AL HILO DE LA PETICIÓN POR PARTE DE LA JUEZA ARGENTINA MARIA SERVINI DE INFORMACIÓN SOBRE MANUEL FRAGA POR SUS RESPONSABILIDADES EDENTRO DEL RÉGIMEN FASCISTA DEL DICTADOR FRANCISCO FRANCO, RECUPERAMOS PARA NUESTROS SEGUIDORES ESTE INTERESANTE ARTICULO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO "EL OTRO PAIS" EN EL AÑO 2006.
“Asesinos de razones y de vidas, / que nunca tengáis reposo a lo largo de vuestros días / y que en la muerte os persigan nuestras memorias”. (Lluis Llach, 3 de marzo de 1976: “Campanades a morts”).
El 3 de marzo del 1976, miércoles de ceniza, tiene lugar en Vitoria una de las más terribles matanzas de la Transición. Fraga se encuentra ese día de visita oficial en Bonn, negociando con el gobierno germano los pasos de la apertura, siempre con la intención de dejar fuera de la ley a los comunistas. La policía toma al asalto la parroquia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga de la capital alavesa, donde se celebraba una asamblea. El resultado es de cinco obreros muertos y más de cien personas heridas.
Desde enero de ese año se están produciendo fuertes movilizaciones de trabajadores a lo largo de toda España. En Vitoria, donde se ha desarrollado un movimiento obrero fuertemente organizado y muy reivindicativo, la tensión alcanza cotas muy altas. Se produce el cierre patronal de varias empresas grandes: Forjas Alavesas y Mevosa, entre otras. Y Apellániz despide a todos sus empleados. Tras más de mes y medio de paros, se dan los primeros enfrentamientos graves de los obreros con la policía.
GASEAR LA IGLESIA
El 3 de marzo, cuando se cumplen 54 días de huelga, la capital alavesa queda paralizada. Desde los barrios periféricos (Adurna, Arana, Zaramaga, Ariznavarra, Botono) se organizan columnas de trabajadores, a los que se suman profesores de EGB, que se dirigen al centro, y allí tienen lugar las primeras escaramuzas con la Fuerza Pública. La policía dispara balas de goma y los manifestantes responden con piedras. Se derriban farolas y comienzan a construirse barricadas. A las tres de la tarde, los accesos a la ciudad quedan bloqueados. Dos horas después, se convoca una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís. El templo está abarrotado y en el exterior se concentran miles de personas. La Policía Armada ordena desalojar el recinto y los agentes comienzan a lanzar botes del humo al interior, a través de las cristaleras, que provocan el pánico general. Al intentar salir, los participantes en la asamblea empujan a los trabajadores concentrados fuera hacia las posiciones tomadas por la policía, que comienza a disparar indiscriminadamente con fuego real. Se consuma la tragedia. A través de la emisora policial, alguien dice: “Esto es la guerra en pleno, se nos están terminando la munición y las granadas”.
Se conservan cintas grabadas que describen muy bien cuál es la actitud de los mandos de la fuerza pública en ese momento:
Pero, vamos a ver: ¿Estáis cargando o qué?
Sí, a tope.
Gasear la iglesia...
En ese mismo momento mueren Francisco Aznar Clemente, que recibe un disparo. Tenía 18 años y trabajaba en la Panificadora Vitoriana. Pedro María Martínez Ocio, de 37 años, trabajador de Forjas Alavesas, cae muerto con tres balas en el cuerpo.
Cien trabajadores resultan heridos, algunos de gravedad. La noticia del tiroteo y de los muertos y heridos que se han producido corre por toda la ciudad. El hospital Santiago Apóstol, la Residencia Arana, de la Seguridad Social y la Policlínica La Previsora comienzan a llenarse de heridos de bala.
La emisora de la policía canta victoria: “Hemos contribuido a la paliza más grande de la Historia. Por cierto, aquí ha habido una masacre. Oye, pero de verdad, una masacre”.
El caos se apodera de la ciudad: se derriban farolas, semáforos, señales de tráfico y cabinas telefónicas. Se vuelcan automóviles, se montan barricadas y Vitoria queda paralizada. Hay grupos de obreros que se defienden con cócteles molotov. Lanzan algunos de ellos contra las sedes de los sindicatos verticales y contra la comisaría, instalada en el Gobierno Civil.
En Madrid, mientras tanto, el Gobierno de Arias Navarro debate el proyecto de Asociaciones Políticas. Está presente en la reunión Adolfo Suárez, que es el responsable del Orden Público en ausencia de Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, de viaje en Alemania.
Cuando llegan las primeras noticias de la masacre, Suárez se reúne con Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia y Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales. Arias Navarro quiere decretar el estado de excepción pero le convencen de que no lo haga. Deciden mandar refuerzos de policías antidisturbios y varias dotaciones de guardias civiles desde otras provincias.
Continúan produciéndose disturbios durante todo el día y, por fin, la Policía se hace con el control de la ciudad. Son detenidos los líderes sindicales y decenas de trabajadores.
El día siguiente, jueves 4 de marzo, muere otro trabajador herido en los incidentes de la iglesia, Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años, empleado de Agrator.
El viernes 5 de marzo se oficia el funeral por los muertos. Lo preside el obispo monseñor Peralta Ballabriga. No hay policías en las inmediaciones, pero la fuerza pública permanece preparada para intervenir en el interior del Regimiento de Artillería 25, situado en el centro de la ciudad.
El sábado 6 de marzo Fraga llega a Vitoria y visita a las víctimas de la represión que permanecen en uno de los hospitales de la ciudad. Los familiares de los internos le increpan y uno de ellos le pregunta si está allí para rematar a los heridos.
Días después, fallecen dos trabajadores más a consecuencia de las graves heridas de bala que sufren: José Castillo García, de 32 años, empleado de Basa, casado y con dos hijos, y Bienvenido Perea. A lo largo de la primera semana de marzo se producen otros dos muertos, en Tarragona y Basauri, en manifestaciones convocadas para protestar por la actuación policial durante los sucesos de Vitoria. El día 5, Juan Gabriel Rodrigo Knafo, de 19 años, cae desde una azotea, en Tarragona, mientras intenta escapar de la policía, durante una manifestación en protesta por los sucesos de Vitoria. Y el 8 de marzo, durante otra manifestación de repulsa, ésta en Basauri, muere por disparos de la Guardia Civil Antonio Ferrero, obrero de 18 años.
La represión policial se ha vuelto a utilizar con el objetivo de frenar el movimiento obrero mediante la coacción y la violencia. En el más puro estilo del ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, y del titular de Gobernación, Manuel Fraga, que hace siniestramente célebre una frase: “La calle es mía”. Fraga no tolera que se abra ninguna investigación para esclarecer la actuación de las fuerzas de orden público en Vitoria y encarcela a varios dirigentes obreros. Dos de ellos, Jesús Fernández Naves e Imanol Olabarría, permanecen más de un año en prisión sin ser juzgados.
Después de los sangrientos hechos, Fraga declara: “los sucesos de Vitoria no cambiarán la evolución democrática española”. Pero lo cierto es que su reforma sí queda debilitada. Años después, en 1983, volverá a la capital alavesa para dar un mitin. Su presencia allí es considerada una provocación por numerosos ciudadanos y tienen lugar duros enfrentamientos. En numerosas fotografías se puede contemplar a su propio guardaespaldas personal, Rodolfo Almirón, pistolero de la organización terrorista argentina Triple A, golpeando a varios manifestantes.
El mandato de Fraga al frente del “órden público”, durante el primer semestre de 1976, coincide con un período de gran convulsión social, alentada por las reivindicaciones de un movimiento obrero fuerte y por la lucha popular a favor de la amnistía para todos los presos antifranquistas. Fraga se enfrenta a las manifestaciones y las huelgas con criterios represivos muy duros y, en siete meses, la actuación de las fuerzas policiales bajo su mando provoca numerosos muertos en la calle. Algunos de los capítulos más sangrientos de la Transición, como la matanza de Vitorias y los asesinatos de Montejurra, se producen durante esos meses, desde la muerte de Franco hasta el verano de 1976.
Un años después, Fraga funda y encabeza el partido derechista Alianza Popular para presentarse a las primeras elecciones generales que se celebran tras la muerte de Franco. Su formación se reconvierte durante los años 80 en el Partido Popular y consigue llegar al Gobierno encabezada ya por su discípulo José María Aznar.
JALEADOR DE LAS CONDENAS A MUERTE FRANQUISTAS
Fraga consiguió ser titular de una cartera ministerial, por primera vez, tras la crisis de 1962, que provoca un profunda reestructuración del Gobierno franquista. Ese año se produce una huelga de los mineros asturianos, silenciada completamente por la prensa, que desata una gran campaña de solidaridad en Madrid y otras ciudades. Algunos huelguistas son detenidos, torturados y encarcelados. Ramón Pérez de Ayala, Vicente Aleixandre, Pedro Laín Entralgo y otros intelectuales hacen pública una carta convocando al pueblo español a pedir información sobre los sucesos de Asturias. A consecuencia del reajuste ministerial, Manuel Fraga se hace con la cartera de Información y Turismo, el 10 de julio de 1962. Su principal misión consiste en mejorar la imagen internacional del franquismo. “Propagandista del Régimen”, le llamará Dionisio Ridruejo. Todo queda muy claro en su discurso de toma de posesión: “Llevamos 25 años en los que, con un nuevo estilo y un jefe inigualable, se ha realizado una obra que vamos a continuar para llenar esa importante página de la historia que ya
está escribiendo el Generalísimo Franco. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!”
En lugar de silenciar los acontecimientos que pueden ser negativos para la imagen del Régimen, Fraga opta de forma decidida por la intoxicación. “No es posible encontrar en toda la historia del franquismo a nadie que intentara con tanto ahínco como él justificar con explicaciones “científicas” las acciones más crueles y absurdas del franquismo”, escribe Rafael Gómez Parra en su libro “Fraga, ese hombre”.
A finales de 1962, se produce en Italia una gran campaña de solidaridad con el joven anarquista Jorge Conill Valls, condenado a pena de muerte por un Consejo de Guerra, y con sus compañeros Antonio Mur Peirón y Marcelino Jiménez Cubas, sentenciados a 18 y 15 años de prisión, respectivamente. La presión internacional consigue que el Gobierno conmute la pena de Conill por la de 30 años de cárcel. El arzobispo de Milán, monseñor Montini, que más tarde será Papa con el nombre de Pablo VI, solicita clemencia a Franco y es tildado de “comunista” por Fraga. La respuesta del ministro gallego se dirige contra todo lo italiano y, durante muchos años, los españoles nos acostumbramos a oír hablar en los medios de comunicación de los “grandes males” que tienen que soportar los ciudadanos del país transalpino, donde “los comunistas lo dominan todo”. Italia llega a convertirse en una obsesión para el ministro gallego.
La tortura y el fusilamiento del militante comunista Julián Grimau tienen lugar en Madrid también durante la etapa de Manuel Fraga al frente del ministerio de Información y Turismo. El 7 de noviembre de 1962 la policía política del Régimen detiene a Grimau en un autobús de la línea 18 que va desde la plaza de Manuel Becerra a la glorieta
de Cuatro Caminos. El día siguiente, un comunicado oficial señala que, en un momento de descuidado, el detenido se ha lanzado al patio de la Dirección General de Seguridad desde una ventana de las dependencias en las que estaba siendo interrogado. Sufre fractura de cráneo e infinidad de lesiones. Para contrarrestar la campaña internacional a favor del detenido, el Ministerio de Información y Turismo de Fraga edita varios folletos injuriosos y delirantes: “Julián Grimau o el arte de fabricar víctimas” y “Julián Grimau. Especialista en checas”.
Tres médicos franceses realizan una investigación en España para comprobar la existencia o no de un intento de suicidio por parte de dirigente comunista. Según su informe, la versión oficial propagada por Fraga carece de base, ya que “la naturaleza de las lesiones descritas, especialmente la ausencia de toda esquimosis, de toda traza de cortes en la cara o en las manos, que el herido habría sufrido al intentar romper el vidrio de la ventana, descartan la posibilidad de un suicidio. Además, según la foto del diario Pueblo, el señor Grimau debería haber efectuado un salto prácticamente imposible. Finalmente, él mismo niega categóricamente la versión del suicidio y declara que ha sido sometido en los locales de la policía a torturas después de las cuales ha perdido el conocimiento”.
El militante comunista es finalmente fusilado el 20 de abril de 1963. Fraga jamás se retractará de las declaraciones que realiza durante estos días ni de la beligerante posición que mantiene a favor del asesinato de Grimau. En sus memorias, despacha el asunto diciendo que “los cargos contra él eran muy serios”. Sin embargo, todas las acusaciones que se le hacen a Grimau se refieren, fundamentalmente, a hechos acaecidos durante la guerra civil, no probados en ningún caso y ya prescritos.
En otoño de 2002, el Congreso de los Diputados rechaza una propuesta de Izquierda Unida (IU) para rehabilitar la memoria de Grimau, porque el Partido Popular, organización fundada por Manuel Fraga y a la que sigue perteneciendo el político gallego, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, considera que eso sería “reabrir un proceso para revisar la Transición”. Y el diputado de IU Luis Carlos Rejón contesta: “Es duro que uno de los verdugos esté rehabilitado y la víctima no. A Fraga se le dio la oportunidad de presentarse a unas elecciones y ser un padre de la Constitución. A mí me habría gustado que determinado consejo de ministros le hubiera dado la posibilidad a Julián Grimau de haber ido de número tres en la lista del PCE en 1977”.
Poco después del fusilamiento de Grimau, se producen las ejecuciones por garrote vil de dos jóvenes anarquistas, Granado y Delgado, que también cuentan con el visto bueno de Manuel Fraga en el Consejo de Ministros.
GARROTE VIL Y TORTURAS
En 1963 vuelve a generarse una enorme conflictividad laboral en la cuenca minera asturiana y la represión contra los trabajadores huelguistas es aún más dura que durante los incidentes del año anterior. Las terribles humillaciones y torturas que sufren los mineros provocan una carta de protesta dirigida a Manuel Fraga Iribarne por 102 intelectuales, entre los que se encuentran José Bergamín, Gabriel Celaya, Antonio Buero Vallejo, José Agustín Goytisolo, Oriol Bohígas, Alfonso Sastre y Fernando Fernán Gómez. La represión que se abate sobre Asturias recuerda a la que desató Franco en octubre de 1934. A algunas mujeres les cortan el pelo al cero. Fraga, siguiendo su táctica habitual, niega todos los hechos que se están produciendo, pero a su manera: “de ser cierto, las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública lo harían más explicable” (*) (Rodolfo y Daniel Serrano. “Toda España era una cárcel”). El semanario El Español, controlado directamente por el ministro de Información, publica: “Nuevamente se ha intentado cubrir de lodo el nombre de España. La maniobra esta vez no se realiza en el exterior, sino que se basa sobre una carta escrita por un grupo reducido de intelectuales y otros más numerosos que dicen serlo, en la que se denuncian supuestos excesos cometidos por las Fuerzas de Orden Público durante las huelgas que recientemente han tenido lugar en la cuenca minera de Asturias. La carta encaja, como hecha a medida, en la campaña desatada contra España por el comunismo internacional, en desahogo del malhumor que le ha producido la conclusión del nuevo pacto defensivo con Norteamérica”.
Pero donde brilla en todo su esplendor patriótico el ministro de Información y Turismo es en el Referéndum Nacional celebrado el 14 de diciembre de 1966. En él se aprueba la Ley Orgánica del Estado, con la que se intenta asegurar la continuidad del Régimen más allá de la vida del propio dictador. Consecuencia de ella es la designación, tres años más tarde, de Juan Carlos de Borbón como sucesor del Caudillo “a título de Rey”.
Fraga es el encargado de organizar el referéndum de aprobación de la ley y de hacer que la consulta se convierta también en una muestra de exaltación nacional a favor del Régimen. El 24 de noviembre, se dirige a los españoles a través de TVE, medio que controla férreamente: “Franco, el héroe hecho padre, que vela día y noche sobre la paz de su pueblo. ¿Quiénes se oponen? ¿a quiénes disgusta? La respuesta se puede oír en la rabieta que han pillado todas las emisoras comunistas: hay que boicotear la ley y el referéndum. Ya lo sabéis: Moscú, Praga, Budapest os piden que no votéis o que votéis en contra”. Al final, el resultado de la consulta constituye un nuevo éxito “por aclamación” para el Gobierno. Lógicamente, las cifras oficiales de votantes y el censo no cuadran.
El 17 de enero de 1969 son detenidos en Madrid cuatro estudiantes acusados de haber repartido propaganda contra el Régimen: Enrique Ruano, María Dolores González Ruiz, Abilio Villena y José Bailo. La historia de Gr
imau se repite: Ruano cae al patio interior del piso de la calle de General Mola adonde lo ha trasladado la policía para efectuar un registro. Muere en el acto. Fraga organiza una nueva campaña de intoxicación y da a conocer el supuesto “diario” del estudiante en el que, según señala con perversidad el ministro de Información y Turismo, queda claro que Ruano sufría fuertes depresiones y estaba obsesión por el suicidio. Hay huelgas en toda España y en Granada tres obreros de la construcción son alcanzados por balas de la policía. Según Fraga, la fuerza pública sólo ha disparado al aire para disolver las concentraciones de protesta. Conservará ese mismo estilo cuando ejerza de titular del ministerio de la Gobernación del primer gabinete de la Monarquía. Treinta y tres años después de la muerte de Franco, continúa ejerciendo un cargo público: senador del PP. Y en el Parlamento vasco le reclaman.
(El Otro Pais)
“Asesinos de razones y de vidas, / que nunca tengáis reposo a lo largo de vuestros días / y que en la muerte os persigan nuestras memorias”. (Lluis Llach, 3 de marzo de 1976: “Campanades a morts”).
El 3 de marzo del 1976, miércoles de ceniza, tiene lugar en Vitoria una de las más terribles matanzas de la Transición. Fraga se encuentra ese día de visita oficial en Bonn, negociando con el gobierno germano los pasos de la apertura, siempre con la intención de dejar fuera de la ley a los comunistas. La policía toma al asalto la parroquia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga de la capital alavesa, donde se celebraba una asamblea. El resultado es de cinco obreros muertos y más de cien personas heridas.
Desde enero de ese año se están produciendo fuertes movilizaciones de trabajadores a lo largo de toda España. En Vitoria, donde se ha desarrollado un movimiento obrero fuertemente organizado y muy reivindicativo, la tensión alcanza cotas muy altas. Se produce el cierre patronal de varias empresas grandes: Forjas Alavesas y Mevosa, entre otras. Y Apellániz despide a todos sus empleados. Tras más de mes y medio de paros, se dan los primeros enfrentamientos graves de los obreros con la policía.
GASEAR LA IGLESIA
El 3 de marzo, cuando se cumplen 54 días de huelga, la capital alavesa queda paralizada. Desde los barrios periféricos (Adurna, Arana, Zaramaga, Ariznavarra, Botono) se organizan columnas de trabajadores, a los que se suman profesores de EGB, que se dirigen al centro, y allí tienen lugar las primeras escaramuzas con la Fuerza Pública. La policía dispara balas de goma y los manifestantes responden con piedras. Se derriban farolas y comienzan a construirse barricadas. A las tres de la tarde, los accesos a la ciudad quedan bloqueados. Dos horas después, se convoca una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís. El templo está abarrotado y en el exterior se concentran miles de personas. La Policía Armada ordena desalojar el recinto y los agentes comienzan a lanzar botes del humo al interior, a través de las cristaleras, que provocan el pánico general. Al intentar salir, los participantes en la asamblea empujan a los trabajadores concentrados fuera hacia las posiciones tomadas por la policía, que comienza a disparar indiscriminadamente con fuego real. Se consuma la tragedia. A través de la emisora policial, alguien dice: “Esto es la guerra en pleno, se nos están terminando la munición y las granadas”.
Se conservan cintas grabadas que describen muy bien cuál es la actitud de los mandos de la fuerza pública en ese momento:
Pero, vamos a ver: ¿Estáis cargando o qué?
Sí, a tope.
Gasear la iglesia...
En ese mismo momento mueren Francisco Aznar Clemente, que recibe un disparo. Tenía 18 años y trabajaba en la Panificadora Vitoriana. Pedro María Martínez Ocio, de 37 años, trabajador de Forjas Alavesas, cae muerto con tres balas en el cuerpo.
Cien trabajadores resultan heridos, algunos de gravedad. La noticia del tiroteo y de los muertos y heridos que se han producido corre por toda la ciudad. El hospital Santiago Apóstol, la Residencia Arana, de la Seguridad Social y la Policlínica La Previsora comienzan a llenarse de heridos de bala.
La emisora de la policía canta victoria: “Hemos contribuido a la paliza más grande de la Historia. Por cierto, aquí ha habido una masacre. Oye, pero de verdad, una masacre”.
El caos se apodera de la ciudad: se derriban farolas, semáforos, señales de tráfico y cabinas telefónicas. Se vuelcan automóviles, se montan barricadas y Vitoria queda paralizada. Hay grupos de obreros que se defienden con cócteles molotov. Lanzan algunos de ellos contra las sedes de los sindicatos verticales y contra la comisaría, instalada en el Gobierno Civil.
En Madrid, mientras tanto, el Gobierno de Arias Navarro debate el proyecto de Asociaciones Políticas. Está presente en la reunión Adolfo Suárez, que es el responsable del Orden Público en ausencia de Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, de viaje en Alemania.
Cuando llegan las primeras noticias de la masacre, Suárez se reúne con Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia y Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales. Arias Navarro quiere decretar el estado de excepción pero le convencen de que no lo haga. Deciden mandar refuerzos de policías antidisturbios y varias dotaciones de guardias civiles desde otras provincias.
Continúan produciéndose disturbios durante todo el día y, por fin, la Policía se hace con el control de la ciudad. Son detenidos los líderes sindicales y decenas de trabajadores.
El día siguiente, jueves 4 de marzo, muere otro trabajador herido en los incidentes de la iglesia, Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años, empleado de Agrator.
El viernes 5 de marzo se oficia el funeral por los muertos. Lo preside el obispo monseñor Peralta Ballabriga. No hay policías en las inmediaciones, pero la fuerza pública permanece preparada para intervenir en el interior del Regimiento de Artillería 25, situado en el centro de la ciudad.
El sábado 6 de marzo Fraga llega a Vitoria y visita a las víctimas de la represión que permanecen en uno de los hospitales de la ciudad. Los familiares de los internos le increpan y uno de ellos le pregunta si está allí para rematar a los heridos.
Días después, fallecen dos trabajadores más a consecuencia de las graves heridas de bala que sufren: José Castillo García, de 32 años, empleado de Basa, casado y con dos hijos, y Bienvenido Perea. A lo largo de la primera semana de marzo se producen otros dos muertos, en Tarragona y Basauri, en manifestaciones convocadas para protestar por la actuación policial durante los sucesos de Vitoria. El día 5, Juan Gabriel Rodrigo Knafo, de 19 años, cae desde una azotea, en Tarragona, mientras intenta escapar de la policía, durante una manifestación en protesta por los sucesos de Vitoria. Y el 8 de marzo, durante otra manifestación de repulsa, ésta en Basauri, muere por disparos de la Guardia Civil Antonio Ferrero, obrero de 18 años.
La represión policial se ha vuelto a utilizar con el objetivo de frenar el movimiento obrero mediante la coacción y la violencia. En el más puro estilo del ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, y del titular de Gobernación, Manuel Fraga, que hace siniestramente célebre una frase: “La calle es mía”. Fraga no tolera que se abra ninguna investigación para esclarecer la actuación de las fuerzas de orden público en Vitoria y encarcela a varios dirigentes obreros. Dos de ellos, Jesús Fernández Naves e Imanol Olabarría, permanecen más de un año en prisión sin ser juzgados.
Después de los sangrientos hechos, Fraga declara: “los sucesos de Vitoria no cambiarán la evolución democrática española”. Pero lo cierto es que su reforma sí queda debilitada. Años después, en 1983, volverá a la capital alavesa para dar un mitin. Su presencia allí es considerada una provocación por numerosos ciudadanos y tienen lugar duros enfrentamientos. En numerosas fotografías se puede contemplar a su propio guardaespaldas personal, Rodolfo Almirón, pistolero de la organización terrorista argentina Triple A, golpeando a varios manifestantes.
El mandato de Fraga al frente del “órden público”, durante el primer semestre de 1976, coincide con un período de gran convulsión social, alentada por las reivindicaciones de un movimiento obrero fuerte y por la lucha popular a favor de la amnistía para todos los presos antifranquistas. Fraga se enfrenta a las manifestaciones y las huelgas con criterios represivos muy duros y, en siete meses, la actuación de las fuerzas policiales bajo su mando provoca numerosos muertos en la calle. Algunos de los capítulos más sangrientos de la Transición, como la matanza de Vitorias y los asesinatos de Montejurra, se producen durante esos meses, desde la muerte de Franco hasta el verano de 1976.
Un años después, Fraga funda y encabeza el partido derechista Alianza Popular para presentarse a las primeras elecciones generales que se celebran tras la muerte de Franco. Su formación se reconvierte durante los años 80 en el Partido Popular y consigue llegar al Gobierno encabezada ya por su discípulo José María Aznar.
JALEADOR DE LAS CONDENAS A MUERTE FRANQUISTAS
Fraga consiguió ser titular de una cartera ministerial, por primera vez, tras la crisis de 1962, que provoca un profunda reestructuración del Gobierno franquista. Ese año se produce una huelga de los mineros asturianos, silenciada completamente por la prensa, que desata una gran campaña de solidaridad en Madrid y otras ciudades. Algunos huelguistas son detenidos, torturados y encarcelados. Ramón Pérez de Ayala, Vicente Aleixandre, Pedro Laín Entralgo y otros intelectuales hacen pública una carta convocando al pueblo español a pedir información sobre los sucesos de Asturias. A consecuencia del reajuste ministerial, Manuel Fraga se hace con la cartera de Información y Turismo, el 10 de julio de 1962. Su principal misión consiste en mejorar la imagen internacional del franquismo. “Propagandista del Régimen”, le llamará Dionisio Ridruejo. Todo queda muy claro en su discurso de toma de posesión: “Llevamos 25 años en los que, con un nuevo estilo y un jefe inigualable, se ha realizado una obra que vamos a continuar para llenar esa importante página de la historia que ya
está escribiendo el Generalísimo Franco. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!”En lugar de silenciar los acontecimientos que pueden ser negativos para la imagen del Régimen, Fraga opta de forma decidida por la intoxicación. “No es posible encontrar en toda la historia del franquismo a nadie que intentara con tanto ahínco como él justificar con explicaciones “científicas” las acciones más crueles y absurdas del franquismo”, escribe Rafael Gómez Parra en su libro “Fraga, ese hombre”.
A finales de 1962, se produce en Italia una gran campaña de solidaridad con el joven anarquista Jorge Conill Valls, condenado a pena de muerte por un Consejo de Guerra, y con sus compañeros Antonio Mur Peirón y Marcelino Jiménez Cubas, sentenciados a 18 y 15 años de prisión, respectivamente. La presión internacional consigue que el Gobierno conmute la pena de Conill por la de 30 años de cárcel. El arzobispo de Milán, monseñor Montini, que más tarde será Papa con el nombre de Pablo VI, solicita clemencia a Franco y es tildado de “comunista” por Fraga. La respuesta del ministro gallego se dirige contra todo lo italiano y, durante muchos años, los españoles nos acostumbramos a oír hablar en los medios de comunicación de los “grandes males” que tienen que soportar los ciudadanos del país transalpino, donde “los comunistas lo dominan todo”. Italia llega a convertirse en una obsesión para el ministro gallego.
La tortura y el fusilamiento del militante comunista Julián Grimau tienen lugar en Madrid también durante la etapa de Manuel Fraga al frente del ministerio de Información y Turismo. El 7 de noviembre de 1962 la policía política del Régimen detiene a Grimau en un autobús de la línea 18 que va desde la plaza de Manuel Becerra a la glorieta
de Cuatro Caminos. El día siguiente, un comunicado oficial señala que, en un momento de descuidado, el detenido se ha lanzado al patio de la Dirección General de Seguridad desde una ventana de las dependencias en las que estaba siendo interrogado. Sufre fractura de cráneo e infinidad de lesiones. Para contrarrestar la campaña internacional a favor del detenido, el Ministerio de Información y Turismo de Fraga edita varios folletos injuriosos y delirantes: “Julián Grimau o el arte de fabricar víctimas” y “Julián Grimau. Especialista en checas”.Tres médicos franceses realizan una investigación en España para comprobar la existencia o no de un intento de suicidio por parte de dirigente comunista. Según su informe, la versión oficial propagada por Fraga carece de base, ya que “la naturaleza de las lesiones descritas, especialmente la ausencia de toda esquimosis, de toda traza de cortes en la cara o en las manos, que el herido habría sufrido al intentar romper el vidrio de la ventana, descartan la posibilidad de un suicidio. Además, según la foto del diario Pueblo, el señor Grimau debería haber efectuado un salto prácticamente imposible. Finalmente, él mismo niega categóricamente la versión del suicidio y declara que ha sido sometido en los locales de la policía a torturas después de las cuales ha perdido el conocimiento”.
El militante comunista es finalmente fusilado el 20 de abril de 1963. Fraga jamás se retractará de las declaraciones que realiza durante estos días ni de la beligerante posición que mantiene a favor del asesinato de Grimau. En sus memorias, despacha el asunto diciendo que “los cargos contra él eran muy serios”. Sin embargo, todas las acusaciones que se le hacen a Grimau se refieren, fundamentalmente, a hechos acaecidos durante la guerra civil, no probados en ningún caso y ya prescritos.
En otoño de 2002, el Congreso de los Diputados rechaza una propuesta de Izquierda Unida (IU) para rehabilitar la memoria de Grimau, porque el Partido Popular, organización fundada por Manuel Fraga y a la que sigue perteneciendo el político gallego, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, considera que eso sería “reabrir un proceso para revisar la Transición”. Y el diputado de IU Luis Carlos Rejón contesta: “Es duro que uno de los verdugos esté rehabilitado y la víctima no. A Fraga se le dio la oportunidad de presentarse a unas elecciones y ser un padre de la Constitución. A mí me habría gustado que determinado consejo de ministros le hubiera dado la posibilidad a Julián Grimau de haber ido de número tres en la lista del PCE en 1977”.
Poco después del fusilamiento de Grimau, se producen las ejecuciones por garrote vil de dos jóvenes anarquistas, Granado y Delgado, que también cuentan con el visto bueno de Manuel Fraga en el Consejo de Ministros.
GARROTE VIL Y TORTURAS
En 1963 vuelve a generarse una enorme conflictividad laboral en la cuenca minera asturiana y la represión contra los trabajadores huelguistas es aún más dura que durante los incidentes del año anterior. Las terribles humillaciones y torturas que sufren los mineros provocan una carta de protesta dirigida a Manuel Fraga Iribarne por 102 intelectuales, entre los que se encuentran José Bergamín, Gabriel Celaya, Antonio Buero Vallejo, José Agustín Goytisolo, Oriol Bohígas, Alfonso Sastre y Fernando Fernán Gómez. La represión que se abate sobre Asturias recuerda a la que desató Franco en octubre de 1934. A algunas mujeres les cortan el pelo al cero. Fraga, siguiendo su táctica habitual, niega todos los hechos que se están produciendo, pero a su manera: “de ser cierto, las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública lo harían más explicable” (*) (Rodolfo y Daniel Serrano. “Toda España era una cárcel”). El semanario El Español, controlado directamente por el ministro de Información, publica: “Nuevamente se ha intentado cubrir de lodo el nombre de España. La maniobra esta vez no se realiza en el exterior, sino que se basa sobre una carta escrita por un grupo reducido de intelectuales y otros más numerosos que dicen serlo, en la que se denuncian supuestos excesos cometidos por las Fuerzas de Orden Público durante las huelgas que recientemente han tenido lugar en la cuenca minera de Asturias. La carta encaja, como hecha a medida, en la campaña desatada contra España por el comunismo internacional, en desahogo del malhumor que le ha producido la conclusión del nuevo pacto defensivo con Norteamérica”.
Pero donde brilla en todo su esplendor patriótico el ministro de Información y Turismo es en el Referéndum Nacional celebrado el 14 de diciembre de 1966. En él se aprueba la Ley Orgánica del Estado, con la que se intenta asegurar la continuidad del Régimen más allá de la vida del propio dictador. Consecuencia de ella es la designación, tres años más tarde, de Juan Carlos de Borbón como sucesor del Caudillo “a título de Rey”.
Fraga es el encargado de organizar el referéndum de aprobación de la ley y de hacer que la consulta se convierta también en una muestra de exaltación nacional a favor del Régimen. El 24 de noviembre, se dirige a los españoles a través de TVE, medio que controla férreamente: “Franco, el héroe hecho padre, que vela día y noche sobre la paz de su pueblo. ¿Quiénes se oponen? ¿a quiénes disgusta? La respuesta se puede oír en la rabieta que han pillado todas las emisoras comunistas: hay que boicotear la ley y el referéndum. Ya lo sabéis: Moscú, Praga, Budapest os piden que no votéis o que votéis en contra”. Al final, el resultado de la consulta constituye un nuevo éxito “por aclamación” para el Gobierno. Lógicamente, las cifras oficiales de votantes y el censo no cuadran.
El 17 de enero de 1969 son detenidos en Madrid cuatro estudiantes acusados de haber repartido propaganda contra el Régimen: Enrique Ruano, María Dolores González Ruiz, Abilio Villena y José Bailo. La historia de Gr
imau se repite: Ruano cae al patio interior del piso de la calle de General Mola adonde lo ha trasladado la policía para efectuar un registro. Muere en el acto. Fraga organiza una nueva campaña de intoxicación y da a conocer el supuesto “diario” del estudiante en el que, según señala con perversidad el ministro de Información y Turismo, queda claro que Ruano sufría fuertes depresiones y estaba obsesión por el suicidio. Hay huelgas en toda España y en Granada tres obreros de la construcción son alcanzados por balas de la policía. Según Fraga, la fuerza pública sólo ha disparado al aire para disolver las concentraciones de protesta. Conservará ese mismo estilo cuando ejerza de titular del ministerio de la Gobernación del primer gabinete de la Monarquía. Treinta y tres años después de la muerte de Franco, continúa ejerciendo un cargo público: senador del PP. Y en el Parlamento vasco le reclaman.(El Otro Pais)