¡¡MIL ENTRADAS!!

Como veis llegamos aqui a las MIL entradas. En estos dias cercanos al 27 de Septiembre y a un nuevo aniversario de los ultimos fusilamientos del régimen franquista nuestro "blog" cumple este número simbólico pero muy real: MIL entradas, MIL noticias, MIL cuestiones relacionadas con la "memoria histórica" y con la lucha por la VERDAD, LA REPARACION Y LA JUSTICIA en su sentido mas amplio y profundo para TODAS las victimas del régimen franquista.

Un trabajo que ofrecemos como un ramo de MIL flores a todas esas victimas, a tod@s l@s luchador@s contra ese régimen criminal y por la Libertad, la Justicia Social y la verdadera Democracia... y a su memoria y su ejemplo.

Salud y Libertad!!

LAKUA OFRECE A GARZÓN LOS NOMBRES DE 8.650 REPRESALIADOS VASCOS DE LA GUERRA

La investigación que el juez Baltasar Garzón ha abierto para arrojar luz sobre los represaliados en la Guerra Civil y los primeros años del franquismo han tenido un amplio eco en todo el Estado, y Euskadi no ha sido menos. El Gobierno vasco, a través de su consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, brindó ayer al magistrado un listado con los nombres de 8.650 personas muertas en el País Vasco entre 1936 y 1942, fruto del trabajo de dos años de la Dirección de Derechos Humanos del Ejecutivo y de la Sociedad Aranzadi, que ha excavado nueve fosas en Bizkaia y Gipuzkoa, y tiene localizadas bastantes más, 14 de ellas en Araba.

Eso sí, en aras de proteger la identidad de los fallecidos y de sus familias, debe ser la Audiencia Nacional la que solicite formalmente al Gobierno vasco esos nombres, y por ello se hizo ayer el llamamiento a Garzón. "Tenemos la información preparada para ser enviada en cuanto se nos requiera formalmente para ello", para lo que es necesario que el juez "libre un oficio".

Desde que en 2003 el Ejecutivo y Aranzadi firmaran un convenio para identificar a los represaliados, se ha acudido a archivos, a la memoria de los más mayores y a los picos y las palas para llegar a la siguiente conclusión: desde el inicio de la Guerra Civil hasta el año 1942 murieron en Euskadi 8.650 personas, 2.352 de ellas fusiladas en tapias de cementerios, bosques o campos de tiro, y sencillamente desaparecidas oficialmente, y otros 6.298 que cayeron en el frente o por acción de guerra.

El listado que Azkarraga quiere enviar a Garzón recopila los nombres de esos desaparecidos, de quienes ocupan las fosas comunes y también de quienes se tiene constancia de que fueron muertos y enterrados de forma normal, pero sin duda las inhumaciones anónimas conforman la herida que más supura setenta años después de la contienda.

En todo caso, cada uno de los 8.650 nombres que se quiere remitir a la Audiencia Nacional viene acompañado de su vecindad y del lugar, modo y fecha de su muerte. Según explicó el consejero "el trabajo de Aranzadi está concluido en lo esencial", pues las fosas que se han abierto lo han sido por reclamación de familiares, y de otra forma no se puede echar mano de las excavadoras. Eso sí, hay datos parciales, "líneas abiertas" que en cualquier momento se pueden desempolvar, según explicó el director de Derechos Humanos del Gobierno vasco.

En estos años de trabajo, la Dirección de Derechos Humanos y la Sociedad Aranzadi han recibido 530 solicitudes de información, de las que han atendido 490, y el Departamento de Justicia ha enviado cientos de cartas a los allegados de los fallecidos localizados a raíz de esta investigación. Además, se cuenta con alrededor de 60 testimonios sobre localización de fosas o alguna otra información que puede ayudar a descubrir el destino de los desaparecidos en la contienda y en la posterior represión. Lakua también remitirá el trabajo de recopilación de datos que realizó una organización sindical ya en 1939.

Para Azkarraga, la iniciativa de Garzón debe propiciar que "sea objeto de revisión" lo que "con la Ley de Memoria no se quiso abordar". Según el consejero, el texto legal "ha pretendido que las cuestiones de la memoria sean asuntos privados y no responsabilidad del Estado. El primer movimiento del juez Garzón va contra esa línea política inadmisible y contraria al Derecho Internacional humanitario y contra esas leyes que tan pomposamente se firman".

Delito ayer y hoy

Desde Justicia se argumenta que con el Código Penal de 1932 en la mano, los actos que se cometieron hasta 1942 fueron un delito "y lo siguen siendo, y por eso deberían ser perseguidos". Así, Azkarraga apostó por "llegar incluso a la identificación de los autores, aún cuando estén fallecidos". En ese sentido, el consejero recordó que muchos de los ajusticiados lo fueron por "venganzas personales y codicia". El trabajo conjunto de la Dirección de Derechos Humanos y de Aranzadi entre 2003 y 2005 contó con una financiación de 526.00 euros, más una provisión anual posterior de 24.0000 euros para responder a nuevos datos y peticiones.

(Deia. 25 / 09 / 08)

EN MEMORIA. Juan Ramon Garai (Arrasate)

Rafael Ceciaga era de esas personas «imprescindibles». Exiliado en 1949, con 14 años viajó de Arrasate a Argentina, detrás de su padre, Ricardo, el que fuera chófer y amigo de Tatxo Amilibia. Con éste último crecería y se educaría Rafael, tras morir su padre.

Cuando le conocí intuí que la educación que había recibido de Tatxo había hecho efecto. Al leer nuestro libro «Arrasate 1936, una generación cortada», me decía: «La generación de nuestros padres no ha quedado cortada, la prueba está en que yo doy continuidad a sus ideas, y mis hijas también. A mi nieto León le dejo los mensajes en botella que construyo, para que un día conozca el modo de pensar de su abuelo».

Con él me parecía escuchar a esa generación de personas de Euskal Herria que lo dieron todo, hasta la vida, por que la libertad, la igualdad y la justicia social fueran los pilares de la nueva sociedad a construir. Con su lucha, en el año 1931 tiraron la monarquía al basurero de la historia, de donde no tenía que haber sido recuperada; pelearon por la república social en octubre de 1934; defendieron con las armas la legalidad republicana contra los sublevados al servicio de los terratenientes, burgueses y jerarquía eclesiástica; perdieron la guerra y continuaron peleando.

Ricardo Ceciaga y Tatxo Amilibia, al igual que Celestino Uriarte y otros muchos, abandonaron el Partido Socialista en plena guerra. Uno de los motivos fue que ellos eran y se sentían vascos y no aceptaban que tras la constitución del partido socialista unificado, en el año 1937, se llamase español. Se integraron en el Partido Comunista de Euzkadi.

Rafael amaba Argentina, donde había crecido; pero, como siempre les decía a sus hijas, en Buenos Aires: «ni ez naz hemengoa, ni Arrasatekoa naz».

Él era de Arrasate, de Euskal Herria, de Argentina, él era internacionalista, como su padre Ricardo, como lo es la lucha por conseguir un mundo diferente. Su denuncia contra la injusticia, su eterna rebeldía, quedarán para siempre plasmadas en sus mensajes, reducidos en el interior de magníficas botellas.

Como bien recoge Gose en su canción «Amets Gorria», Rafael no puso rejas en su memoria, no se abrazó a la orilla del capitalismo, no quiso un rey con el mismo collar, no comió de la mano del enemigo, y es que hasta el final sus sueños siempre fueron rojos.

Un abrazo solidario, para Mercedes, Alejandra, Ramiro y León.

("Noticias de Gipuzkoa" y "Gara". 25 / 09 / 08)

AHAZTUAK LLAMA A REUNIRSE EN DONOSTIA AL PROYECTARSE "HAIZEA ETA SUSTRAIAK"

El festival de Zinemaldia proyectará hoy el documental «Haizea eta Sustraiak- El viento y las raíces», que ofrece un repaso sobre el momento histórico, la coyuntura sociopolítica y las figuras de los últimos fusilamientos del régimen franquista, el 27 de setiembre de 1975. Se trata de Juan Paredes «Txiki» y Angel Otaegi y otros tres miembros antifascistas, Jose Humberto Baena, Ramón García y José Luis Bravo. Con el objeto de «reconocer a estos cinco luchadores antifranquistas y para todas las víctimas del régimen», Ahaztuak 1936-1977 a convocado una concentración enfrente del festival, al final del Puente de la Zurriola, en la calle José Leizaola. Asimismo, esta movilización quiere servir de «reclamo público de la anulación de todas las condenas dictadas por el régimen franquista».

Tras la proyección del film, del director Iñaki Agirre, tendrá lugar un coloquio en el que participarán miembros de la asociación «Haizea eta Sustraiak», familiares de algunos de los cinco fusilados aquel día, y la abogada Doris Benegas, que desde hace años trabaja por la anulación de la condena de Humberto Baena, fusilado en dicha fecha. También participarán el director del documental, miembros de Ahaztuak y el diputado catalán de ERC Joan Tardá.

Aniversario el día 27

En la concentración que tendrá lugar hoy ante Zinemaldia tras el coloquio sobre la película «Haizea eta Sustraiak», desde Ahaztuak 1936-1977 nformarán sobre los actos que se han organizado para el día del aniversario, este sábado, 27 de setiembre.

(Gara. 24 / 09 / 08)

"HAIZEA ETA SUSTRAIAK" EMANGO DUTE GAUR

Iñaki Agirreren "Haizea eta sustraiak / El viento y las raíces" filma emango dute gaur, 22:00etan, Principen. Francoren agindupean 1975eko irailaren 27an egin ziren fusilatzeen garai historikoa gogoratzen du lanak, eta emanaldian fusilatuetako batzuen ahaideak izango dira, Doris Benegas abokatuarekin eta Ahaztuak 1936-1977 elkarteko hainbat kiderekin batera. Elkarte horrek antolatuta, kontzentrazio bat egingo da Zurriolako zubian.

(Berria. 08 / 09 / 24)

FRANCISCO ESPINOSA, HISTORIADOR: "EL JUEZ DEBE DIRIGIRSE A LOS AGENTES ACTIVOS DE LA REPRESIÓN"

El historiador Francisco Espinosa, autor de numerosas obras sobre la Guerra Civil y uno de los primeros investigadores de la represión franquista, ha mostrado su deseo de que Baltasar Garzón reclame información sobre las víctimas y desaparecidos a la Policía, la Guardia Civil y los militares, una idea que ya ha sido propuesta y explicada al propio juez a raíz de su iniciativa de investigar la represión franquista.

"El día que ocurra eso, dejaremos ya de estar dando palos al aire y supongo que tendremos toda la información que hemos buscado a lo largo de tanto tiempo", afirma el historiador. "Aparte de que pueda pedirle información a quien quiera -explica Espinosa en referencia al requerimiento de Garzón a los ministerios, varios ayuntamientos y la Conferencia Episcopal- realmente donde debería pedirla es precisamente a quienes fueron los agentes activos de la represión: los que la organizaron y los que en todo momento supieron lo que estaban haciendo, a quién detenían, a quién mataban y a quién fichaban".

El historiador, autor de "Sevilla, 1936. Sublevación fascista y represión" (junto con A. Braojos y L. Álvarez, 1990), "La guerra civil en Huelva" (1996) -reeditada en cuatro ocasiones-, o el ensayo "Julio del 36. Golpe militar y plan de exterminio", sostiene que "el problema" al que se enfrentan los investigadores es no disponer de "toda" la información que existe en los diferentes "ámbitos administrativos" en España sobre la represión franquista. "Lo que contamos es lo que hemos ido sabiendo con los años, pero todavía no hemos dado con la fuente fundamental", insiste.

"Vamos sacando un poco de aquí, otro poco de allí, a base de mucho tiempo y de muchísimas investigaciones a lo largo de muchísimos años, pero todavía no hemos dado con lo que en otros países se ha llamado los archivos del terror, que no son otra cosa que, simplemente, los ficheros que tenían los militares, los que tenía también la Guardia Civil de cada pueblo y los que tenía la Policía, que es sobre la que recae la tarea que en el 36 hicieron las Delegaciones Provinciales de Orden Público. De esas comisarías, toda esa documentación, después de la guerra, pasa a las jefaturas de Policía, a las jefaturas provinciales", explica."En los ficheros está todo"

Según Espinosa, esa documentación existió y se utilizó a lo largo de la dictadura: "Son los ficheros básicos donde está todo: qué fue de cada uno, si este murió, dónde murió, incluso el día, el sitio... etc. Lo sabemos porque esos documentos aparecen por otros sitios. O sea, que sabemos que la Policía emitía informes muy exhaustivos sobre la gente, igual que los militares e igual que la Guardia Civil, lo que quiere decir que esos archivos los tuvieron".

El principal muro contra el que se vienen dando de bruces los investigadores en este sentido radica, precisamente, según Espinosa, en que "si uno va al archivo de la Policía, al archivo de la Guardia Civil o a los archivos militares, esos archivos no los puedes ver porque ellos mismos dicen que no los tienen, que no saben o vete a saber...".

Espinosa está plenamente convencido de que las investigaciones sobre los desaparecidos tras el golpe militar y la posguerra darán un paso de gigante cuando "militares, guardias civiles y policías se decidan a explicar dónde tienen esos archivos y, si es que los han destruido, por qué lo hicieron, cuándo lo hicieron y quiénes son los responsables de esa destrucción ilegal". "Si los tienen, que los pongan al servicio de la iniciativa del juez Garzón y de la investigación", sentencia.

Un caso paradigmático

A medida que se han ido ampliando las investigaciones en los últimos meses, el número de víctimas de la represión ha ido en aumento, una realidad extrapolable a otras provincias españolas. El caso de la provincia de Huelva es paradigmático.

En la cuarta edición de "La Guerra Civil en Huelva" (publicada hace dos años), la cifra de represaliados en la provincia onubense ascendía a 4.500 personas. La última actualización del estudio de Francisco Espinosa, que realizó junto a José María García Márquez y cuya publicación es inminente, eleva significativamente el número de asesinados en 6.019. Y no descarta, a falta de dar con los documentos, que supere los 7.000.

(Público. 22 / 09 / 08)

MAÑANA EN EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN PROYECCION DEL FILM "EL VIENTO Y LAS RAICES" SOBRE LOS FUSILAMIENTOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1975

Mañana dia 24 de Septiembre a las 22:00 se proyectará dentro del Zinemaldia -Festival de Cine- de Donostia la pelicula "Haizea eta sustraiak / El viento y las raices" del director vasco Iñaki Agirre. En el film se hace un repaso sobre el momento histórico, la coyuntura sociopolítica y las figuras de los ultimos fusilamientos realizados por el agónico régimen franquista el 27 de Septiembre de 1975.

Tras la proyección habrá un posterior coloquio en el que tomarán parte miembros de la asociación "Haizea eta Sustraiak", familiares de algunos de los cinco fusilados aquel dia y la abogada Doris Benegas que desde hace años trabaja por la anulación de la condena de Humberto Baena, uno de los militantes antifascistas asesinados. Tambien tomarán parte miembros de Ahaztuak 1936-1977, el diputado de ERC Joan Tardá y el propio director del film Iñaki Agirre.

Desde nuestra asociación agradecemos la invitación que expresamente nos han cursado tanto los realizadores de esta pelicula como los responsables de su proyección y la asociación "Haizea eta sustraiak" a la que pertenecen y gustosamente estaremos presentes en dicho debate desde la perspectiva de convertir tanto la proyección de esta pelicula como el coloquio posterior en un acto de memoria para los cinco fusilados y para su lucha y de exigencia de verdad y de justicia para ellos y para todas las victimas del régimen franquista, justicia que para ser no puede sino contemplar la anulación de las condenas dictadas contra ellos por el estado fascista.

ANTE LA ENTREGA DE LAS LISTAS DE DESAPARECIDOS AL JUEZ GARZÓN. Comunicado de Ahaztuak 1936-1977

En el dia de ayer el titular del Juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibió de manos de diferentes asociaciones y familiares de personas desaparecidas durante la larga noche franquista un listado conteniendo alrededor de 130.000 nombres pertenecientes a dichas personas desaparecidas a lo largo de toda la geografia del estado español, de ellos alrededor de 6.000 pertenecientes a la CAV y Navarra.

Al hilo de esta entrega –al igual que anteriormente ocurrió con la decisión adoptada por el juez Garzón de abrir una investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo- diferentes informaciones han recorrido el cuerpo mediático global planteándonos la necesidad ante algunas de ellas de puntualizar varias cuestiones en el mismo sentido de cautela con el que ya en su momento acogimos la investigación puesta en marcha por el juez. En aquel momento valoramos como positivo el paso dado por Garzón por varias cuestiones, de las que quizas las mas importantes eran que deja nuevamente en evidencia el modelo español de impunidad para los crímenes del franquismo, modelo asumido e impulsado desde su nacimiento hasta al actualidad por la actual democracia española, y en segundo lugar porque supone un elemento aprovechable para situar con intensidad ese modelo de impunidad –la negación de cualquier atisbo de verdad, justicia y reparación que entraña para las victimas del franquismo- en el debate social e intentar desarrollar asi una pedagogía reflexiva y comunicativa lo mas amplia posible sobre el mismo y los nocivos efectos de su pervivencia para la construcción de un sistema socio-politico realmente democrático en el conjunto del estado español.

Veiamos tambien no obstante elementos que llamaban a la cautela, lo que no creemos sorprenda a nadie habida cuenta precisamente de esos más de treinta años de vigencia de ese modelo de impunidad impulsado y asumido por todos los poderes del estado –politico. judicial, mediático, militar, eclesiástico…- desde el año 1977, y deciamos que sinceramente esperabamos que esta iniciativa no se convirtiese en una simple cuestión de amplia repercusión mediática o aparente calculada desde esos poderes que hasta ahora han impulsado el modelo español de impunidad que tantas veces hemos denunciado con otras intenciones que no sean las de ofrecer, de una vez por todas, verdad, justicia y reparación a las victimas del golpe de estado, de la represión y del régimen franquista.

Al dia de hoy no podemos sino seguir reafirmandonos en todas esas apreciaciones y tambien en nuestra disposición a colaborar con la iniciativa del juez Garzón con todas las informaciones de las que dispongamos sobre personas desaparecidas en el ámbito terriorial en el que desarrollamos nuestro trabajo, esto es, la CAV y Navarra. Queremos subrayar esta disposición aunque subrayando tambien que esta no es “ponernos a las órdenes” de ninguna otra asociación o persona, ni que tengamos que trabajar exclusivamente en función de un diseño politico-juridico-mediatico en el que no hemos participado, ni que tengamos que cumplir plazos de tiempo que desconocemos en función de que se determinan asi… Este razonamiento viene a desmentir y puntualizar informaciones como la reflejada en la edición de ayer en “El Pais” por boca de Teófilo Goldaracena, supuesto responsable –según “el Pais”- de la investigación sobre “desaparecidos” en Navarra y persona que se presenta a si misma como cercana a la ARMH, en la que dice que ninguna asociación de Navarra o Euskadi se ha personado en esta causa porque “no nos gusta Garzón” y porque “muy poca gente quiere colaborar en algo que va a acabar en manos de Garzón”.

No podemos hablar en nombre de otras asociaciones pero nosotros desde Ahaztuak 1936-1977 solo podemos decir que hemos valorado positivamente el paso dado por Baltasar Garzón por lo que siendo coherentes no podemos sino intentar colaborar con él en la medida de nuestras posibilidades, y que el gusto o disgusto respecto a él por cualquier otra cuestión pues es precisamente eso, otra cuestión, aunque no deje de ser un detalle a analizar el hecho de que desde “El Pais” –periódico oficioso del partido en el Gobierno que de todos es sabido no regala una linea sin motivo- se refleje este tipo de aseveraciones falsas. Esperemos que no tenga que ver con alguna maniobra relacionada con el hecho de que las asociaciones que realmente existimos y trabajamos en este sentido en la CAV y Navarra no somos dóciles ante una determinada concepción de “memoria histórica” acorde con los parámetros políticamente correctos y continuistas con el modelo español de impunidad que algunos ya defendieron tanto activa como pasivamente, tanto abiertamente como a escondidas, en torno a la Ley de Memoria Histórica… y que ante la imposibilidad de anular el movimiento en pro de una memoria historica democratica y antifascista, en pro de la verdad, la justicia y la reparación para las victimas del franquismo en toda su profundidad preparan ahora una nueva envolvente, un nuevo ataque.

Si la iniciativa del juez Garzón busca llenar el vacío existente hasta hoy dia en el Estado español en lo que respecta a cauces y medidas reales para la consecución de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo contará con nuestra colaboración y ayuda, al igual que las personas e iniciativas que la respalden. Si por el contrario busca un nuevo fraude a las victimas del franquismo nos tendrán, evidentemente, en frente.

AHAZTUAK 1936-1977

36KO GERRAN DESAGERTU ZIREN 5.800 EUSKAL HERRITARREN BERRI EMAN DIOTE GARZONI

1936ko gerraren eta haren osteko frankismoaren errepresioaren ondorioz hil ziren 5.800 euskal herritarrei buruzko datuak eman dizkiote Espainiako Auzitegi Nazionaleko Baltasar Garzon epaileari. Frankismoaren ondorioz «indarrez desagertu» zituzten lagunei buruzko ikerketa abiatu zuen irailaren 1ean epaileak. Espainiako Gobernuari, Elizari eta Granadako, Sevillako, Kordobako eta Madrilgo (Espainia) udalei eskatu zien informazioa, besteak beste, Garzonek. Horrekin batera, epaileak 15 egun eman zizkien, auzitara jo zuten elkarte eta norbanakoei, haien eskuetan ziren datuak epailearen bulegora eramateko. Guztira, Galizian, Herrialde Katalanetan, Espainian eta Euskal Herrian indarrez desagertutako 143.353 pertsonari buruzko datuak bildu dituzte biktimen familien 11 elkarteek, norbanakoek eta CGT sindikatuak.

Iñaki Egaña historialaria ez da fio aurkeztu diren txostenekin. Nafarroan 3.920 laguni buruzko datuak eman dizkiote Garzon epaileari, baina datu hori «puztua dago», Egañaren esanetan: «Nafarroan, azkenaldian agertu diren gorpuekin, fusilatuak ez ziren 3.100 baino gehiago izan». Zalantzan jarri du, beraz, Nafarroan hainbeste desagertu izan zirenik. Bestetik, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, guztira, desagertutako 1.900 lagunen berri eman diote Garzon epaileari. Egañaren ikerketen arabera, fusilatuak bakarrik zenbatuta, 2.500 lagun hil ziren hiru herrialde horietan.

Epaileak zabaldu duen ikerketan zeintzuk diren biktima eta zeintzuk ez, ez dago argi. Egañak azaldu duenez, instituzio batek, ofizialki, pertsona bat hilda dagoela familiari jakinarazten ez dion bitartean hildako hori desagertua da. Egañak irizpide horrekin osatu ditu orain arte zerrendak. Horrek esan nahiko luke gerran hil ziren asko ere indarrez desagertuak direla. «Frentean hil zirenen izenak, han-hemenka agertzen badira ere, gehienetan ez zaie senideei agiri ofizialik bidali». Ez dago argi Garzon epailearen ikerketan hildako horiek lekurik izango duten.

Aranzadi elkarteko Francisco Etxeberria auzitegiko medikuak ere zalantzak ditu. «Guk ere ez dakigu aurkeztu diren datu horietan nortzuk dauden. Kontua da elkarteak zerrenda bila hasi direla eta denetik aurkeztu dutela, herri bateko zerrenda bat, herrialde batekoa...». Etxeberriaren ustez, litekeena da zerrendak osatu gabe egotea edo jendea errepikatzea.

Polemika, datuen iturriekin

Garzonen eskuetan dauden euskal herritarrei buruzko datu gehienak Nafarroako Fusilatuen Senideen Elkarteko Teofilo Goldarazenak bidali ditu. Hala ere, ikerketa gehienak lehendik eginak zeuden. 1936ko gerrari eta haren inguruko errepresioari buruz egin diren bi ikerlanetan oinarritu da, nagusiki, zerrenda hori: Iñaki Egañak zuzendu zuen 1936, Gerra zibila Euskal Herrian (Aralar liburuak, 1998), eta Altaffaylla kultur taldeak burutu zuen "De la esperanza al terror" (Altaffaylla, 1986). Goldarazenak hainbat elkarteri eta pertsonari eskatu dizkie datuak, baina kexu agertu da: Euskal Herrian datuak lortzeko «arazo asko» izan ditu. «Oso jende gutxik lagundu nahi zuen Garzonen eskuetan bukatuko zuen zerbaitetan», adierazi du.

Goldarazenak prentsari eginiko adierazpenak gezurtatu ditu Ahaztuak 1936-1977 elkarteak. Garzon epailearen jarduerak «egia, justizia eta frankismoaren biktimen ordainerako» balio badu, elkartearen laguntza izango duela jakinarazi du Ahaztuak-ek. «Baina, frankismoaren biktimei iruzur berria egitea bilatzen badu, aurrean edukiko gaitu, noski», argitu dute. «Espainiaren zigorgabetasun ereduari jarraipena eman nahi dion memoria historikoa ulertzeko modu bat» gaitzetsi dute Ahaztuak-eko kideek. Laguntzeko prest egoteak ez duela «beste elkarte edo pertsonen aginduetara jartzea» esan nahi adierazi dute.

Altaffayllako kide Mari Jose Ruizek ere harriturik hartu ditu Goldarazenaren adierazpenak. Altafayllak osatutako zerrenda erabil ote zezakeen galdegin zien Goldarazenak, eta ea euskarri informatikoa bidal ote ziezaioketen. «Arazo batzuk izan ditugu pdf formatura pasatzeko, baina ostiralean bukatu genuen lana, eta bukatu bezala bidali genion». Ruizek argi utzi du ez diotela inori daturik ukatu: «86an atera genuen liburua, hor egon da». Goldarazenak informazioa nola eskuratu duen ez aipatzea gaizki iruditu zaio: «Orain ematen du dena berak egin duela, hor ibili dela, batera eta bestera...».

Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzak ere landu du txostena, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrez desagertu zituzten pertsonei buruzko datuekin. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburu Joseba Azkarragak eta Giza Eskubideen zuzendari Jon Mirena Landak atzo aurkeztu behar zituzten datuak prentsaren aurrean, baina bertan behera utzi zuten ekitaldia. «Informazioa prest dago Baltasar Garzon magistratuari bidaltzeko», jakinarazi du, dena den, Eusko Jaurlaritzak igorritako oharrak.

Garzon epaileak informaziorik eskatu ez zien arren Galiziako Xuntak eta Kataluniako Generalitateak iragan astean igarri zuten epaileari haien esku zegoen informazioa igorriko ziotela.

"Nafarroan, azkenaldian agertu diren gorpuekin, fusilatuak ez ziren 3.100 baino gehiago izan»
Iñaki Egaña. Historialaria

«Kontua da elkarteak zerrenda bila hasi direla eta denetik aurkeztu dutela»
Francisco Etxeberria. Auzitegi medikua, Aranzadiko kidea

Datua: 5.500

Euskal herritar fusilatuak. 1936tik 1950 inguru arte, 5.500 lagun fusilatu zituzten Euskal Herrian, Iñaki Egañak zuzendu izan dituen ikerketen arabera. Gipuzkoan 1.100, Bizkaian 1.000 inguru eta Araban 350 lagun fusilatu zituzten altxatuek. Hala ere, Nafarroan egon zen fusilatu gehien, erdiak baino gehiago. Altaffaylla Kultur Taldeak 1986an argitara eman zituen datuen arabera, 2.800 lagun inguru fusilatu zituzten altxatuek Nafarroan. Gero egindako ikerketetan zehaztu da kopuru hori 3.000 eta 3.100 artekoa izan zela.

(Berria. 08 / 09 / 23)

ASOCIACIONES ANTIFRANQUISTAS CIFRAN EN 5.820 LOS VASCOS MUERTOS EN 1936

Las asociaciones antifranquistas remitieron ayer un informe a la Audiencia Nacional española en el que constatan e informan de la muerte de cerca de 5.820 vascos en 1936 en fusilamientos y desapariciones forzosas.

El listado enviado no es definitivo ni exhaustivo, ya que no consta ningún dato oficial al respecto y los nombres han sido recogidos gracias al esfuerzo y trabajo de organismos populares como "Altaffaylla Kultur Elkartea" -en Nafarroa- o la sociedad de ciencias "Aranzadi" en otros herrialdes. La labor de historiadores como José María Jimeno Jurío o Iñaki Egaña también ha sido fundamental para recabar los informes.

El profesor de medicina forense, Francisco Etxeberria, ha sido una de las personas que ha participado en la elaboración del listado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para "Aranzadi" y explica a GARA que «los datos se corrigen según progresa la investigación, ya que están sujetos a correcciones y cambios». En este sentido, Etxeberria señala que han contabilizado entorno a 2.000 desapariciones forzosas en la CAV y afirma que la cifra de víctimas ascendería a unos 8.000 si se tienen en cuenta también los muertos en combate. La cifra de desaparecidos en Nafarroa asciende a 3.480 nombres, aportados ahora por la "Asociación de Familiares de Fusilados" tras las investigaciones realizadas por "Altaffaylla Kultur Elkartea". El dato demuestra la trascendencia de la represión en el herrialde; la población rondaba entonces los 350.000 habitantes, lo que indica que fue fusilado el 1%.

La entrega del listado se produce tras el requerimiento del juez Baltasar Garzón a las 22 asociaciones antifranquistas que presentaron en julio de 2007 una denuncia para que se investigaran las desapariciones ocurridas durante el régimen franquista. En total, han remitido más de 140.000 nombres de represaliados en todo el Estado español.

El magistrado español tan sólo concedió 15 días para recabar la información, por lo que los datos no son exhaustivos y se han recogido a toda prisa. Además, la denuncia no ha sido aún admitida a trámite por el juez.

Represión generalizada

Etxeberria señala al respecto que los datos aportados demuestran que «la represión fue generalizada» y queda acreditado que «mataron a gente en todas partes». Asimismo, expresa que «son muertes violentas de gente sin ningún rigor judicial y no en la guerra».

El médico forense de "Aranzadi" concluye también que ha quedado en evidencia que en 72 años no se ha realizado ninguna investigación oficial. «Todos sabíamos lo que había ocurrido, pero hay que acreditarlo. En cualquier lugar se han investigado las muertes y desapariciones, pero aquí nunca», añade.

La iniciativa de las asociaciones franquistas surge por el «retraso» del Gobierno español en la elaboración de un mapa de fosas, tal y como exige la Ley de Memoria Histórica. Según criticaron ayer al presentar el informe, existe «una ausencia total de voluntad política» por parte del Ejecutivo de Zapatero en este sentido.

Asimismo, explicaron que pretenden «reparar el nombre y la vida de las personas, con todos los medios legales». «No es el primer objetivo de nuestras asociaciones que se siente en el banquillo a los verdugos que aún viven», declararon, aunque añadieron que «si debe haber consecuencias penales, bienvenidas sean».

La Fiscalía pidió el archivo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.

También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de «asesinato», «detención ilegal» o «lesiones» en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República. «Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes, les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su polémico escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, sostenía que la competencia no corresponde a la Audiencia Nacional española debido a que los «crímenes contra la humanidad» deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

140.000 en total

Las asociaciones antifranquistas personadas en la causa han aportado los nombres de más de 140.000 desaparecidos en el conjunto del Estado español durante la Guerra Civil.

La investigación judicial en Madrid, a remolque de la investigación popular en Euskal Herria

La investigación judicial emprendida por Garzón se ha limitado a recibir los datos aportados por organismos populares y deja en evidencia que hasta el momento nadie ha hecho nada a nivel oficial. Los listados que existen parten exclusivamente de la labor de organismos populares con mucho esfuerzo de documentación, pueblo a pueblo, y a contrarreloj debido al tiempo pasado y a la escasez de testimonios diectos. El ejemplo más claro es el de Nafarroa y el libro de Alttafaylla «Navarra 1936: de la esperanza al terror» , confeccionada mediante colaboradores en los años 80 y actualizada después. Los nombres inscritos en la gran placa del Parque de la Memoria de Sartaguda inaugurado hace unos meses, por ejemplo, se basan en ese listado.

En la CAV, el trabajo también ha sido extraoficial y se ha llevado a cargo de historiadores y colectivos particulares. La sociedad de ciencias "Aranzadi" ha tomado el liderazgo de las exhumaciones en los últimos años. En este sentido, el Gobierno de Lakua afirma ahora contar con un listado que ha elaborado en los últimos años y que iba a presentar ayer, pero la comparecencia se suspendió argumentando el atentado ocurrido en Santoña.

La asociación de víctimas del franquismo Ahaztuak 1936-1977, por su parte, mostró en una nota su disposición a colaborar enviando los datos con los que cuentan a Garzón «si la iniciativa busca llenar el vacío existente hasta hoy día en el Estado español en lo que respecta a cauces y medidas reales para la consecución de la verdad, justicia y reparación». Advirtió, por contra, de que «si por el contrario busca un nuevo fraude, nos tendrán, evidentemente, enfrente». Ahaztuak insistió, al igual que cuando se conoció la actuación de Garzón, en que queda en evidencia el modelo español de impunidad para los crímenes del franquismo.

(Gara. 23 / 09 / 08)

LA OCTUBRADA DE 1934 EN EUSKAL HERRIA. Articulo de opinión de Juan Ramon Garai, miembro de "Intxorta 1937 Kultur Elkartea"

En octubre de 2009 se cumple el 75 aniversario de la insurrección de 1934, y nos planteamos un nuevo objetivo a desarrollar durante el año que queda: la elaboración de un trabajo colectivo sobre la insurrección de octubre en toda Euskal Herria.

La derecha se proponía liquidar las conquistas obtenidas desde la caída de la monarquía y la proclamación de la República. En realidad, no aceptaba ni la autonomía de Catalunya, ni la prevista para Euskadi, ni la reforma agraria, ni la limitación del poder de la Iglesia, ni las reformas de la enseñanza... La entrada de la CEDA en el gobierno el 4 de octubre, a cuyo máximo dirigente, Gil Robles, las izquierdas consideraban el Hitler español, provoca que el Partido Socialista, las Juventudes Socialistas, la UGT, el PCE, Izquierda Comunista, el Bloque Obrero y Campesino y sectores de la CNT agrupados en las Alianzas Obreras llamen a la huelga general en todo el Estado español. Era el 5 de de octubre de 1934.

Este acontecimiento tuvo una fuerte incidencia en los herrialdes de Gipuzkoa y Bizkaia, algo menos en Nafarroa y escasa incidencia en Araba. En Euskal Herria, militantes de Solidaridad de Obreros Vascos, de Acción Nacionalista Vasca, de la CNT y de Izquierda Republicana también se sumaban a la huelga general, que fue total durante una semana en Bizkaia y Gipuzkoa, desde el 5 hasta el 12 de octubre. En varias localidades tuvo el carácter de huelga insurreccional, siendo ocupados los pueblos por obreros y mineros armados: Eibar, Arrasate, Hernani, Aretxabaleta, Portugalete, Gallarta, Galdames, Ortuella, Erandio, Barakaldo, Sestao, Somorrostro, La Arboleda...

Como señalan los partícipes en los hechos: «No se nos entregó ningún programa, nosotros mismos lo elaboramos sobre la marcha. Una cosa teníamos bien clara, nuestro objetivo era la Revolución Socialista. Las pocas medidas que tomamos iban en esa dirección».

Se dictaron bandos declarando la república socialista, abogando por la igualdad social y aboliendo el dinero; se pedía la obediencia de la población al régimen constituido.

La represión del movimiento fue encabezada por el ejército. Cuarenta huelguistas resultaron muertos en Euskal Herria y 1.051 en el total del Estado. En Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Nafarroa 2.000 huelguistas fueron detenidos.

Todas las organizaciones obreras, políticas y sindicales fueron clausuradas, sus bienes confiscados; la totalidad de los centros obreros y de izquierda permanecerían cerrados durante casi un año. Las organizaciones socialistas, anarquistas y comunistas quedan fuera de la ley y sus líderes en la cárcel o en el exilio. En menor medida, la represión afecta al sindicalismo nacionalista, SOV, que tampoco puede actuar libremente. En el mes de septiembre el gobernador ya había nombrado nuevas gestoras municipales, compuestas por elementos carlistas y radicales, dejando fuera de ellas a las izquierdas, ANV y PNV.

Este episodio histórico ha quedado relegado en la gran mayoría de los trabajos históricos generales y locales, creemos que por la influencia de la guerra del 36, aunque para nosotras y nosotros fue, precisamente, la experiencia acumulada por varios miles de personas, socialistas, comunistas, anarquistas, republicanas, ugetistas, y también solidarios vascos y militantes de ANV, en la preparación y en la propia insurrección de octubre y tras la derrota en las cárceles y en el exilio, la que permitió tras la sublevación franquista frenar y echar por tierra los planes del general Mola de ocupar Gipuzkoa y Bizkaia en pocos días.

Personas que hoy participamos en Intxorta 1937 Kultur Elkartea tenemos elaborados y publicados dos amplios trabajos sobre esos hechos en las poblaciones de Eibar y de Arrasate, dos de los lugares más importantes en octubre de 1934 en Euskal Herria. Teniendo en cuenta que en octubre de 2009 se cumple el 75 aniversario de la insurrección de 1934, conocida como La Octubrada, nos planteamos un nuevo objetivo a desarrollar durante el año que queda: la elaboración de un trabajo colectivo sobre la insurrección de octubre en toda Euskal Herria, de manera que pueda ser presentado públicamente el mes de octubre de 2009.

Nuestra propuesta va dirigida a todas las personas que quieran participar en este trabajo. Para contactar con el grupo pueden hacerlo a través de la página web: www.intxorta.org

Cualquier persona, testigo de aquellos hechos, que quiera aportar algo y quiera ser entrevistada, cartas enviadas desde las cárceles de Ondarreta, Larrinaga y prisión provincial de Iruñea, o de los fuertes de Guadalupe y San Cristóbal, o de los barcos prisión de Bilbo, fotos, historias contadas a sus familiares... son elementos que pueden ayudarnos a completar el trabajo que durante meses llevamos realizando en los archivos y hemerotecas.

El resultado de este trabajo colectivo puede ser una aportación interesante y hasta ahora inédita sobre lo ocurrido esos días en Euskal Herria. Este recuerdo constituye nuestro homenaje a la actitud combativa de esas personas, que lo dieron todo, hasta la vida, por que la libertad, la igualdad y la justicia social fueran los pilares de esa nueva sociedad.

(Gara. 23 / 09 / 08)

GARZON RECIBE EL LISTADO CON 143.000 NOMBRES DE REPRESALIADOS DURANTE LA GUERRA CIVIL

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibió ayer una lista con los nombres de 143.353 desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura, entregada por la "Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo", que presentó denuncias en su juzgado por estos hechos.

Así lo anunciaron representantes de la plataforma -integrada por once asociaciones de familiares de desaparecidos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y particulares-, en una rueda de prensa en la que su secretaria, Paqui Maqueda, advirtió de que "faltan tantos que no nos atrevemos a dar una cifra exacta".

Según la plataforma, los desaparecidos durante la guerra y la posterior dictadura franquista ascienden a 42.131 en Andalucía, 14.660 en Castilla-León, 8.851 en Castilla-La Mancha, 3.424 en Madrid, 6.000 en Asturias, 29.034 en la Comunidad Valenciana, mil en Murcia, 9.538 en Aragón y 7.000 en Galicia.

Además, la lista incluye 2.535 desaparecidos en Cantabria, 1.900 en el País Vasco, 3.920 en Navarra, 2.070 en La Rioja, 2.211 en las Islas Canarias, 768 en Ceuta y Melilla, 1.486 en las Islas Baleares, 3.338 en Cataluña y 9.486 en Extremadura, lo que suma un total de 143.353 casos documentados.

Críticas a los ayuntamientos

En el listado también figuran los nombres de asesinados o desaparecidos fuera de España. La presidenta del Forum per la Memoria del País Valenciá, Empar Salvador, insistió en que la cifra es "orientativa" y subrayó que "no hay que perder de vista que cada uno de esos números era una persona, con todo su entorno familiar".

Cecilio Gordillo, de la CGT, destacó que Garzón es "el único ciudadano de este país que ahora tiene un listado de desaparecidos, a pesar de que la mayoría de la documentación ha salido de las tripas del Estado, de todo tipo de archivos".

No obstante, Gordillo aseguró que "hay muchas otras investigaciones realizadas a las que no se ha podido tener acceso" a pesar de que "muchas de ellas han sido financiadas con dinero público". "Cuando el juez Garzón decidió dirigirse solamente a cinco ayuntamientos, la inmensa mayoría del resto de las corporaciones evadieron la responsabilidad de suministrar esos datos", aseveró el representante de la CGT.

Gordillo citó el caso de Andalucía, que "lleva financiando proyectos de investigación relacionados con esto desde 2003" y que "no ha aportado ni un solo dato producto de esas investigaciones, la mayoría de ellas incluso publicadas".

Al margen de los requeridos por el juez, "que sepamos, sólo Galicia y Cataluña han entregado documentación", afirmó Gordillo, quien advirtió de que, "al no haber hecho el Estado su asignatura, habrá muchos nombres que estén duplicados e incluso triplicados" en la lista, "al ser originarios de una comunidad y víctima en otra". El representante de la CGT reconoció su preocupación por este fenómeno, que "puede dar pólvora a algunos, que pueden empezar a argumentar que estamos inflando las cifras".

Buscan reparación más que penas

Maqueda explicó que con la entrega del listado -que se produce tras las denuncias presentadas en diciembre de 2006 y en julio de 2007 y que aún no han sido admitidas a trámite por Garzón- se pretende "reparar el nombre y la vida de las personas, con todos los medios legales". "No es el primer objetivo de nuestras asociaciones que se siente en el banquillo a los verdugos que aún viven", ha declarado Maqueda, que no obstante ha añadido: "Si debe haber consecuencias penales, bienvenidas sean".

También opinó que el "retraso" del Gobierno en la elaboración de un mapa de fosas, tal y como exige la Ley de Memoria Histórica, se debe a "una ausencia total de voluntad política", para apostillar: "El trabajo lo estamos haciendo familiares y asociaciones".

(Noticias de Alava. 23 / 09 /08)

DONOSTIA 1936. Artículo de opinión de Iñaki Egaña, historiador

Las tropas franquistas entraron en Donostia el domingo 13 de septiembre de 1936. En los días anteriores, el éxodo de la ciudad había sido constante, la mayoría de sus vecinos abandonaron sus casas hacia Bizkaia, con paradas intermedias en Orio, Zarautz, Zumaia o Eibar, mientras que algunos pocos lo hicieron en txalupas hacia Hendaia. Hubo, incluso, una expedición organizada de 150 niños que viajaron a la costa lapurtana. De 80.000 habitantes que tenía la ciudad, más de la mitad se fueron. La prensa franquista calculó que el 13 de septiembre quedaban en la ciudad entre 30.000 y 35.000 personas.

Las detenciones fueron inmediatas, comenzando por los heridos en el frente que no se habían podido evacuar y que quedaron atrapados por la gravedad de sus heridas en el Hospital Militar que luego sería rebautizado con el nombre de Hospital Mola. Las cárceles de Ondarreta y Zapatari, la sede de Falange en el Boulevard, el Asilo San José en la calle Prim y el cine Kursaal se convirtieron en centros de detención. Varios miles de donostiarras fueron detenidos.

Desde el comienzo de la ocupación se estableció una dirección represiva, dirigida por el coronel Arellano, que tuvo el mando de los franquistas como gobernador militar de la provincia. Los fusilamientos fueron masivos, sin ningún tipo de juicio previo, como sucedería meses después. Los represores se reunían en secreto y decidían quiénes merecían vivir y quiénes habría que liquidar. Llegaban a la prisión de Ondarreta con una lista de prisioneros que "había que liberar", hecho que sucedía entre las 4 y las 5 de la mañana del día siguiente. En una camioneta, los liberados eran llevados al lugar de ejecución. En todas las fichas que se conservan de los fusilados que pasaron por la cárcel de Ondarreta y luego fueron ejecutados, el día de salida de prisión coincide con el del fusilamiento.

Los lugares más comunes de ejecución entre septiembre de 1936 y enero de 1937 fueron, por este orden, las tapias de la cárcel de Ondarreta, las de los cementerios de Hernani y Oiartzun, y la cantera de Bera. Fueron correlativos, es decir, no estuvieron "abiertos" todos a la vez. Hubo también varios lugares con fusilamientos de donostiarras en función de las partidas que los ejecutaron: el campo de tiro de Bidebieta, terrenos de la Fábrica de Gas, Puente de Hierro, rotonda de la carretera de Ulía, Cuesta de Galarreta, etc. Hubo, más adelante, donostiarras que fueron detenidos en lugares a los que habían acudido, bien huyendo de la guerra como civiles, bien enrolados en el Ejército vasco. Algunos de ellos también fueron ejecutados en estos lugares, tales como Santoña o el cementerio de Derio de Bilbao. De los lugares "irregulares" de Donostia, algunos restos fueron llevados a una fosa común del cementerio de Polloe y otros incorporados al panteón de los "Caídos por Dios y por España" ("franquistas") en el mismo Polloe, sin conocimiento de sus familias. En general, los restos de los fusilados en Hernani, Oiartzun y Bera descansan en fosas comunes de los cementerios respectivos.

Desde el 13 de septiembre de 1936, hasta el 21 de enero de 1942, fecha de la ejecución en Madrid del donostiarra Imanol Asarta, ejecutado en la prisión de Porlier junto a Jesús Larrañaga, natural de Beasain y vecino de Donostia, al menos 380 personas fueron ejecutadas por los franquistas. Gentes de todas las opciones políticas y sindicales que se opusieron a los sublevados o que no colaboraron con ellos.

Entre ellos se podrían destacar los nombres de Juan Lizarraga, cámara del cine Kursaal que fue ejecutado junto a sus hijos Sabino e Iñaki; Imanol Irulegui, dueño del bar Euskadi que los carlistas incautaron, lo hicieron su sede y llamaron bar España; Antonio Múgica, violinista del Conservatorio de Música; Enrique Landin, director de la estación meteorológica de Igeldo; Marcelino Celigüeta, churrero y presidente de la Sociedad Donosti Berri; José Martiarena, concejal socialista del Ayuntamiento; Antonio Marculeta, empleado de la Diputación; Dominica Artola, madre del Ricardo Urondo, que fue de la Banda de Música de Donostia y director de Euskadi Roja; Jorge Lassalle, directivo de la Sociedad Guk ere nai dugu; Daniel Losada, que se negó a cantar el Cara al Sol en la prisión de El Dueso; el sidrero Juan Guruceaga; Saturio Burutarán, alcalde pedáneo del barrio de Loiola; Herbert Repekus y su hijo Edwin, ciudadanos alemanes cuya muerte provocó, a pesar de la sintonía política, un grave incidente diplomático entre España y Alemania…

La información relativa a los fusilados procede de multitud de fuentes: archivos de justicia militar, archivos de la prisión de Ondarreta, registros civiles, libros de registro de los cementerios de Polloe y Alza, informaciones facilitadas por los familiares de los ejecutados, archivos de penados de Instituciones Penitenciarias, etc. No existe un solo archivo que ofrezca un mapa colectivo y, en general, los procesos contra quienes finalmente fueron muertos han desparecido. En especial los de Falange, cuyos militantes confeccionaron las listas de fusilados e incluso compusieron los pelotones de ejecución, que fueron quemados en la época en que Rodolfo Martín Villa fue ministro del Interior, hace ya casi 30 años.

En cuanto al reconocimiento de estos casi 400 donostiarras ejecutados, ninguno de ellos tiene el nombre de calle, monumento o placa. El Ayuntamiento donostiarra les hizo una placa conmemorativa que colocó en la Zurriola. En cambio, José Arrospide Alvarez, conde de Plasencia, natural de Madrid y uno de los golpistas más notables que preparó el golpe de Estado en Donostia, en connivencia con Emilio Mola, tiene una calle a su nombre en la capital guipuzcoana. En la página web del Ayuntamiento, se dice en relación a esta calle que el conde de Plasencia fue "asesinado por los rojos" (fue ejecutado por los republicanos), utilizando claramente una terminología franquista.

(Noticias de Gipuzkoa. 23 / 09 / 08)

"LAU HAIZETARA" EXIGE ACCIONES "SINCERAS Y EFECTIVAS" POR LOS FUSILADOS Y DESAPARECIDOS

«Exigimos acciones institucionales exentas de intereses políticos coyunturales». Así lo reclama la plataforma "Lau Haizetara Gogoan" por medio de una nota en la que considera «imprescindible» que se cuente con la opinión y participación de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica a la hora de elaborar iniciativas político-institucionales relacionadas con los fusilados y desaparecidos bajo el régimen franquista.

Esta plataforma recuerda que las iniciativas político-institucionales emprendidas en los últimos treinta años «no han servido para materializar de manera efectiva la verdad, hacer justicia y la reparación de las víctimas de la rebelión militar fascista». Como ejemplo, cita «la llamada Ley de Memoria Histórica, que fue realizada a espaldas de las asociaciones de víctimas del franquismo» y supone «una reedición de la ley del silencio, de punto final, tal como ha sido valorada y denunciada por Amnistía Internacional».

"Lau Haizetara Gogoan" también constata que en los últimos treinta años las instituciones políticas y judiciales de Euskal Herria han carecido de «impulso e iniciativa propia a la hora de abordar la práctica efectiva de la búsqueda de la verdad, la materialización de la justicia y la reparación». «Es incomprensible, y en cierta medida indignante -añade-, comprobar que las instituciones vascas se sitúan por detrás de iniciativas como la del juez Garzón, anunciando la entrega de un material sobre desapariciones forzosas y fosas ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca, como prueba del compromiso adquirido por el Gobierno Vasco en esta cuestión».

No obstante, y estimando como «procedente» la entrega de dicho material, «aunque objetivamente insuficiente», considera que debe aclararse si el Gobierno de Lakua se va a limitar a informar a la Audiencia Nacional española sobre los resultados de las investigaciones realizadas por Aranzadi, o si hay que interpretar que tiene la intención de personarse como parte «en este, aparentemente, incipiente proceso». «Si ha sido ésa, desde el principio, la voluntad del actual Gobierno autonómico, ¿cómo debe de entenderse -se pregunta- el hecho de que, contando desde hace años con materiales y pruebas sobre desapariciones forzosas y fosas de fusilados, no se hayan articulado las medidas institucionales y jurídicas oportunas para la depuración de responsabilidades ante tamaña conculcación de derechos, actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad?».

Censo y registro oficial

"Lau Haizetara Gogoan" teme que «todos estos movimientos son fruto de la improvisación y poses banales en el escenario», y que «en la raíz de esta situación se encuentra la desidia que ha presidido la gestión de los gobiernos autonómicos desde 1979 en cuanto a la resolución de este problema».

Así, recuerda que «ni siquiera existe un verdadero censo y registro oficial de víctimas de la rebelión militar y el régimen franquista impuesto con posterioridad». Por ello, entiende que los materiales en posesión de Lakua, aportados por instituciones científicas y asociaciones de para la recuperación de la memoria histótica, deben servir para constituir «de manera inmediata este censo y registro, «como paso previo necesario para el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía».

(Gara. 22 / 09 / 08)

Proponen crear un Instituto Navarro de la Memoria Histórica

Nafarroa Bai ha propuesto en el Parlamento navarro la creación de un Instituto Navarro de la Memoria Histórica. La moción, firmada por Maiorga Ramírez (EA), abunda en que «tenemos referentes en Europa sobre medidas institucionales similares adoptadas para pro piciar la reconciliación y recuperación del olvido de sucesos crueles, para que no se repitan y se haga justicia a las víctimas».

Como ejemplo, cita que «desde hace años, en Bélgica funciona un centro de estas características encargado de recopilar, archivar y exponer su fondo documental, así como de organizar actividades, tanto escolares como abiertas al público».

Como primer paso, se plantea al Gobierno que en un plazo de seis meses lleve al Parlamento un plan detallado al respecto, y que éste decida.

(Gara. 20 / 09 / 08)

LAKUA REMITIRA A GARZÓN UN LISTADO DE DESAPARECIDOS EN 1936

El consejero de Justicia del Gobierno de Lakua, Joseba Azkarraga, y el director general de Derechos Humanos, Jon Mirena Landa, han anunciado para el lunes una convocatoria de prensa en la que informarán del material que enviarán a la Audiencia Nacional en respuesta a la petición de ayuda del juez Baltasar Garzón, que instruye un sumario sobre los desaparecidos tras la guerra del 36.

Según se anuncia en la convocatoria, se trata de material preparado durante años por la Dirección de Derechos Humanos «sobre las desapariciones forzosas durante la Guerra Civil española y la etapa franquista, y las fosas posteriormente encontradas».

Garzón ha reclamado ayuda a instituciones de diverso rango, así como a la Iglesia católica.

(Gara. 20 / 09 / 08)

LAS VICTIMAS DEL 3 DE MARZO CENSURAN A INTERIOR POR MANTENER LOS CARGOS POR LO SUCEDIDO EN 2006

La "Asociación de Víctimas del 3 de Marzo" exigió ayer al Departamento de Interior que redacte un nuevo atestado sobre la manifestación que conmemoró el XXX aniversario de los sucesos de 1976, y que se saldó con tres detenciones.

La Audiencia Nacional dictaminó en noviembre de 2007 que en la citada marcha no se produjo un delito de enaltecimiento del terrorismo, pese a lo cual el atestado remitido a la Fiscalía no ha sido corregido, y es la base de una acusación que pide penas de entre 18 y 30 meses de prisión para los imputados.

Por ello, el colectivo que representa a las víctimas de aquellos difíciles días de los años setenta emprenderá de forma inminente una campaña institucional y redactará un manifiesto en busca de adhesiones. En los próximos días se iniciarán los contactos con los sindicatos, el Ararteko, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y el diputado general alavés, Xabier Agirre, para expresar su malestar con la consejería de Interior que dirige Javier Balza.

La Ertzaintza disolvió la protesta del 3 de marzo de 2006 por entender que se había producido un delito de enaltecimiento del terrorismo, pues los convocantes portaban fotos de dos presuntos miembros de ETA fallecidos en prisión días antes, Igor Angulo y Roberto Sainz. Así lo aseguraba el atestado remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, que acusaba además a Andoni Txazko, Josu Ormaetxea y Aitor Fernández de Ortega de atentado, desordenes públicos, resistencia a la autoridad y lesiones.

En base a ese informe policial, la Fiscalía ha formalizado la acusación contra estas personas, los dos primeros miembros de la Asociación de Víctimas y portadores de la ikurriña con las fotos de los fallecidos, y el tercero participante en la marcha. Los tres serán juzgadas en los próximos meses.

La Asociación tildó ayer de "atropello" el hecho de que la Ertzaintza mantenga las acusaciones pese al fallo de la Audiencia Nacional. "Si en el año 1976 las Fuerzas de Seguridad del Estado a las órdenes de Fraga hicieron una barrabasada, según sus propias palabras, disparando contra miles de obreros en una iglesia, el 3 de marzo de 2006 la Ertzaintza llevó a cabo una actuación totalmente injustificada, y mantiene una versión de los hechos que atenta contra la verdad", afirmó el portavoz del colectivo. Santiago Díaz de Espada añadió que, "al demostrarse que el delito de enaltecimiento del terrorismo no existió, del mismo modo que el atestado hizo las veces de denuncia, se podría remitir un nuevo informe que señale lo contrario e inste al archivo de las diligencias".

"El atestado hizo las veces de denuncia, se podría remitir otro señalando lo contrario"
Santiago Díaz de Espada . Portavoz de las Víctimas del 3 de Marzo

(Noticias de Alava. 17 / 09 / 08)

JAGI-JAGI, CUANDO EL OLVIDO ES LO APROPIADO. Artículo de opinión de Eduardo Renobales, historiador (*)

Hoy hablar del movimiento Jagi-jagi y de la Federación de Mendigoxales es algo exclusivo de unos pocos iniciados y de algún despistado que se ha acercado al tema. Sin embargo, el trabajo y el legado de aquellos patriotas que sacaban su órgano informativo (trabajando sin cobrar un céntimo) entre la hostilidad del Gobierno español y el boicot de los políticamente correctos resulta fundamental para entender no sólo la postguerra, sino los 40 años de dictadura y los siguientes treinta de transición.

Su labor política fue fundamental a la hora de colaborar con la puesta al día del nacionalismo vasco y, sin embargo, actualmente los mantenemos en el más correcto olvido. ¿Por qué?

En primer lugar por su modestia. No pretendían vivir del pueblo, sino servirle. No querían vivir de la política, sino hacer política. No ambicionaban protagonismo, sino libertad. Ya entonces resultaban molestos para muchos. Hoy siguen siendo igual de incómodos para casi... los mismos muchos. Porque en la vida pública no se entiende eso de la abnegación, desprendimiento, la ausencia de interés protagonista...

Los miembros del Jagi-jagi y la Federación de Mendigoxales querían una Euskal Herria libre y más justa socialmente. Su existencia era compromiso generoso en la defensa de los derechos nacionales de la población vasca. Con sus aciertos y sus errores, con sus manías y estereotipos, trabajaban sin egoísmo partidario. Tal vez idolatraban a Sabino en demasía en algunas cuestiones, pero fueron capaces de vestir la ideología jelkide con un nuevo ropaje de progresismo social y económico del que hasta ese momento carecía. Sus raíces eran viejas y arraigadas en la tradición secular y foral vasca, pero de la mano de dirigentes de la talla de Eli Gallastegi o Trifón Etxebarria supieron entender que la lucha del obrero abertzale tenía los mismos componentes reivindicativos que la del trabajador rojo. Y dieron el paso, sin apartarse de ninguno de sus principios, de reconocer al opositor creyendo en una patria más justa, democrática y sin ataduras. Lo pretendían además sin pedir nada a cambio. Y los tenemos olvidados. No es su culpa, ellos cumplieron; en la guerra y en la resistencia. Es la nuestra, comprometidos con la comodidad de nuestra forma de vida.

(*) Eduardo Renobales es también autor de la obra inédita «Jagi-jagi, historia del independentismo vasco»

(Gara. 17 / 09 / 08)

ESPETXE ZIGORRA ESKATU DUTE 2006KO MARTXOAREN 3AN ATXILOTUTAKO LAGUNENTZAT

Bi urte eta erdi igaro ostean, fiskalak 18 eta 30 hilabete bitarteko espetxe zigorrak eskatu ditu 2006ko martxoaren 3ko istiluetan atxilotutako hiru lagunentzat. Ertzaintzak eginiko akusazioak oinarri hartuta, isuna eta kargu publikoak betetzeko gaitasunik gabe uzteko ere eskatu du. Oraindik epaiketaren eguna ez dago ezarrita, baina abokatuek adierazi dute gutxi barru izango dela.

Urtero legez, Martxoaren 3ko Biktimen Elkarteak manifestazioa antolatu zuen, 1976an Gasteizko istiluetan hildakoak eta zauritutakoak gogoratu eta gertatutakoa argitzeko. 30. urteurrena zen, baina Ertzaintza manifestarien kontra oldartu eta hiru pertsona atxilotu zituzten. Horietako bi, Josu Ormaetxea eta Andoni Txasko, M-3ko biktimak eta elkarteko kideak dira; besteak, Aitor Fernandez de Ortegak, manifestazioan parte hartu zuen.

Ertzaintzak manifestazio buruan zeramaten ikurrina erabili zuen manifestarien kontra jotzeko aitzakia moduan. Ikurrinak xingola beltza zuen, eta alde banatan Roberto Saiz euskal presoaren argazkia, egun hartan bertan hil baitzen, eta Igor Angulorena, hiru egun lehenago zendu baitzen, zeramatzaten. «Elkarteak, era horretan, hildakoen senideei dolumina erakutsi nahi zion», adierazi zuten atzo elkarteko kideek.

Atxilotuen alde

Andoni Txasko eta Josu Ormaetxeari «terrorismoa goratzea» egotzi zien Ertzaintzak. Fernandez de Ortegari, berriz, eraso eta desordena publikoa eragitea. Ertzaintzak Espainiako Auzitegi Nazionalera eraman zuen auzia, baina Auzitegi Nazionalak ez zuen «terrorismo» deliturik ikusi eta auzia artxibatu egin zuen. EAEko Herrizaingo Sailak, ordea, garai batean egindako akusazioei eutsi eta kasua Gasteizko 1. Instrukzio Epaitegira iritsi zen. Santiago Diaz de Espada M-3ko Biktimen Elkarteko kideak adierazi duenez, «Ertzaintzak eta Herrizaingo Sailak akusazioak erretiratu behar zituzten bere garaian».

Orain, baina, epaiketa hurbil ikusten dute, eta M-3ko Biktimen Elkarteak informazio kanpaina bat antolatuko du politika arloan. Arartekoari, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailari, Arabako diputatu nagusiari eta sindikatuei zuzendutako salaketa txostena izango da. «Gizartearentzako manifestu bat» ere egin dute, Andoni Txaskok azaldu zuenez, «herritarren laguntza jasotzeko helburuarekin».

M-3ko Biktimen Elkarteak «penagarritzat» jo du Jaurlaritzak eginiko kudeaketa. «Urte askoan eginiko ahaleginengatik zoriontzen gaituzte, Arabako domina eman, baina akusazio gogorrak ere egiten dituzte eta pertsonei kalte egiten diete». Atxilotuen eskubideak bermatu arte etengabe borrokan jarraituko duela esan du elkarteak.

"Gizartearentzako manifestu bat egin dugu, laguntza gehiago jasotzeko helburuarekin»

Andoni Txasko , M-3ko Elkarteko bozeramailea

(Berria. 08 / 09 / 17)

EL FISCAL, DE LA MANO DE LAKUA, PIDE CARCEL PARA VICTIMAS DEL 3 DE MARZO

La Fiscalía del Juzgado de Instrucción Número 1 de Gasteiz ha solicitado la apertura de juicio oral contra Josu Ormaetxea, Andoni Txasko y Aitor Fernández de Ortega por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2006, cuando la Ertzaintza cargó contra la manifestación que, como todos los años, se había organizado en recuerdo a las víctimas del 3 de marzo de 1976. En aquella movilización la Policía autonómica detuvo a estas tres personas y causó numerosos heridos y contusionados.

Según consta en el escrito remitido al juzgado, que fue difundido ayer por la "Asociación de Víctimas del 3 de Marzo", el Ministerio Público imputa a Ormaetxea sendos delitos de «atentado y resistencia» y una falta de lesiones; a Txasko, un delito de «atentado» y una falta de lesiones; y a Fernández de Ortega un delito de «atentado», otro de «desórdenes públicos», dos faltas de lesiones, y una falta de «respeto a agentes de la autoridad». Por todo ello, Ormaetxea se enfrenta a una pena de dos años y dos meses de prisión y Txasko a un año y seis meses, mientras que para Fernández de Ortega piden dos años y medio de cárcel. Además, los tres imputados podrían ser inhabilitados y obligados a pagar multas de elevada cuantía.

Condolencia y solidaridad

Txasko y Ormaetxea, que forman parte de la "Asociación de Víctimas del 3 de Marzo" -Fernández de Ortega participaba en la marcha en solidaridad con las víctimas-, comparecieron ayer ante los medios arropados por sus compañeros.

En nombre de todos ellos tomó la palabra el sindicalista Santi Díaz de Espada, quien señaló que estas imputaciones tienen su base en el atestado policial remitido por la Ertzaintza a los tribunales que, según insistieron ayer, no se atiene a la verdad y es «alucinante».
Recordó que en aquella movilización, que coincidía con el 30 aniversario de la masacre de 1976, la Ertzaintza arremetió contra los manifestantes utilizando como excusa la presencia en la misma de una ikurriña con crespón negro y dos fotografías como muestra de condolencia y solidaridad con los allegados de Igor Angulo y Roberto Sáinz, presos políticos vascos que habían fallecido poco antes en cárceles españolas.

El Departamento de Interior alegó entonces que había existido «un delito de enaltecimiento del terrorismo» y envió el atestado a la Audiencia Nacional, pero el tribunal especial archivó la causa en noviembre de 2007 al considerar que no existía delito en aquellos hechos.

Que un tribunal tan poco sospechoso de favorecer a los vascos como la Audiencia Nacional no apreciara delito en aquellos hechos podía haber llevado a la Consejería que dirige Javier Balza a modificar su postura y retirar las imputaciones contra las tres personas que fueron detenidas por agentes de la Ertzaintza pero, bien al contrario, decidió mantenerlas, en este caso ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Gasteiz.

Díaz de Espada recordó que las diligencias judiciales se inician a causa de un atestado que defiende que la actuación policial fue correcta, porque se estaba cometiendo, siempre según esta versión, un «delito de enaltecimiento del terrorismo», y valoró que al demostrarse que este delito no existió, como afirmó la propia Audiencia Nacional, el Departamento de Interior podía haber remitido otro atestado señalando lo contrario e instando al archivo de las diligencias. «Lo mismo que el primer atestado sirvió de denuncia, se puede remitir una nueva comunicación contraria a la calificación penal de los hechos, admitiendo el error cometido», resumió el ayer portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo.

«Penosa gestión» de Lakua

Sin embargo, lejos de adoptar esta actitud, dos años y medio después «prosigue el sinsentido y el absurdo» por parte de Lakua, de forma que la semana pasada a los acusados les llegó una comunicacón de la petición fiscal. Todavía no está fijada la fecha del juicio, pero los abogados de la defensa estiman que se marcará en fechas próximas.

Al hacer una valoración de todos estos acontecimientos, desde la "Asociación de Víctimas del 3 de Marzo" quisieron subrayar la «penosa gestión» política que ha hecho el Gobierno de Lakua en este caso, ya que mientras «recibimos por una parte reconocimientos y parabienes, al mismo tiempo, el Departamento de Interior mantiene acusaciones alucinantes, de las que personas y familias pueden salir notablemente perjudicadas».

A este respecto, valoran que «esto no es sólo una cuestión personal que afecta a estas tres personas, sino una agresión a lo que significa el 3 de marzo y contra el conjunto de la clase trabajadora». Y es que, si en 1976 las Fuerzas de Orden Público, a las órdenes de Fraga, hicieron «una auténtica barrabasada» disparando contra miles de obreros, para las víctimas el 3 de marzo de 2006 la Ertzaintza «llevó a cabo una acción totalmente injustificada y mantiene una versión de los hechos que atenta contra la verdad».

A pesar de ello, quisieron dejar claro que «no conseguirán amedrentarnos y, como venimos haciendo desde hace treinta años, seguiremos denunciando las injusticias, seguiremos luchando por la verdad y contra la vulneración de derechos. Y lucharemos hasta lograr esos derechos y esas libertades».

El ataque recibido, en cualquier caso, es de gran calibre, y por ello anunciaron que van a iniciar una campaña de información «a todos los niveles».

Reuniones y manifiesto

Así, anunciaron su intención de reunirse con el Ararteko, el Departamento de Justicia de Lakua y el diputado general de Araba, a quienes ya la semana pasada hicieron llegar esta información, así como con sindicatos, colectivos sociales y formaciones políticas. Asimismo, van a elaborar un manifiesto a fin de recabar apoyos de los citados organismos y de la ciudadanía en general, y estudiarán las acciones a realizar en función de lo que deparen estas reuniones.

Andoni Txasko, portavoz habitual de la asociación, denunció la actitud del Departamento de Interior, comandado por Javier Balza, y la situación de «incertidumbre y angustia» a la que les han conducido a ellos y a sus familiares.

(Gara. 17 / 09 / 08)