La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, tan sólo contempla ayudas para las víctimas mortales o personas que quedaron incapacitadas a consecuencia de la represión franquista entre los años 1961 y 1977. En esos 16 años se produjeron en Euskal Herria 85 muertes atribuibles, en su gran mayoría, a actuaciones policiales, pero sólo las familias de nueve de esas víctimas han podido acogerse a la ley aprobada por el Congreso español. Sin embargo, concluido el plazo de apenas un mes concedido para ello, y debido a la desinformación y la falta de facilidades, sólo nueve familias han logrado pedir estas ayudas, según la denuncia de Ahaztuak.
De estas nueve víctimas, tres se produjeron en 1969. Se trata de Félix Arnaiz Maeso, muerto el 3 de agosto de ese año a consecuencia de los disparos de un policía español durante un forcejeo con los vecinos mientras se celebraban las fiestas de Romo (Getxo).
El 28 de octubre de ese mismo año caían muertos en Erandio Antón Fernández y Josu Murueta, cuando la Policía española y la Guardia Civil disolvían a tiros las protestas vecinales contra la contaminación atmosférica.
También se han acogido a dichas ayudas los familiares de Roberto Pérez Jauregi, que resultó muerto el 4 de diciembre de 1970 a consecuencia de los disparos efectuados por la Policía española contra una manifestación de protesta por el Proceso de Burgos.
En 1975 se produjeron otras dos víctimas mortales de la represión franquista cuyas familias han reclamado indemnizaciones. Se trata de Blanca Salegi e Iñaki Garai, que perdieron la vida a consecuencia de los disparos efectuados por agentes de la Guardia Civil cuando penetraron en una casa de Gernika donde se encontraba refugiado un miembro de ETA.
También han exigido este derecho familiares de Angel Otaegi y Jon Paredes, Txiki, fusilados el 27 de setiembre de 1975.
El 8 de marzo de 1976 los disparos de la Guardia Civil acabaron con la vida de Vicente Antón Ferrero en el transcurso de una manifestación celebrada en Basauri para denunciar la muerte de cinco trabajadores en Gasteiz el día 3 de ese mes, después de que la Policía española disparase contra la multitud de obreros que se habían reunido en la iglesia de San Francisco.
A pesar de que estas muertes se produjeron después del fallecimiento del dictador, la Ley 52/2007 contempla la posibilidad de que sus familiares se acojan a dichas indemnizaciones porque los hechos se produjeron antes de la denominada Ley de Amnistía.
«Todo lo sucedido a partir de 1978 se supone que está amparada por otro tipo de leyes», explica Ahaztuak, al tiempo que constata que quedan fuera de estas indemnizaciones las víctimas de la represión franquista fallecidas con anterioridad al 1 de enero de 1968. Aun así, el informe elaborado por esta asociación incluye la muerte de otras dos personas en 1961 y 1967 a consecuencia de actuaciones policiales.
«Arbitrariedad»
A juicio de Ahaztuak, aparte de las trabas prácticas, un aspecto que no define la ley y que produce «arbitrariedad» es la definición del concepto de «fallecidos en defensa de la democra- cia. No sólo porque se reservan el derecho a veto a las personas que militaban en organizaciones armadas antifranquistas, sino porque las víctimas de la represión no siempre fallecen desarrollando una actividad concreta `en defensa de la democracia', ya que las víctimas no eligen cuándo son víctimas».
El PNV defenderá mañana en el Congreso una moción para instar al Gobierno a que los familiares de militantes de ETA fusilados o heridos en la dictadura cobren indemnizaciones.
(Gara. 16 / 11 / 09)