Más de 2.500 personas desaparecidas en la CAV, 1.100 de ellas en Gipuzkoa. Ésas son, según datos facilitados por Aranzadi, las cifras que dejó la Guerra Civil en forma de asesinatos cometidos "irregularmente", es decir, fuera de una acción de combate. Fusilados en su mayor parte después de ser detenidos y encarcelados tras el alzamiento militar de 1936, todos ellos componen el listado de víctimas no oficiales, de los muertos sin nombre que dejó la represión de esos años.
El paso del tiempo y la labor de familiares e investigadores ha permitido localizar los restos de muchos de ellos. Otros, en cambio, siguen sin tener un lugar de descanso. Las dificultades y el oscurantismo han marcado, hasta la fecha, el descubrimiento de un camino que no por desconocido ha dejado de recorrerse. Al menos, así lo aseguran muchos de quienes se han sumergido en ese proceso. Convencidos de ello, y de que la justicia les asiste, varias familias han recurrido a ese poder judicial para reclamar, cuando menos, el reconocimiento de los hechos.
La solicitud realizada a principios de esta semana por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para recabar información con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes ha supuesto un antes y un después. "Es positiva, sobre todo, porque refuerza lo que reclamaban muchas familias. Cada paso que se da es un avance", asegura Paco Etxeberria, director de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que ha exhumado desde el año 2000 restos de más de 300 víctimas de la Guerra Civil.
Etxeberria recuerda que "a cualquier víctima" le asisten unos derechos y sostiene que, en este caso, uno de ellos no se está cumpliendo. "Existen tres pilares: el derecho a conocer la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. ¿Qué está ocurriendo con la intervención de Garzón? Que se ha puesto en marcha, quizás, el pilar de esos tres que hasta el presente no funcionaba, el de la justicia. El conocimiento de la verdad se desarrolla a base de colaboraciones, del trabajo de universitarios y académicos, del impulso político... y el de la reparación se lleva a cabo con actos de reconocimiento público, publicaciones u homenajes. Faltaba el de la justicia", señala.
Así, aunque reconoce no saber "cómo evolucionará" esa solicitud, sí cree que servirá, al menos, para otorgar una mayor tutela, garantía y coordinación en la investigación de los hechos. Para que, entre otras cosas, la Policía Judicial pueda ir a un archivo eclesiástico y, si se niega a facilitar información, presentar una orden.
Sin rastro de algunos
En su opinión, Garzón pretende acreditar tres cosas. "Primero, que aquellas desapariciones fueron generalizadas en toda España. Segundo, que fueron muertes violentas, verdaderos crímenes. Y tercero, que hasta ahora, en 70 años, a esas víctimas nadie les ha hecho caso. Hay ejemplos de personas a las que ni siquiera se les inscribió en el registro civil, de las que no había documento oficial que acreditara su muerte", apunta.
Agrega, además, que lo que ha hecho el magistrado no está muy lejos de lo que dice la Ley de la Memoria Histórica, que los archivos se tienen que hacer públicos a todos cuantos necesiten información para aclarar estos temas. "No puede haber un archivo que te escatime información. No sólo los de Salamanca, sino los de las instituciones penitenciarias o los de la Policía. Y no me extraña que haya dado órdenes para que se vaya a algunos ayuntamientos que no estaban facilitando información o a la Iglesia, al Valle de los Caídos, desde donde no se estaba queriendo ofrecer esa información", opina.
En relación a los listados de víctimas, asegura que en la actualidad existen algunos "muy aproximados" en cada provincia, gracias en buena parte a la labor realizada por académicos, historiadores y gente del ámbito universitario. "Ahora Garzón quiere recogerlos todos", comenta.
A juicio de Marcelo Álvarez, portavoz del colectivo Ahaztuak 1936-1977, que trabaja para recuperar la memoria de todas esas víctimas, la decisión del magistrado "deja en evidencia el vacío existente hasta hoy día en el Estado español en lo que respecta a cauces y medidas reales para la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo". "Estos hechos muestran que el compromiso de tantas personas está dando sus frutos, que no sólo hemos conseguido mantener el debate sobre la denuncia política del franquismo y sus consecuencias, sino que cada vez es más evidente la necesidad de seguir reivindicando la memoria de todos los represaliados como una herramienta democrática de presente y futuro", afirma.
(Noticias de Gipuzkoa. 06 / 09 / 08)