El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona dio este miércoles un plazo de diez días a las partes personadas para que presenten alegaciones al escrito del Ministerio público y la Asociación de Familiares estudiará un posible recurso a dicha resolución. En su escrito, el fiscal interesa el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones "por no haber quedado acreditada la autoría concreta de personas actualmente vivas contra las que dirigir el presente procedimiento".Esta causa procede del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular entonces, Baltasar Garzón, dictó un auto el 18 de noviembre de 2008 en el que declaró extinguida la responsabilidad por fallecimiento de la totalidad de las personas imputadas en el procedimiento. El fiscal expone que, "a falta de autor contra el que continuar el presente procedimiento, no procede sino acordar el sobreseimiento provisional de la causa y el archivo de la misma".
Ya en 2008, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso a la apertura de la causa que investigaba Garzón al entender que se trataban de delitos comunes que ya ha-bían prescrito. La Sala de lo Penal de la AN decidió paralizar las exhumaciones ordenadas por Garzón, entre ellas la del Fuerte de San Cristóbal de Pamplona, que tuvo que inhibirse a favor de los 62 juzgadores territoriales donde se localizaban las fosas, entre ellos el Juzgado de Instrucción 4 de la capital navarra.
archivos en otras provincias El envío de las diligencias a los jueces provinciales provocó que las exhumaciones previstas salieran de su embrollo legal y los familiares pu-dieran continuar por su cuenta y riesgo con la investigación y el trabajo de localización de fosas y de sacar a esas víctimas del olvido. Desde que recibieron la causa en 2008, sólo una fosa común, la de Santa Marta de Tera (Zamora), ha sido abierta en toda España merced a la autorización de una juez. Ocurrió en octubre del año pasado. De los 62 juzgados provinciales que recibieron la causa investigada por Garzón, la inmensa mayoría (al menos 46) ha archivado las diligencias.
La discusión entre el Estado y la Administración de Justicia sobre acerca de a quién compete la apertura de esos enterramientos ha provocado que la situación se enquiste en un limbo legal y jurídico, en el que nadie responde ni brinda un plan de acción a los familiares de fusilados, que no conviene olvidar que son las auténticas víctimas de esta atrocidad. De momento, Navarra no parece que vaya a ser una excepción.
(Noticias de Navarra. 17 / 02 / 2011)