Desde Ahaztuak 1936-1977 (Victimas del golpe de estado, de la represión y de régimen franquista) queremos saludar la petición que la jueza federal argentina María Servini de Cubría ha realizado al Estado español pidiendo información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad del régimen franquista durante el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Esta petición se realiza a instancias de un grupo de familiares de víctimas del régimen franquista residentes en su mayoría en Argentina y bajo el principio de justicia universal, que permite investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países. El exhorto de esta juez federal solicita nombres y domicilios de los ministros de los sucesivos gobiernos del regimen franquista habidos entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977 y tambien de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española, solicitando tambien el certificado correspondiente en caso de fallecimiento. Asimismo, la juez ha pedido información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo y lucrarse con ello.
Ante este hecho desde nuestra asociación sólo podemos decir que es una nueva constatación -otra más- de la persistencia del modelo español de impunidad para con los crimenes del régimen franquista y los responsables de los mísmos, que nunca se han visto sujetos a la jurisdicción internacional para con los delitos de genocidio y de lesa humanidad que cometieron, una jurisdicción que el estado español tambien tiene suscrita y que sin embargo ha incumplido gobierno tras gobierno -independientemente de sus siglas políticas- hasta el día de hoy. Entendemos que la demanda de la jueza argentina puede y debe suponer un nuevo revulsivo para dar a conocer con mayor fuerza internacionalmente, pero sobre todo dentro de Euskal Herria y del propio Estado español, la realidad de este modelo de impunidad y su continuidad amparada y consentida por un sistema que se dice plenamente democrático, pero al igual que con el conocido auto del juez Baltasar Garzón que en su momento tambien supuso una sacudida mediática tambien creemos que hay que situarlo en su justo término y para ello creemos imprescindible señalar varias cuestiones.
La primera es subrayar que este paso dado por la jueza argentina Maria Servini de Cubria reafirma las reflexiones y las peticiones de las victimas del franquismo y en concreto desde nuestra asociación que desde su nacimiento hemos venido señalando que las victimas del régimen franquista no son sólo las victimas del enfrentamiento bélico de 1936-1939 y de los primeros años de la posguerra, sino las habidas hasta la desaparición formal de ese régimen, es decir, hasta el año 1977. En este sentido da plena validez a la reivindicación como victimas del régimen franquista de tantas personas que lucharon contra él, de tantas victimas... hasta ahora constante y conscientemente marginadas, siendo un claro ejemplo porque los condensa todos el de Jose Luis Sánchez Bravo, miembro del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico) uno de los cinco luchadores antifascistas fusilados el 27 de Septiembre de 1975 junto con otros cuatro entre los que se cuentan los ciudadanos vascos y militantes de ETA Jon Paredes Manot, “Txiki”, y Angel Otaegi.
La segunda es constatar que el hecho de situar el recorrido temporal de los crimenes investigados y de las responsabilidades requeridas entre el 18 de Julio de 1936 y el 15 de Junio de 1977 impugna de manera evidente y contundente el inaceptable intento subyacente en el auto del juez Baltasar Garzón de limitar de forma interesada hasta 1952 los crímenes cometidos por el régimen franquista y la asunción de su responsabilidad penal por parte de aquellos que los ordenaron, cometieron y ampararon en su impunidad. Con esta petición en la mano y atendiendo a esos principios jurídicos en los que se sustenta son muchos los responsables de diferente orden y nivel del régimen franquista que aún viven los que deberían ser presentados ante este requerimiento. Si el auto de Garzón hurtaba conscientemente a un posible requerimento judicial a muchos de ellos por una evidente cuestión de edad y de la subsiguiente y más que probable desaparición fisica lo que eliminaba per se gran parte del problema el requerimiento de esta jueza argentina pone sobre la mesa los nombres de centenares de ellos aún vivos y algunos de ellos incluso en activo en determinados ámbitos políticos, financieros...
Con todo tambien es imprescindible remarcar que a pesar de la evidente validez y potencialidad que encierra el paso dado por la jueza Maria Servini de Cubria nunca debemos olvidar que el lugar central de la lucha contra la impunidad de los crímenes del régimen franquista y por los derechos de todas sus victimas y el reconocimiento de todas las personas que lucharon contra él, esta aqui, en Euskal Herria, en el Estado español, y somos nosotr@s, las victimas del franquismo las que debemos ser los impulsores y los garantes de que esa lucha permanezca, avance y llegue a su termino, imposibilitando que pueda ser llevada una vez más y quizas definitavemnte a via muerta. Al igual que en Argentina ha sido la luche indesmayable de las victimas de la dictadura militar y de sus asociaciones frente a todos los intentos de hacerles claudicar la que ha posibilitado que hoy decenas de represores y genocidas esten siendo juzgados y encarcelados. Desde Ahaztuak 1936-1977 decimos que estos mismos parámetros deben de ser asumidos aqui: cualquier apoyo, cualquier elemento que refuerce esa lucha desde el exterior ha de ser saludado y utilizado en toda su potencialidad pero nunca interpretado como una dejación de nuestra propia acción que es la que será determinante para acabar o no con el modelo español de impunidad para los crimenes del franquismo, porque es nuestra acción la única que puede convertir la continuidad y el amparo a este modelo de impunidad en un problema político y democrático para el Gobierno, las instituciones y el actual regimen político español.
Dicho esto no podemos dejar de denunciar una vez más -al igual que lo hicimos en su momento con la Ley de Memoria Histórica, o con el auto del juez Baltasar Garzón, o en tantos otros momentos- el cinismo de tantos que ahora, en otra clara muestra de intento de utilización y de marketing politico a costa de las victimas del régimen franquista, se congratulan de esta decisión de la jueza argentina, aplaudiendo que esta haga en Argentina lo que ellos han decidido de forma consciente no hacer aqui, en el lugar donde los crimenes se cometieron y donde viven la mayoria de las victimas y tambien de los responsables de los mismos y sus complices.