Hoy, 27 de septiembre, es una fecha que nos recuerda la dignidad de una lucha contra la dictadura y la represión promovida y desarrollada por el ge- nocida y criminal Francisco Franco. En este día, hace 35 años, fueron segadas las vidas de cinco antifascistas que combatían al régimen autoritario implantado por este general golpista alzado en armas contra el legítimo Gobierno republicano.
El «genocidio» o asesinato de masas es un delito internacional que consiste en la comisión, por funcionarios del Estado o particulares, de un exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos de nacionalidad, ideas políticas, etnia, raza o religión. Asimismo, se define el «terrorismo de estado» como la utilización por parte de un gobierno de métodos ilegítimos como la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, la tortura, el asesinato o ejecución extrajudicial, empleando recursos policiales, parapoliciales o paramilitares, orientados a inducir el miedo en una población civil determinada para alcanzar sus objetivos sociales, políticos o militares, o fomentar comportamientos que de otra forma no se producirían. ¿Alguien puede negar el empleo de esos métodos por el régimen franquista? ¿Alguien pone en duda que en Euskal Herria se persiguió y masacró todo ideario de izquierdas, abertzale o independentista? Ninguna persona objetiva puede ponerlo en tela de juicio.
Pero ante tal evidencia, ante las atrocidades y crímenes de lesa humanidad cometidos, es vergonzosa la impunidad de la que gozan a día de hoy los impulsores e integrantes de aquel régimen franquista, ocupando aún cotas y puestos de poder relevantes, y que ha originado una situación que se ha venido a denominar «modelo español de impunidad».
Un modelo de impunidad basado en una ley de punto final, mal llamada de amnistía, que va en contra de la legislación y derecho internacional, o en una Ley de Memoria que impide acceder a la verdad y nos niega el derecho a la justicia y a la reparación, y que la mayoría de asociaciones memorialistas denunciamos por tardía e insuficiente, además de discriminatoria, que lejos de reparar y cerrar heridas, las abre y hace más profundas.
Tenemos una tarea: recuperar la memoria, que no la dignidad que nunca perdieron, de todas las personas represaliadas por la rebelión y dictadura franquista que, al contrario de lo que nos quieren hacer ver, no acabó ni con la muerte del dictador ni tras la llamada transición y posterior implantación de la Constitución. Hay signos y evidencias reales de la pervivencia y aplicación de prácticas franquistas durante los años posteriores a la desaparición de Franco, un periodo de indefinición que ha venido a denominarse «franquismo constitucional».
La matanza del 3 de marzo fue uno de los episodios más significativos de aquella continuidad franquista, pero fueron muchas más las agresiones posteriores: Montejurra, sanfermines del 78, Gladys del Estal, Lasa y Zabala y un largo etcétera de casos que se podrían nombrar.
En ningún momento hubo una ruptura con el régimen anterior ni se garantizó la no repetición de actuaciones pasadas. Por el contrario, la represión prosiguió, se utilizó la guerra sucia y se continuó con la conculcación y vulneración de toda clase de derechos y libertades. Todas y todos conocemos lo sucedido y cómo Euskal Herria lo sufrió de manera especial.
Estamos en un momento de ilusión para poner fin a una situación generada a raíz de la rebelión franquista. La aplicación de plenos derechos unida al respeto que como pueblo nos asiste a decidir nuestro futuro daría un impulso irreversible a la resolución de un conflicto que tanto sufrimiento ha causado, y con ello a alcanzar la paz tan deseada en un espacio pleno de libertad.
Vaya desde aquí nuestro mayor reconocimiento a los gudaris caídos en todos los tiempos y lugares en la lucha contra el franquismo y la opresión y a favor de instaurar una total y real democracia.
(*)Junto a Eva Barroso Chaparro y Andoni Txasko Díaz, también firma este artículo José Luís Mtz. Ocio, igualmente miembro de la Asociación 3 de Marzo