La jueza Gloria Constanza Gaona, que no aceptó las maniobras de impunidad para dejar libre al responsable imputado por las violaciones y asesinatos de los niños de Arauca ocurridos en octubre 2010, acaba de ser asesinada (1). Este Crimen se inscribe en una cadena de crímenes e impunidad que se teje alrededor del abominable crimen contra los niños de Arauca: es un asesinato que se enmarca en el largo historial de crímenes para la consecución de la impunidad total para crímenes de estado en Colombia. El sindicato Asonal Judicial anunció una jornada de protesta para el viernes 25 de marzo, con el fin de rechazar el asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona. El sindicato de la rama judicial ha sido víctima del exterminio así como los demás sindicatos de Colombia, país en el que los asesinatos de 
jueces incorruptibles son lamentablemente algo sistemático: “en Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.” (2)
El sicario invisible a los ojos de la fuerza pública Los hechos se registraron el 22 de marzo 2011, en pleno centro del municipio de Saravena, en un lugar altamente militarizado, en momentos en que la Jueza descendía de un vehículo de transporte público: el sicario le disparó a quemarropa. No obstante la omnipresencia de la fuerza pública en el centro Saravena, el sicario logró huir, en lo que aparece como un eslabón más en la cadena de impunidades de la cual este asesinato es una pieza fundamental. Humanidad Vigente señala: “ Este nuevo crimen se enmarca en la clara falta de garantías con que en Colombia se administra justicia y aún mas en un departamento como Arauca que cuenta con el mayor nivel de militarización de todo el país. (…) No se puede admitir que a plena luz del día y con alta presencia militar y policial un sicario a pie pudiera ultimar a la jueza y salir del sector comercial sin ningún contratiempo . ”(3) La juez había denunciado maniobras dilatorias y había pedido que se investigara a empresa de defensa militar
La Jueza Gaona había denunciado que los abogados del militar imputado usaban maniobras dilatorias para lograr impunidad en el caso del asesinato de los niños de Arauca. L a juez no aceptó el vencimiento de términos buscado por maniobras de la defensa militar (4). La Juez incluso pidió al Consejo Superior de la Judicatura que se investigue disciplinariamente a las abogadas del militar y a la empresa de defensoría militar DEMIL: “(…) que se tomen las medidas necesarias para que las profesionales que aquí están actuando en estas diligencias como defensa del acusado no vuelvan a incurrir en causales como estas de suspensiones de audiencias”. Humanidad Vigente que representa a las víctimas denuncia que es una estrategia sistemática de la oficina DEMIL para que salgan libres por vencimiento de términos militares acusados de violaciones a los derechos humanos: “es una maniobra socorrida que está utilizando al defensa militar en casos d
e ejecuciones extrajudiciales, de ir cambiando sistemáticamente a los abogados de la defensa (…)” (ibídem). Tal como advirtió el padre de los tres niños violados por el ejército colombiano, parte de la impunidad la lograría el ejército mediante trampas en el juicio. Al parecer, cómo la jueza Gloria Constanza Gaona no se dejó corromper ni amedrentar, los que están interesados en la impunidad absoluta para el ejército en Colombia, incluso en casos de violación y asesinato de niños, procedieron a asesinarla. “La masacre de mis tres hijos no la realizó un solo militar, ese crimen lo cometieron varios militares... hay 7 morrales cundidos de sangre, salivas y semen.” Declaraba Álvaro Torres, padre de los niños, a escasos días de que sus hijos fueran encontrados en una fosa común.
El crimen: violación y asesinato con sevicia, al parecer perpetrado por varios militares
El 14 de octubre 2010, tres niños, de 6, 9 y 14 años, fueron secuestrados, violados y asesinados; implicados soldados de la Decimoctava Brigada del Ejército colombiano, adscritos a la Brigada Móvil 5 . Este crimen ocurre en Arauca, zona particularmente rica de Colombia, que el Estado ha militarizado intensivamente con el fin de reprimir a la población descontenta del saqueo que perpetran varias multinacionales entre las cuales BP, Repsol, la Occidental Petroleum. Los cuerpitos torturados de Jefferson Torres, Jimmy Torres y Jenny Torres fueron encontrados en una fosa común. Se encontró sangre en los morrales de al menos 7 de los 60 soldados de esa unidad del ejército, y semen en los cuerpitos acuchillados de los niños (5). Además al menos 8 militares presentaron rasguños. Se trata de un crimen realizado por unos hombres amparados por la impunidad y la costumbre a las prácticas del Terrorismo de Estado. Los militares que fueron objeto de investigación: el teniente coronel Germán Belarcázar, el teniente coronel James E. Pineda, el mayor J. Alberto Granados, el subteniente Raúl Muñoz Linares, el sargento viceprimero Luis Giovanni Torrijos, y dos Cabos(ibidem). Los intentos de la cúpula militar de dejar este crimen totalmente impune fueron muchos. Cabe recordar que la impunidad es parte del mecanismo del Terrorismo de Estado y por tanto son escasísimos los militares condenados en Colombia, y los pocos que han sido condenados lo son como “individuos descarriados”: señalados de “manzanas podridas dentro de la entidad militar”. Centenares de miles de víctimas esperan aún la condena a la entidad militar por sus Estrategias de Terrorismo de Estado. La impunidad garantiza la continuidad de la estrategia del terrorismo de Estado Es bajo la impunidad que la institución militar podrá seguir perpetrando la guerra sucia; por ello la cúpula militar incurre en declaraciones aberrantes: El general Navas indicó que el subteniente Raúl Muñoz habría cometido violaciones el 2 y 14 de octubre, pero que, según su confesión, “las dos relaciones fueron consentidas por las niñas”. El comandante del Ejército dijo que: “Todavía no hay un hecho que nos haga pensar sobre la responsabilidad directa”. (6) La violación y asesinato de los niños ocurrió a 254 metros del campamento militar, y matar a los niños y cavar los huecos requiere tiempo y control del área, por lo cual la versión de las “manzanas podridas en el ejército” es inverosímil. (7) Álvaro Torres, el papá de los tres niños, reclama justicia: "(...)la masacre de mis tres hijos no la realizó un solo militar, ese crimen lo cometieron varios militares... hay 7 morrales cundidos de sangre, salivas y semen… el delincuente Raúl Muñoz dice que él hizo uso de las dos niñas: de la de 13 años y de la hijita mía, pero ‘porque ellas aceptaron’… yo les pregunto a los señores de la fiscalía y a los militares, si sería que ella entonces estaría de acuerdo que la asesinaran a ella y a sus dos hermanitos, que eran mis queridos hijitos?"(8) Pero pese a las evidencias, las instituciones pretendieron hacer recaer toda la responsabilidad sobre un solo militar… y lo lograron. Fase 1: La impunidad logró hacer recaer la imputación judicial en un solo militar El único militar que resultó enjuiciado fue el subteniente Raúl Muñoz; la presión militar y los mass media se encargaron de dejar por fuera a los demás militares que en un inicio fueron mentados. No obstante haber logrado hacer recaer la responsabilidad del horrendo crimen en un solo militar, a sabiendas de que la impunidad de los demás supuestos implicados dejaría abierta la posibilidad de más atrocidades contra los niños de la región, eso no ha sido suficiente a ojos del aparato militar. La defensa del único imputado ha sido tomada en mano por la empresa DEMIL, que defiende a los militares, y es aparentemente habituada en maniobras dilatorias. La defensa argumenta la sordidez de que las niñas fueron consintientes a tener relaciones sexuales con el militar imputado. Cabe recordar las palabras del padre: “Muñoz dice que él hizo uso de las dos niñas: de la de 13 años y de la hijita mía, pero ‘porque ellas aceptaron’… yo les pregunto a los señores de la fiscalía y a los militares, si sería que ella entonces estaría de acuerdo que la asesinaran a ella y a sus dos hermanitos, que eran mis queridos hijitos?"(ibídem) Fase 2: amedrentar a la comunidad, impedir eventuales testimonios y encarcelar a los defensores de derechos humanos La cosa no para ahí. Para conseguir la impunidad total, el ejército ha realizado amenazas, censos, interrogatorios, fotografías, haciéndose incluso pasar por la Defensoría del Pueblo, falsedad para amedrentar a la comunidad de Arauca. Desde el inicio los familiares y comunidad han sido amenazados y vulnerados por la fuerza pública para impedir las denuncias. La cúpula militar implementó el mecanismo de eliminación de denunciantes, tan común en sus prácticas (recordemos sólo 2 casos: los asesinados y torturados por denunciar la fosa de la Macarena, y los testigos asesinados en el caso San José de Apartadó). El General Rafael Neira comandante de la Brigada18 del Ejército, profirió declaraciones amenazantes contra los denunciantes de la violación y asesinato de los niños: trató al Presidente de la Comisión de Paz y DDHH de la Asamblea Departamental, diputado Ferney Tique y al Presidente del CPDH-Arauca Martín Sandoval, de “irresponsables, que debían demostrar sus calumnias ante los estrados judiciales” y dijo que “los campesinos están siendo manipulados por la guerrilla, para que denuncien al ejército”.(9) Así denunció Humanidad Vigente parte de los atropellos y amenazas contra la comunidad: “Hacia finales del mes de enero 2011 personas de civil llegaron a la zona en un helicóptero militar y escoltados por militares que hacen presencia y control en este lugar adscritos a la Brigada Móvil 5, visitaron varias casas en donde habitan personas que han dado entrevista a la Fiscalía General de la Nación y son potenciales testigos de los hechos ocurridos el 2 de octubre y el 14 de octubre de 2010 (…) Estas personas de civil que portaban un chaleco camuflado les manifestaron a los pobladores ser de la Defensoría del Pueblo de Bogotá, negándose a exhibir identificación que los acreditara como funcionarios de esta entidad. Seguidamente, los supuestos funcionarios de la Defensoría comenzaron a tomar testimonios exhaustivos e incisivos sobre lo que sabían acerca de la violación de Jenny y su posterior asesinato junto a sus hermanos Jimmy y Jefferson, todos menores de edad.
En las entrevistas preguntaron insistentemente por una de las víctimas directas de estos hechos, la niña que denunció que fue abusada sexualmente el 2 de octubre y cuyo testimonio permitió la identificación y captura del Subteniente Raúl Muñoz, quién hoy se encuentra investigado por la Fiscalía 51 de la Unidad de Derechos Humanos. Así mismo, los habitantes de la zona informaron que varios de los militares que controlaban la zona los días en que fueron víctimas 2 niñas y 2 niños de la comunidad en octubre de 2010, continúan haciendo presencia en las veredas, haciendo comentarios y levantando falsos testimonios acerca de los delitos contra los niños y las niñas de Tame, creando confusión en los habitantes de las comunidades afectadas.” (10) La represión para evitar que las denuncias de los familiares y comunidad prosiguieran ha sido tal, que el estado colombiano ha incluso procedido a encarcelar líderes sociales de la región, con los reiteradamente denunciados “falsos positivos judiciales” o montajes judiciales. Así lo denuncia Humanidad Vigente: “El lunes 14 de marzo del 2011, José Antonio Toroca fue detenido por el presunto delito de rebelión y fue vinculado al proceso 65453 (… )Es de advertir que en este proceso penal se han cometido toda suerte de irregularidades (…) José Antonio Toroca se desempeña como presidente de la junta de acción comunal de la vereda Algarrobos y es el presidente del Distrito de Juntas Comunales del sector de Flor Amarillo municipio de Tame, lugar donde fueron abusadas sexualmente dos niñas y posteriormente asesinada una de ellas junto a sus dos hermanitos, en octubre de 2010. Como dirigente campesino y comunal, José Antonio Toroca ha liderado las denuncias y manifestaciones de rechazo por los crímenes cometidos contra niñas y niños en su región, en los que además, se investiga como presunto asesino y confeso violador al Subteniente Raúl Muñoz Linares, quién comandaba la patrulla 'Buitres 2' adscrita a la Brigada Móvil No 5 del Ejército Nacional. La detención de este líder campesino corresponde a otro montaje y 'falso positivo jurídico' de los tantos que se presentan en el departamento de Arauca como parte de una estrategia de persecución, hostigamiento e incluso retaliación contra las comunidades y líderes que valientemente han denunciado y emprendido protestas por todas las atrocidades que vienen cometiendo los miembros de la Brigada Móvil 5 del Ejército Nacional en el departamento.” (11) Fase 3: Dilatar las audiencias, tratar de lograr vencimiento de términos Parte de la impunidad la logra el ejército mediante trampas sistemáticas en los juicios (en los escasos casos en que se logra que militares sean llevados a juicio). Pero la jueza Gaona no se dejó corromper por los que están interesados en la impunidad absoluta para el ejército de Colombia. “ Entre esas maniobras dilatorias se encuentran la renuncia de 4 abogados en 5 meses, la solicitud de suspensión de audiencia en 2 ocasiones, la asistencia de las abogadas defensoras a la audiencia preparatoria sin los documentos pertinentes, la no remisión del militar a Saravena en las fechas indicadas, que buscan la libertad del único detenido por vencimiento de términos, tal como fue advertido por la jueza en su última intervención en este proceso.” (12) Fase 4: Si la Juez no acepta las manipulaciones y maniobras, proceder a asesinarla A continuación el comunicado de Humanidad Vigente acerca del asesinato de la Jueza de Gloria Constanza Gaona (13): la Jueza que hasta ahora había impedido la impunidad del único militar que por ahora no había logrado impunidad en el caso de las violaciones y asesinatos de los niños de Arauca. Es de recordar que el testimonio de la otra niña violada es clave, y se teme por su vida.
(Rebelión. 25 / 03 / 2011)
jueces incorruptibles son lamentablemente algo sistemático: “en Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.” (2) El sicario invisible a los ojos de la fuerza pública Los hechos se registraron el 22 de marzo 2011, en pleno centro del municipio de Saravena, en un lugar altamente militarizado, en momentos en que la Jueza descendía de un vehículo de transporte público: el sicario le disparó a quemarropa. No obstante la omnipresencia de la fuerza pública en el centro Saravena, el sicario logró huir, en lo que aparece como un eslabón más en la cadena de impunidades de la cual este asesinato es una pieza fundamental. Humanidad Vigente señala: “ Este nuevo crimen se enmarca en la clara falta de garantías con que en Colombia se administra justicia y aún mas en un departamento como Arauca que cuenta con el mayor nivel de militarización de todo el país. (…) No se puede admitir que a plena luz del día y con alta presencia militar y policial un sicario a pie pudiera ultimar a la jueza y salir del sector comercial sin ningún contratiempo . ”(3) La juez había denunciado maniobras dilatorias y había pedido que se investigara a empresa de defensa militar
La Jueza Gaona había denunciado que los abogados del militar imputado usaban maniobras dilatorias para lograr impunidad en el caso del asesinato de los niños de Arauca. L a juez no aceptó el vencimiento de términos buscado por maniobras de la defensa militar (4). La Juez incluso pidió al Consejo Superior de la Judicatura que se investigue disciplinariamente a las abogadas del militar y a la empresa de defensoría militar DEMIL: “(…) que se tomen las medidas necesarias para que las profesionales que aquí están actuando en estas diligencias como defensa del acusado no vuelvan a incurrir en causales como estas de suspensiones de audiencias”. Humanidad Vigente que representa a las víctimas denuncia que es una estrategia sistemática de la oficina DEMIL para que salgan libres por vencimiento de términos militares acusados de violaciones a los derechos humanos: “es una maniobra socorrida que está utilizando al defensa militar en casos d
e ejecuciones extrajudiciales, de ir cambiando sistemáticamente a los abogados de la defensa (…)” (ibídem). Tal como advirtió el padre de los tres niños violados por el ejército colombiano, parte de la impunidad la lograría el ejército mediante trampas en el juicio. Al parecer, cómo la jueza Gloria Constanza Gaona no se dejó corromper ni amedrentar, los que están interesados en la impunidad absoluta para el ejército en Colombia, incluso en casos de violación y asesinato de niños, procedieron a asesinarla. “La masacre de mis tres hijos no la realizó un solo militar, ese crimen lo cometieron varios militares... hay 7 morrales cundidos de sangre, salivas y semen.” Declaraba Álvaro Torres, padre de los niños, a escasos días de que sus hijos fueran encontrados en una fosa común. El crimen: violación y asesinato con sevicia, al parecer perpetrado por varios militares
El 14 de octubre 2010, tres niños, de 6, 9 y 14 años, fueron secuestrados, violados y asesinados; implicados soldados de la Decimoctava Brigada del Ejército colombiano, adscritos a la Brigada Móvil 5 . Este crimen ocurre en Arauca, zona particularmente rica de Colombia, que el Estado ha militarizado intensivamente con el fin de reprimir a la población descontenta del saqueo que perpetran varias multinacionales entre las cuales BP, Repsol, la Occidental Petroleum. Los cuerpitos torturados de Jefferson Torres, Jimmy Torres y Jenny Torres fueron encontrados en una fosa común. Se encontró sangre en los morrales de al menos 7 de los 60 soldados de esa unidad del ejército, y semen en los cuerpitos acuchillados de los niños (5). Además al menos 8 militares presentaron rasguños. Se trata de un crimen realizado por unos hombres amparados por la impunidad y la costumbre a las prácticas del Terrorismo de Estado. Los militares que fueron objeto de investigación: el teniente coronel Germán Belarcázar, el teniente coronel James E. Pineda, el mayor J. Alberto Granados, el subteniente Raúl Muñoz Linares, el sargento viceprimero Luis Giovanni Torrijos, y dos Cabos(ibidem). Los intentos de la cúpula militar de dejar este crimen totalmente impune fueron muchos. Cabe recordar que la impunidad es parte del mecanismo del Terrorismo de Estado y por tanto son escasísimos los militares condenados en Colombia, y los pocos que han sido condenados lo son como “individuos descarriados”: señalados de “manzanas podridas dentro de la entidad militar”. Centenares de miles de víctimas esperan aún la condena a la entidad militar por sus Estrategias de Terrorismo de Estado. La impunidad garantiza la continuidad de la estrategia del terrorismo de Estado Es bajo la impunidad que la institución militar podrá seguir perpetrando la guerra sucia; por ello la cúpula militar incurre en declaraciones aberrantes: El general Navas indicó que el subteniente Raúl Muñoz habría cometido violaciones el 2 y 14 de octubre, pero que, según su confesión, “las dos relaciones fueron consentidas por las niñas”. El comandante del Ejército dijo que: “Todavía no hay un hecho que nos haga pensar sobre la responsabilidad directa”. (6) La violación y asesinato de los niños ocurrió a 254 metros del campamento militar, y matar a los niños y cavar los huecos requiere tiempo y control del área, por lo cual la versión de las “manzanas podridas en el ejército” es inverosímil. (7) Álvaro Torres, el papá de los tres niños, reclama justicia: "(...)la masacre de mis tres hijos no la realizó un solo militar, ese crimen lo cometieron varios militares... hay 7 morrales cundidos de sangre, salivas y semen… el delincuente Raúl Muñoz dice que él hizo uso de las dos niñas: de la de 13 años y de la hijita mía, pero ‘porque ellas aceptaron’… yo les pregunto a los señores de la fiscalía y a los militares, si sería que ella entonces estaría de acuerdo que la asesinaran a ella y a sus dos hermanitos, que eran mis queridos hijitos?"(8) Pero pese a las evidencias, las instituciones pretendieron hacer recaer toda la responsabilidad sobre un solo militar… y lo lograron. Fase 1: La impunidad logró hacer recaer la imputación judicial en un solo militar El único militar que resultó enjuiciado fue el subteniente Raúl Muñoz; la presión militar y los mass media se encargaron de dejar por fuera a los demás militares que en un inicio fueron mentados. No obstante haber logrado hacer recaer la responsabilidad del horrendo crimen en un solo militar, a sabiendas de que la impunidad de los demás supuestos implicados dejaría abierta la posibilidad de más atrocidades contra los niños de la región, eso no ha sido suficiente a ojos del aparato militar. La defensa del único imputado ha sido tomada en mano por la empresa DEMIL, que defiende a los militares, y es aparentemente habituada en maniobras dilatorias. La defensa argumenta la sordidez de que las niñas fueron consintientes a tener relaciones sexuales con el militar imputado. Cabe recordar las palabras del padre: “Muñoz dice que él hizo uso de las dos niñas: de la de 13 años y de la hijita mía, pero ‘porque ellas aceptaron’… yo les pregunto a los señores de la fiscalía y a los militares, si sería que ella entonces estaría de acuerdo que la asesinaran a ella y a sus dos hermanitos, que eran mis queridos hijitos?"(ibídem) Fase 2: amedrentar a la comunidad, impedir eventuales testimonios y encarcelar a los defensores de derechos humanos La cosa no para ahí. Para conseguir la impunidad total, el ejército ha realizado amenazas, censos, interrogatorios, fotografías, haciéndose incluso pasar por la Defensoría del Pueblo, falsedad para amedrentar a la comunidad de Arauca. Desde el inicio los familiares y comunidad han sido amenazados y vulnerados por la fuerza pública para impedir las denuncias. La cúpula militar implementó el mecanismo de eliminación de denunciantes, tan común en sus prácticas (recordemos sólo 2 casos: los asesinados y torturados por denunciar la fosa de la Macarena, y los testigos asesinados en el caso San José de Apartadó). El General Rafael Neira comandante de la Brigada18 del Ejército, profirió declaraciones amenazantes contra los denunciantes de la violación y asesinato de los niños: trató al Presidente de la Comisión de Paz y DDHH de la Asamblea Departamental, diputado Ferney Tique y al Presidente del CPDH-Arauca Martín Sandoval, de “irresponsables, que debían demostrar sus calumnias ante los estrados judiciales” y dijo que “los campesinos están siendo manipulados por la guerrilla, para que denuncien al ejército”.(9) Así denunció Humanidad Vigente parte de los atropellos y amenazas contra la comunidad: “Hacia finales del mes de enero 2011 personas de civil llegaron a la zona en un helicóptero militar y escoltados por militares que hacen presencia y control en este lugar adscritos a la Brigada Móvil 5, visitaron varias casas en donde habitan personas que han dado entrevista a la Fiscalía General de la Nación y son potenciales testigos de los hechos ocurridos el 2 de octubre y el 14 de octubre de 2010 (…) Estas personas de civil que portaban un chaleco camuflado les manifestaron a los pobladores ser de la Defensoría del Pueblo de Bogotá, negándose a exhibir identificación que los acreditara como funcionarios de esta entidad. Seguidamente, los supuestos funcionarios de la Defensoría comenzaron a tomar testimonios exhaustivos e incisivos sobre lo que sabían acerca de la violación de Jenny y su posterior asesinato junto a sus hermanos Jimmy y Jefferson, todos menores de edad.
En las entrevistas preguntaron insistentemente por una de las víctimas directas de estos hechos, la niña que denunció que fue abusada sexualmente el 2 de octubre y cuyo testimonio permitió la identificación y captura del Subteniente Raúl Muñoz, quién hoy se encuentra investigado por la Fiscalía 51 de la Unidad de Derechos Humanos. Así mismo, los habitantes de la zona informaron que varios de los militares que controlaban la zona los días en que fueron víctimas 2 niñas y 2 niños de la comunidad en octubre de 2010, continúan haciendo presencia en las veredas, haciendo comentarios y levantando falsos testimonios acerca de los delitos contra los niños y las niñas de Tame, creando confusión en los habitantes de las comunidades afectadas.” (10) La represión para evitar que las denuncias de los familiares y comunidad prosiguieran ha sido tal, que el estado colombiano ha incluso procedido a encarcelar líderes sociales de la región, con los reiteradamente denunciados “falsos positivos judiciales” o montajes judiciales. Así lo denuncia Humanidad Vigente: “El lunes 14 de marzo del 2011, José Antonio Toroca fue detenido por el presunto delito de rebelión y fue vinculado al proceso 65453 (… )Es de advertir que en este proceso penal se han cometido toda suerte de irregularidades (…) José Antonio Toroca se desempeña como presidente de la junta de acción comunal de la vereda Algarrobos y es el presidente del Distrito de Juntas Comunales del sector de Flor Amarillo municipio de Tame, lugar donde fueron abusadas sexualmente dos niñas y posteriormente asesinada una de ellas junto a sus dos hermanitos, en octubre de 2010. Como dirigente campesino y comunal, José Antonio Toroca ha liderado las denuncias y manifestaciones de rechazo por los crímenes cometidos contra niñas y niños en su región, en los que además, se investiga como presunto asesino y confeso violador al Subteniente Raúl Muñoz Linares, quién comandaba la patrulla 'Buitres 2' adscrita a la Brigada Móvil No 5 del Ejército Nacional. La detención de este líder campesino corresponde a otro montaje y 'falso positivo jurídico' de los tantos que se presentan en el departamento de Arauca como parte de una estrategia de persecución, hostigamiento e incluso retaliación contra las comunidades y líderes que valientemente han denunciado y emprendido protestas por todas las atrocidades que vienen cometiendo los miembros de la Brigada Móvil 5 del Ejército Nacional en el departamento.” (11) Fase 3: Dilatar las audiencias, tratar de lograr vencimiento de términos Parte de la impunidad la logra el ejército mediante trampas sistemáticas en los juicios (en los escasos casos en que se logra que militares sean llevados a juicio). Pero la jueza Gaona no se dejó corromper por los que están interesados en la impunidad absoluta para el ejército de Colombia. “ Entre esas maniobras dilatorias se encuentran la renuncia de 4 abogados en 5 meses, la solicitud de suspensión de audiencia en 2 ocasiones, la asistencia de las abogadas defensoras a la audiencia preparatoria sin los documentos pertinentes, la no remisión del militar a Saravena en las fechas indicadas, que buscan la libertad del único detenido por vencimiento de términos, tal como fue advertido por la jueza en su última intervención en este proceso.” (12) Fase 4: Si la Juez no acepta las manipulaciones y maniobras, proceder a asesinarla A continuación el comunicado de Humanidad Vigente acerca del asesinato de la Jueza de Gloria Constanza Gaona (13): la Jueza que hasta ahora había impedido la impunidad del único militar que por ahora no había logrado impunidad en el caso de las violaciones y asesinatos de los niños de Arauca. Es de recordar que el testimonio de la otra niña violada es clave, y se teme por su vida.
(Rebelión. 25 / 03 / 2011)