En Nafarroa, el mapa de la represión económica, en un primer momento, encaja como un guante con el de la represión física, el de los ajusticiamientos y la humillación. Y no pocas de esas muertes esconden detrás motivos económicos como quedarse con las tierras de alguien, cuando no la pura envidia y la codicia. Fue pura rapiña, en caliente. Ocurrió en los mismos pueblos y alcanzó a las mismas familias de las víctimas, fundamentalmente en la Zona Media y Erribera.
Las tierras constituyeron el botín fundamental, ya que el 70% de la gente era campesina. Buena parte de ellas eran fincas en propiedad, aunque pocas familias conservan los documentos que dieran pie a una posibilidad de recuperarlas. A muchos de ellos también les quitaron su derecho sobre el comunal, el derecho a trabajar parte del campo colectivo que habían tenido durante toda su vida. Por otra parte, los republicanos que poseían un ultramarinos, una tienda o un estanco vieron cómo entraban y se lo llevaban todo, sin capacidad para reaccionar de ninguna manera. En ocasiones, tuvieron que soportar los robos repetidamente, porque los franquistas esperaban al siguiente pedido para regresar de nuevo.
«Sin los documentos de propiedad resulta complicado certificar qué es lo que perdieron. Sólo queda el peso de los testimonios. Pero hay papeles que sí se han conservado y el Estado tendría que hacer lo posible para que recuperen sus posesiones. La legislación internacional ampara a esta gente, porque es un delito que no prescribe. Además, no fue una privación puntual, sino que la privación del disfrute de esos bienes ha sido continuada en el tiempo. Hoy día siguen sin poder hacer uso de ellos», explica Egilaz.
El documentalista recuerda el ejemplo de Sudáfrica: «Al terminar el apartheid se creó una ley de devolución de tierras que revisaba los casos hasta 1913. Se nombró un tribunal y a mucha gente se le pudo devolver aquello que les quitaron. Aquí podría haberse hecho algo así, y se puede hacer todavía». En su opinión, al igual que se hizo una ley para partidos y sindicatos, puede legislarse la devolución de las propiedades a todos los particulares.
«La represión se centró en un primer momento en tierras, pero también en talleres y estancos, camiones», explica Egilaz. Los datos generales no están del todo claros porque nunca se ha hecho un estudio con la profundidad necesaria sobre esa «represión en caliente». Éste es el punto fuerte de la labor de Egilaz en «Nos quitaron todo», que es fruto de un trabajo de campo que da voz a numerosas víctimas de esta injusticia.
Entre ellas se encuentra el relato de Josefina Lamberto, la hermana de Maravillas. «A esta familia, además de matarle al padre y violar y asesinar a la hermana de 14 años, les quitaron cuanto tenían. Ella no recuerda si poseían o no esas tierras en propiedad. Sí se acuerda de la yegua y de que no quedó nada en la cocina». A consecuencia de ello, su madre acabó en Iruñea pidiendo limosna. Otra historia se ubica en Sartaguda, donde un rojo tenía un taller de carpintería; en cuanto llegaba el pedido, los franquistas entraban y se lo llevaban; al final, el taller se tuvo que cerrar. De esa familia, viven hoy Félix y Paz Moreno, que la recuerdan con viveza. A su padre, el carpintero, llegaron un día y se lo llevaron; nunca volvió. A su madre la raparon al cero para humillarla.
Juzgado de excepción, saqueo «legal»
Después de esta oleada represiva de la que tan poco se habla, se produjo una segunda tanda. Menos salvaje, pero más minuciosa. Nació amparada en la ley de 1939 de Responsabilidades Políticas, en febrero. Esta ley establecía una lista de delitos, como la pertenencia a determinados partidos o haberse marchado a una zona roja y no haber vuelto en dos meses, etc. Por allá pasaron quienes se enfrentaron al bando nacional y a quienes no se les consideró lo suficientemente patriotas. Para eso se contaba con los testimonios acusadores de guardias civiles, falangistas y curas. Estos crímenes se castigaban principalmente con multas. El objetivo era conseguir fondos para el nuevo Estado. De hecho, el tribunal especial se llamaba Juzgado de Incautación de Bienes de Pamplona. Obviamente, quienes habían perdido la guerra no tenían con qué pagar, así que el embargo era inmediato. En los documentos de ese tribunal aparecen las listas de qué se le incautó a cada familia.
El tribunal era implacable y, de hecho, no se esperaba a la sentencia para empezar con un «embargo preventivo» de las propiedades de rojos y nacionalistas. Este tribunal tuvo un recorrido temporal mayor del que cabría esperar y hubo casos que tardaron en fallarse décadas. «Hubo gente que hasta el año 1966 no pudo tener nada en papeles, porque automáticamente se lo iban a embargar», recuerda el director de «Nos quitaron todo». Actualmente, el historiador César Layana. que colabora en esta película, está elaborando un trabajo en profundidad sobre las sentencias de aquel tribunal que podría ver la luz en forma de libro en unos meses. Layana ya presentó sus primeras conclusiones sobre esa institución en un congreso celebrado en Barcelona.
Esta represión con amparo legal se escapa del mapa tradicional al que se vincula la represión a los republicanos, centrada principalmente en la mitad sur de Nafarroa. El campo de actuación del Juzgado Especial de Incautación de Bienes alcanzaría también a Iruñerria, la muga con Iparralde y Sakana para perseguir a las familias de los gudaris que lucharon en el Frente del Norte. Y también en Carcar, porque firmaron un manifiesto solidario en favor de Javier Monzón.
La documentación que ha dejado es abundante, con sentencias extensas y detalladas en las que se desgranan las posesiones incautadas y el lugar donde se encuentran. Seguir esta pista para conocer a manos de quiénes fueron a parar las tierras resulta un poco más complicado por diversos motivos, como las concentraciones parcelarias. Sin embargo el patrón común, según Egilaz, es que acabaron en manos de los oligarcas de cada pueblo, del rico de turno. Resulta mucho más complicado determinar dónde acabaron los bienes perecederos, el género y los animales, pero las víctimas lo recuerdan bien. «Algunos cuentan cómo los veladores de su casa acabaron en el ayuntamiento o que el piano fue a parar a manos de las monjitas», recuerda. Setenta años después, nada de esto se ha recuperado, porque ni Madrid ni el Gobierno navarro se han atrevido a devolverles lo que les quitaron, ya sea con violencia o con la ley de por medio.
El fin de la reivindicación agraria
El embargo de tierras a los campesinos en Erribera y la Zona Media asestó un golpe mortal a un movimiento comunero por la colectividad de la tierra que había nacido unas décadas antes y que llegó a su punto álgido durante los años de la II República. «La tesis que lanzamos en el documental es que el desencadenante de la represión en Nafarroa es que tuvo un origen propiamente económico, sin quitar por ello peso a la religión», matiza Egilaz. Los oligarcas aprovecharon la guerra para acabar de raíz con la conflictividad en torno a la tierra.
Siguiendo esta tesis, los ayuntamientos que se habían quedado sin recursos tras la derrota en las guerras carlistas, tuvieron que recurrir a los bienes colectivos para poder dar de comer a la población. Estos terrenos fueron adquiridos por los hombres fuertes de los pueblos, que eran los únicos con recursos suficientes para tiempos de penuria. Sin embargo, no se vendió la tierra, sino su derecho al disfrute de las hierbas, el agua o la madera. Con los años, los terratenientes comenzaron a roturar y labrar esos campos, lo que generó el malestar entre los vecinos, que les achacaban que se les había entregado su derecho «al vuelo» de los campos, pero no «al suelo». Una vez echó a andar la Segunda República, este conflicto soterrado resurgió. Con su caída, todo esto murió.
