Con este 24 de marzo se cumplen 35 años del golpe de estado genocida. 35 años de aquella noche de marzo de 1976 cuando las Fuerzas Armadas daban por inicio a la noche más oscura de nuestra historia. Fue un punto de inflexión que torció la balanza a favor de las clases dominantes, el capital transnacional y los intereses imperialistas en nuestro país y en Nuestra América.
Con ese golpe dieron por tierra con aquella generación que dio la vida por transformar la realidad: décadas de luchas y experiencia acumuladas fueron barridas por una represión desconocida hasta entonces en el país. 30.000 desaparecidos/as fueron necesarios/as para que el neoliberalismo empezara su mandato. Las democracias posteriores lo apañaron, lo nutrieron, dando el puntapié inicial a la crónica negra de un país que se vio despojado de su derecho a ejercer la soberanía.
La historia, tristemente, es conocida, y cada 24 los argentinos y argentinas nos vemos interpelados a preguntarnos por las causas, pero sobre todo las consecuencias de este episodio.
Ante la masacre de una generación que supo pelear por una sociedad más justa, nuevas generaciones de militantes nacieron al calor de la lucha por los derechos humanos y el cese de la impunidad para los verdugos de siempre. Tuvimos siempre a mano la herramienta de la memoria, el no olvidar, el no perdonar, el no reconciliar. Pero cada 24, volvemos a repetir: ¿de qué nos sirve una memoria de aquel horror y de lo que perdimos aquellos 7 años, si no tiene a su vez un alcance político hoy, en la argentina contemporánea? ¿El recuerdo de los 30.000 se limita a repetir sus nombres una y otra vez, o se trata de hacernos cargos de sus banderas de lucha y continuarlas en el presente?
La misma pregunta cada 24, pero necesaria, porque nos permite visualizar cual es la situación social, política y económica de nuestro país, así como la posibilidad y la necesidad de transformarlo.
Mientras el 2011 se presenta como un año electoral, nuestro pueblo no sólo sigue padeciendo la mayoría de las secuelas generadas por las políticas del neoliberalismo, sino que incluso éstas continúan reproduciéndose día a día como partes estructurales del régimen actual.
¿Se puede hablar de derechos humanos cuando buena parte de la población es jaqueada por el hambre y la miseria; cuando un gran sector de los trabajadores y trabajadoras están impedidos de tener un salario digno; cuando la precarización laboral en el país del “fifty-fifty” llega a un 40%?
¿Dónde estaban los derechos humanos cuando en octubre pasado la patota sindical de la Unión Ferroviaria se llevaba la vida del compañero Mariano Ferreyra? ¿Hay o no hay derechos laborales para los tercerizados/as del Ferrocarril Roca, o para todos los tercerizados/as del país, cuando reclaman por el pase a planta y por ser contratados como lo establece la ley? Y frente a todo esto nos preguntamos si la democracia sindical, por la que peleaba Mariano, y por la que pelean miles de trabajadores/as en todo el país, no es también uno de los derechos más indispensables para la vida en democracia. En el mismo sentido, cómo pensar en estos dirigentes sindicales-empresarios y en las estructuras burocráticas que terminan siendo factor necesario para la precariedad y los bajos salarios, sin el avance que comenzó la dictadura sobre la organización genuina de lo/as trabajadores/as. La misma lucha. Justicia y dignidad, democracia sindical.
¿Qué sensaciones nos despierta el pensar en los derechos humanos, cuando en los años del bicentenario las comunidades originarias no sólo son imposibilitadas de tener derecho a su propia tierra, sino que también son excluidas, perseguidas y brutalmente reprimidas, como el Pueblo Qom en Formosa bien pusieron a la luz resistiendo primero en su provincia y ahora en la Av. 9 de julio? El silencio oficial ante los asesinatos en Formosa, en noviembre pasado, dieron fe de la cuenta pendiente que los gobiernos y el Estado tienen con los pueblos indígenas de nuestro país. No debemos olvidar la hipocresía y el abandono del gobierno sobre los hermanos Qom en su persistente reclamo por justicia.
¿Se cumplen los derechos humanos de los pibes y pibas de los barrios humildes, asediados cotidianamente por el aparato represivo policial del Estado; con todos los y las jóvenes asesinados en las cárceles y comisarías a lo largo y a lo ancho del país? En 27 años de democracia, más de 3000 son los muertos por gatillo fácil.
Muchas organizaciones sociales y populares damos la batalla para frenar este auténtico genocidio, pero sucede que al tiempo que nos movilizamos en contra de las condiciones paupérrimas de las cárceles y exigiendo el desmantelamiento de todas las fuerzas represivas de carácter ya feudal, nos encontramos con una derecha reaccionaria, dentro y fuera del Gobierno, que en lugar de preocuparse por las condiciones de vida del pueblo, agita con los fantasmas de lo/as jóvenes criminales, es decir, según ellos/as, “la causa de todos los problemas”. Hoy la Ley de Baja de Imputabilidad es sinónimo de una avanzada de los herederos políticos del golpe, de los sectores que impulsan la criminalización de la juventud y la pobreza como la solución a la inseguridad y las penurias de nuestro país. Pobreza que, a pesar de una u otra medida puntual de asistencia social, se ha transformado en un dato estructural en un país en donde los grandes grupos económicos han recompuesto y mejorado sus niveles de ganancia, bajo un modelo que genera rentabilidades extraordinarias para ellos, sin que veamos pasos consistentes por parte de los responsables del modelo para revertir tal situación.
Entonces, si hablamos de memoria y de lucha contra la impunidad, aquí es dónde nos vemos obligados y obligadas, como organizaciones políticas y sociales, como militantes, a frenar las arremetidas conservadoras y exigir el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, lo que implica necesariamente no conformarnos y dar batallas frontales contra los pilares del actual modelo de acumulación. Un modelo que produce riqueza lastimando los derechos humanos con el monocultivo y la mega-minería, con los recursos energéticos y la tierra extranjerizada.
El 24 de marzo es una fecha de memoria y pelea contra el olvido, pero es sobre todo una fecha de lucha, donde todas las banderas de juicio y castigo a los genocidas de ayer y de hoy, de exigencia por un salario justo, por derecho a la tierra, a un trabajo decente, por derecho a estudiar y acceder a la salud, a una vivienda y un ambiente dignos tiene que estar más presentes que nunca; todas esas banderas se alzan y salen a las calles un mismo día. Es la marcha de las marchas, cuando desde el campo popular en su conjunto recordamos que no olvidamos, no nos reconciliamos pero sobre todas las cosas seguimos acá, luchando.
Luchamos por los desaparecidos de la dictadura y de la democracia. Por los asesinados el 19 y 20 de Diciembre. Por Julio López y Luciano Arruga. Por Carlos Fuentealba. Por Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, por Mariano Ferreyra. Por los hermanos Qom de Formosa. Por los pibes asesinados de Bariloche. Por las familias humildes que perdieron un padre o un hermano en Soldati. Por los que perdieron un amigo en La Cárcova. Por todas las cientos de hijas que día a día son secuestradas por las redes de trata. Por eso marchamos este 24. Es que hoy en día seguimos, a fin de cuentas, levantando aquella misma bandera de la revolución por la que lucharon, soñaron y dieron la vida los 30000 desaparecidos. Hoy como ayer, todos los días, construyendo poder popular, dando batalla por el cambio social.
(Kaos en la Red. 24 7 03 / 2011)