Las propuestas de enjuiciar los crímenes del franquismo han creado un gran revuelo. Entre estas voces está la de Javier Pradera, quien, con un estilo agresivo, característico de sus escritos, insulta a aquellos que están intentando cambiar la Ley de Amnistía, los cuales quieren evitar que ésta proteja a aquellos que cometieron violaciones de los derechos humanos, pertenecientes a la categoría internacionalmente conocida como “crímenes contra la humanidad”. Javier Pradera les llama de todo: “hipócritas”, “moralmente viles”, “ignorantes”, “fraudulentos”, “estúpidos”, y así una larga retahíla de ofensas, realizadas con gran exuberancia en su utilización de epítetos, todo ello con el objetivo de ridiculizar a los oponentes de su tesis. Ésta es la consabida y constantemente promocionada versión de la transición, que asume que la Ley de Amnistía fue un pacto entre vencedores y vencidos basado en una reconciliación y en un consenso que permitió a los españoles construir la democracia y aprobar la Constitución.
Javier Pradera es hijo de vencedores y yo soy hijo de vencidos. Y tengo una visión muy distinta de la que tiene Javier Pradera de lo que fue la Transición, de lo que fue la mal llamada reconciliación, y de como se aprobó la Amnistía. Su visión de este periodo de nuestra historia –que reproduce la sabiduría convencional del país- ha servido más a los sucesores de los vencedores que a los sucesores de los vencidos. Y la mejor prueba de ello es que, treinta y dos años después de haber producido aquella Transición, los familiares de 112.000 personas asesinadas por los fascistas están todavía encontrando enormes dificultades para poder localizar y enterrar a sus muertos. Y cuando un juez intenta ayudarles, el Tribunal Supremo lo enjuicia por atreverse a hacerlo, indicando que la Ley de Amnistía no le permite hacerlo. De esta manera, la Ley de Amnistía está siendo utilizada como freno para evitar que se juzguen aquellos crímenes que pueden catalogarse, como bien han dicho eminentes juristas nacionales e internacionales, como “crímenes contra la humanidad”. Tal tipología de crimen está reconocida y recogida en la legislación internacional. Javier Pradera niega, sin embargo, que tal categoría de la Ley Internacional (y la argumentación que la sustenta) invalide la Ley de Amnistía, aunque nunca dice por qué, redirigiendo al lector a un libro que supuestamente avala tal negación. Pero, siendo un elemento clave para sostener su tesis, sorprende la ausencia de evidencia en la defensa de su argumento.
Parece, pues, dar por sentado, como Santos Julià, Fernando Savater y muchos otros que han escrito estos días en las páginas de El País, que la Amnistía estaba basada en un consenso, resultado de una generosidad, tanto de los vencedores como de los vencidos, sobre la cual ocurrió la reconciliación. Pero las víctimas no fueron ni siquiera consultadas en aquel supuesto consenso. Los dirigentes de los partidos que pactaron aquella transición asumieron una representatividad que sólo las propias víctimas tenían. Asumir que hubo reconciliación entre los herederos de los asesinos y los herederos de los asesinados es una enorme tergiversación que no puede sostenerse a base de citar a dirigentes de izquierda que hablaron de reconciliación. El hecho de que el conflicto entre los unos y los otros pasara de ser un conflicto armado a un conflicto civil, no quiere decir que las víctimas se hubieran reconciliado con sus verdugos, situación de difícil realización, pues los últimos nunca han pedido perdón a los primeros, y ni siquiera les han reconocido, obstaculizando –por todos los medios- (tal como muestra el caso Garzón) que se les encuentre y se les homenajee (es fácil de ver que sin el mandato del estado –tal como intentó el juez Garzón- las víctimas no serán enterradas). ¿Quién puede decir que la familia que está buscando el paradero de sus padres y abuelos se ha reconciliado con el Juez Alfredo Prego, miembro del Tribunal Supremo, defensor del golpe fascista, que se opuso al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados por aquéllos que tal Juez defiende, y que ahora se opone a que el Estado les ayude a encontrarlos, consecuencia de las intervenciones del juez Garzón? El fin de la Guerra y de la Dictadura que se estableció no puede interpretarse como reconciliación, pues no se han dado las bases para que ésta ocurra. Como tampoco se puede asumir que el silencio existente sobre los crímenes del fascismo, que ha existido durante estos años, fuera resultado de la mal llamada reconciliación. Fue resultado del enorme poder de los sucesores de los vencedores, a través del control de los mayores aparatos de represión del estado –el Ejército, la Policía Nacional y la Judicatura- y de los medios de información y persuasión. Asumir este silencio como consenso es creer en una voluntad inexistente. No fue un silencio consensuado, sino impuesto (no fue hasta hace muy poco que la televisión –el instrumento más importante de difusión y persuasión en España- mostró en documentales como “Els nens perduts del franquisme” los horrores del fascismo), con la colaboración de muchos hijos de vencedores que no deseaban que se analizara el pasado de sus padres.
En cuanto a la Ley de Amnistía, ésta fue consecuencia, en parte, de las presiones de las protestas populares, pidiendo “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”. Esta llamada a la Amnistía no era una llamada al perdón de los asesinos, sino al deseo y exigencia de que se sacara de las cárceles a los que estaban en ellas por su oposición a la dictadura. Alianza Popular, el tronco del cual deriva el PP, no apoyó ni la petición de amnistía ni la Ley. Para hacerla más aceptable a las derechas se incluyó protección a los violadores de derechos humanos dentro del bando vencedor de la Guerra, y responsables del terrorismo de estado. En realidad, cuando las derechas hablan de víctimas del terrorismo, se olvidan de que el mayor número de estos crímenes los cometieron miembros de aquel estado dictatorial basado en el terror, que ellos nunca han denunciado por su nombre. La Ley de Amnistía excusó de la amnistía aquellos delitos de sangre realizados por ETA y otros grupos, amnistiando, sin embargo, los asesinatos terroristas llevados a cabo por el estado. Fue en la práctica una ley de punto final, aunque la ambigüedad de su narrativa deja abierta una brecha que sectores de izquierdas quieren cerrar, permitiendo el enjuiciamiento de aquellos asesinatos.
En la transición no hubo rotura sino cambios, algunos de ellos muy importantes y significativos como, por ejemplo, la aceptación del principio de que la soberanía popular es la base del estado español. Ahora bien, tampoco hubo rotura. Decir esto no es decir, como maliciosamente se atribuye a los que cuestionamos la imagen idealizada de la Transición (refiriéndose a ella como inmodélica), que no cambiara nada o muy poco. Esto es absurdo. Decir que la Transición fue inmodélica quiere decir que hay todavía muchísimo por hacer para alcanzar los niveles de bienestar social y democracia que existen en la mayoría de países de la Unión Europea. Y la mejor prueba de ello es que el partido fascista ha llevado al juez Garzón ante la Corte Suprema por tratar de enjuiciar a la dictadura (permitiendo con ello que sea el Estado el que ayude a las familias a encontrar a sus desaparecidos), siendo probable que ahora tal Tribunal le penalice, y que el que escriba su auto sea el Juez Prego. Y todo ello como una maniobra por parte de las derechas de imposibilitar la labor del Juez Garzón, evitando que encuentre las entrañas corruptas de aquel partido, y una vez más –y como ocurrió durante la dictadura- utilice el fascismo para que le haga el trabajo sucio. Todavía queda muchísimo por hacer.
(El Plural. 17 / 05 / 2010)
