Defensa español en el fuerte de Ezkaba.De forma detallada, y con la aportación de abundante información gráfica, este informe desmenuza los argumentos empleados por el Autobús de la Memoria para denunciar la ilegalidad del derribo de varios muros en el fuerte de Ezkaba, y añade otros nuevos.
Apoyo desde Argentina
El objetivo de este minucioso trabajo es recabar apoyos de personas y asociaciones especializadas en la investigación histórica y en la conservación del patrimonio, así como de otras asociaciones de memoria histórica.
Como apoyos iniciales, el Autobús de la Memoria cuenta ya con la adhesión del Instituto de Historia Gerónimo de Uztariz, el Grupo de Estudios sobre Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, e incluso la asociación «Otras Memorias», de Argentina.
La fecha límite para adherirse a este informe, tanto a título individual como colectivo, es el próximo 7 de marzo, ya que esa misma semana se presentará de forma pública, junto a todos los apoyos recibidos, y se entregará en el citado juzgado.
El informe íntegro se puede consultar en la página web www.autobusdelamemoria.org o enviando un mensaje a la dirección: sancristobaloroimenaautobusa@gmail.com.
Proceso jurídico inconcluso
Los precedentes de este informe se remontan al recurso de alzada que el Autobús de la Memoria presentó ante el Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN) debido a que las obras en el fuerte de Ezkaba se habían iniciado sin permiso municipal, y así lo ratificó el propio TAN mediante sentencia.
Este mismo tribunal respondió que no entraba dentro de sus competencias las irregularidades que, según el Autobús de la Memoria, había cometido la Institución Príncipe de Viana (Gobierno de Nafarroa) en la autorización de las obras.
La vía que emprendió entonces fue presentar un recurso contencioso-administrativo, que es el que ahora está en marcha. Los colectivos que integran el Autobús de la Memoria argumentan que el amparo dado por la Institución Príncipe de Viana a dichas obras es «nulo» por ser contrario a la legislación de protección patrimonial, ya que «imposibilita la interpretación correcta de la evolución histórica del edificio protegido».
Junto a ello, los recurrentes esgrimen que el derribo de los muros del fuerte de Ezkaba es contrario a las disposiciones recogidas en la Ley de Memoria Histórica, en lo referente al «respeto debido a los lugares de memoria de las víctimas».
Un tercer argumento es que la empresa que realizó las obras en el fuerte de Ezkaba no disponía de la autorización técnica correspondiente.
Como pruebas de que el fuerte de Ezkaba se convirtió, tras el golpe de estado de 1936, en «una de las cárceles más crueles y siniestras de la dictadura franquista», el informe incluye numerosos datos, testimonios, planos y fotografías.
En estos elementos gráficos se recoge fielmente el estado del fuerte antes y después de la intervención del Ministerio de Defensa en el año 2009. De hecho, a raíz de aquellas obras quedó desfigurado el recinto del patio y su separación con la entrada a los locutorios. Además, las mazmorras en las que estaban encerrados los presos quedaron cerradas a las visitas organizadas.
Con todo ello, dan una idea de los destrozos realizados y de su importancia de cara a la comprensión histórica de la evolución del edificio.
El objetivo del informe elaborado por el Autobús de la Memoria no se limita a que el juez declare ilegal el derribo de los muros en el fuerte de Ezkaba, sino que también le instan a que sean reparados los daños causados en un edificio que fue declarado Bien de Interés Cultural mediante el Real Decreto 1265/2001 de 16 de noviembre de 2001.
Esta reparación, según explican los autores del informe, iría encaminada a una utilización pública del edificio, que sirva para «entender mejor su evolución histórica, incluido su uso como prisión, al tiempo que se fomenta una cultura de paz y respeto a los derechos humanos». I.V.
La fecha límite para adherirse al informe del Autobús de la Memoria es el 7 de marzo. Después se entregará, junto con los apoyos recibidos, en el juzgado que decidirá sobre la actuación del Ministerio de Defensa.
El derribo de los muros en el fuerte de Ezkaba se realizó con cargo a una partida de 500.000 euros, que había sido introducida por el Congreso español en los Presupuestos de 2008, para «tareas de conservación» del fuerte. La iniciativa había partido de Uxue Barkos (NaBai) y contó con el apoyo del PSOE.
El Autobús de la Memoria no duda de que hubo «un claro intento de borrar las huellas de su utilización como prisión» por parte del Ministerio de Defensa, que incluso organizó visitas guiadas para ofrecer una visión distorsionada de la historia de este edificio.
Esta utilización fue denunciada a la delegada del Gobierno, Elma Sáiz, quien prometió realizar gestiones para aclarar el asunto. Hasta la fecha no ha dado ninguna explicación ni hay noticia de que se vayan a reparar los daños producidos.
(Gara. 26 / 02 / 2011)