En sendos comunicados, ambos colectivos afirmaron que el texto diseñado por el Gobierno de Gasteiz no atiende a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. «Los responsables de los cri
menes de lesa humanidad siguen impunes, protegidos por el propio Estado», subrayó Lau Haizetara Gogoan.
Asimismo, ambas agrupaciones memorialistas lamentaron que el escrito este delimitado temporalmente entre los años 1968 y 1978. Para Ahaztuak, dichos parámetros temporales dejan fuera del decreto a personas como Javier Batarrita o José Rey, víctimas de la violencia estatal.
En el mismo sentido, Lau Haizetara señaló que el establecimiento de un ámbito temporal es «absurdo desde el punto de vista histórico, sociológico y político». «Procede, de modo injusto, a reconocer como víctimas, con los derechos inherentes, a un número determinado de personas y niega esta condición a otras, también víctimas del mismo régimen», añadió.
Víctimas sí o no
Además, las dos asociaciones cargaron contra la «consideración» de víctimas propuesta por Lakua. Según el decreto, se niega dicha consideración a «aquellas personas que pudieran haber resultado fallecidas o heridas como consecuencia de la propia realización de actos violentos».
Tal como explicó Lau Haizetara Gogoan, esta exclusión «no se hace desde la perspectiva de un Estado de Derecho democrático, ya que los actos son calificados como violentos e ilegítimos en base a la legalidad del propio régimen totalitario franquista».
(Gara. 22 / 02 / 2012)