Desde Ahaztuak 1936-1977, asociación de victimas del golpe de estado, de la represión y del régimen franquista, hemos tenido conocimiento a traves de diferentes medios de comunicación del decreto que desde el Gobierno de Gasteiz parece estar prácticamente últimado en relación a las victimas que la violencia de los cuerpos represivos del Estado en su versión uniformada o “incontrolada” produjeron en la CAV entre los años 1968 y 1978.
Ante ello y en una primera valoración de urgencia debemos comenzar volviendo a expresar nuestro malestar por la forma en la que se ha elaborado o esta elaborando dicho decreto, sin haber realizado hasta hoy ningún contraste con las propias victimas a las que supuestamente va dirigido ni con las asociaciones que las representamos, sin haber abierto por tanto la posibilidad a nuestras aportaciones en ningún sentido. Nos parece preocupante tener que decir que desde fines del pasado verano estamos esperando ser convocados por parte de quienes estan elaborando este decreto, algo que según sus propias declaraciones a los medios de comunicación iban a hacer en Septiembre u Octubre del pasado año, algo que sin embargo no se ha producido hasta el día de hoy.
Dicho esto y ya en referencia a lo que sabemos, esto es, a lo que hemos leido, debemos volver a trasladar a las personas elaboradoras de dicho documento y a los ámbitos políticos e institucionales a los que pertenecen nuestra exigencia de que eliminen de entre las que definen como aspiraciones del decreto que han elaborado el de “devolver la dignidad” a las victimas a las que se refiere, toda vez que ninguna de ellas la hemos perdido núnca: si acaso son las instituciones y los politicos que hasta hoy nos siguen manteniendo a nosotr@s en el olvido y a nuestros victimarios en la impunidad los que deberían intentar recuperar esa dignidad.
Asimismo, y ya en relación a lo que los medios de comunicación han adelantado como contenidos de este decreto son varias cuestiones las que nos preocupan. La primera es volver a constatar cómo una iniciativa que de partida dice asumir el papel de servir de instrumento de “declaración y reparación de las victimas que la violencia estatal produjo en la CAV entre 1968 y 1978” parece apuntar a ser nuevamente un instrumento para la exclusión de muchas de esas víctimas, desde dos perspectivas distintas: una primera que se concreta al marcar de forma absolutamente arbitraria unos parámetros temporales que “dejan fuera” de consideración a varias de estas victimas -Javier Batarrita, José Rey, Lorenzo Sarasola...- negandoles de esa forma una vez más sus derechos a la verdad, a la reparación y a la justicia. La segunda toma cuerpo cuando se excluye una vez más a todas aquellas victimas relacionadas con cualquiera de las organizaciones político-militares que en el periodo temporal que contempla dicho decreto enfrentaban de forma armada al régimen dictatorial. Asi y al igual que ocurrió con la “Ley de Memoria Histórica”, Jon Paredes Manot “Txiki” y Angel Otaegi serán una vez maś el paradigma de dicha exclusión al seguir negándoseles tanto su condición de luchadores antifascistas como la de victimas del franquismo a pesar de ser dos de los ultimos fusilados por ese régimen.
Tambien debemos remarcar, al hilo de lo que los medios de comunicación han reflejado, que desde este decreto se contemplará como único parámetro de reparación la percepción de una determinada cantidad económica, no planteando ningúna medida contra la impunidad de las personas -cargos políticos, policiales, judiciales, militares- que tuvieran alguna reponsabilidad en los hechos que convirtieron a las victimas en tales. Esto además en un momento en el que la denuncia del modelo español de impunidad y la constatación de la gravedad de la persistencia de dicho modelo esta más presente que nunca -causa abierta desde Argentina contra diferentes responsables franquistas, caso de los miles de bebes arrebatados a sus padres...- y cuando la aplicación de los parámetros de justicia universal y de los de persecución de los crimenes cometidos por cualquier régimen fascista, el franquista incluido, deberían ser la base de cualquier normativa que desde cualquier institución pretenda ofrecer verdad, reparación y justicia a las victimas del franquismo, algo que desgraciadamente este decreto al igual que otras normativas anteriores parece seguir empeñado en desconocer.
Leemos en el día de hoy que parlamentarios y cargos institucionales y politicos de la CAV han viajado a Argentina y Chile y alli han visitado diferentes lugares relacionados con la memoria de las victimas de los golpes militares argentino y chileno, declarando a la vuelta que “no se puede repetir la desmemoria de la Transición”.
Desde Ahaztuak 1936-1977, desde las victimas del reǵimen franquista, les pedimos que lo pongan en práctica desde ahora planteando este decreto desde parámetros no excluyentes y no sólo discursivos sino efectivos y que cumplan con la demandas de verdad, justicia y reparación para todas las victimas del franquismo y por supuesto para todas las personas que lucharon contra ese régimen.
AHAZTUAK 1936-1977
(Enviado a todos los diarios de la CAV y Navarra)