacia el futuro". "Mapas como éste ayudarán a que la historia no se repita", su-brayó Caamaño, que se felicitó de la lealtad institucional y la cooperación demostrada por las CC.AA. firmantes del convenio.
El ministro de Justicia restó importancia a la ausencia de comunidades gobernadas por el PP, a las que animó a sumarse al acuerdo, y aseguró que hay gobiernos autonómicos dirigidos por los populares que también están trabajando en la elaboración del mapa de fosas.
La asociación Ahaztuak 1936-1977 calificó ayer como "más que insuficiente" el convenio, ya que "no contempla la inclusión de un Protocolo de exhumaciones acorde a lo que marca la legislación internacional de Derechos Humanos". Agregó que "un convenio sobre fosas comunes donde se hallan sepultadas desde hace más de setenta años decenas de miles de víctimas del genocidio franquista debería contemplar también el deber del estado de asumir el costo absoluto tanto de las exhumaciones posibles como de las pruebas de ADN".
La asociación concluyó que "vuelve a ponerse una vez más en evidencia el alcance tanto de la Ley de Memoria Histórica como del modelo de impunidad español, ya que en el marco de Euskal Herria nos encontraremos dentro de nuestro mismo territorio con un convenio que se aplicará en la CAV y se desconocerá en Navarra".
(Deia.com / 26 / 01 / 2010)
