En concreto, fueron 256 vecinos, muchos de ellos niños, quienes fueron introducidos en camiones y expulsados de su pueblo entre el 13 y 14 de febrero hacia destinos desconocidos. El destierro duraría años para muchas de esas familias.
El alcalde, Iñaki Agirrezabalaga, explicó que Zumaia fue «particularmente castigada»: «De los 3.000 habitantes que contaba entonces el pueblo, desterrar a 256 es una barbaridad que supuso un drama para muchas familias». El primer edil supone que fue la fuerte implicación política de la localidad con la República o con el Estatuto de Lizarra lo que incitó la «venganza» de los franquistas, en especial contra los abertzales.
Además de recordar a tantas familias «injustamente perseguidas», con el acto de ayer se quiso denunciar la ilegitimidad del Consistorio que decidió tal medida y reconocer la legitimidad del que suplantaron, el que dirigía el alcalde Bitoriano Arrate: «Aquel Ayuntamiento no representaba la voluntad de los vecinos. Ni aquél ni los que vinieron más tarde», subrayó Agirrezabalaga.
Franco ya no es alcalde
También incidió en las posteriores vulneraciones de derechos y decisiones aprobadas por los consistorios franquistas, entre ellos, el acuerdo de 1949 por el que se declaraba «alcalde honorífico» predilecto a Francisco Franco. Dicho acuerdo fue anulado ayer y se acusó al dictador de «crímenes contra la humanidad» .
En el acto participaron, además de representantes institucionales, algunos de aquellos niños y niñas expulsados hace 75 años, que ofrecieron su testimonio. Y se proyectó un vídeo elaborado con los datos recogidos por el Ayuntamiento y la asociación cultural Erkibe.
(Gara. 25 / 12 / 2012)