LAGUNAS DE LA MEMORIA

EL próximo 26 de diciembre se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica. Un texto que nació con un amplio consenso pero que en la actualidad padece lagunas crónicas. Entre polémicas por la exhumación o no de ciertas fosas comunes y jueces que toman la delantera a la iniciativa que se le debiera suponer al Gobierno español, el debate sobre la citada ley ha regresado al Congreso. La culpa, el desencanto del PNV con la ejecución de ciertos mandatos de la norma. Y como telón de fondo, la negativa de PSOE y PP a indemnizar a los miembros de grupos armados asesinados en la dictadura, entre ellos los de ETA.

En un primer momento, el texto no hacía distinciones entre las víctimas que decidieron coger las armas para combatir a Franco y los que optaron por medios menos beligerantes, según recuerda el portavoz del Grupo Vasco en materia de Memoria Histórica, Aitor Esteban, que denuncia al Ejecutivo de Zapatero por "traicionar" la Ley al realizar una interpretación "timorata" de la misma a base de decreto. "Cómo pueden decir que un integrante de ETA asesinado en el franquismo no se podría haber integrado en la democracia. No se puede juzgar con gafas del presente la situación de 1970", asevera.

El no del Partido Socialista a indemnizar a los familiares de quienes hayan pertenecido a grupos armados ha puesto de relieve el agravio comparativo que padecen los integrantes de este colectivo, que en un primer momento se podían acoger al artículo 10 de la Ley de Memoria Histórica, es decir, "aquellas personas desaparecidas en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977", fecha en la que se dictó la Ley de Amnistía.

84 personas En Euskadi, según datos de la asociación Ahaztuak, al menos 84 personas entran dentro de esta horquilla de tiempo -miembros de organizaciones armadas que perdieron la vida, manifestantes muertos por disparos de las fuerzas franquistas y ciudadanos de a pie que simplemente pasaron por el lugar equivocado-. Aquí se hace evidente otra de las carencias de la Ley de Memoria Histórica: la falta de información que han padecido las víctimas para solicitar indemnizaciones. "No se han dirigido desde ninguna administración para decirles que pueden reclamar ciertas ayudas. Es triste que nadie les haya mandado una simple carta", critica Martxelo Álvarez, portavoz de Ahaztuak, tras denunciar que sólo nueve de las 84 familias que podían encajar su caso dentro del artículo 10 han podido entregar la documentación necesaria dentro del plazo de un año marcado por el Gobierno español.

"Algunos dirán que en un año da tiempo de entregar todo, pero es que no se han enterado. Si algo tienen estas víctimas es una enorme desconfianza con las Administraciones, porque llevan más de tres décadas sin ayuda", añade. "Cuando nos dimos cuenta de que el plazo se acababa nos pusimos manos a la obra, pero ya era demasiado tarde", apostilla. Unos pocos pudieron cumplimentar todos los papeles a tiempo, pero la mayoría tendrá que esperar.

Es el caso de la iruindarra Arantza Irazabal, que se enteró horas antes de la fecha tope. Viuda de Alberto Asurmendi, su marido murió el 6 de abril de 1969 junto a Jokin Artajo al estallarles un explosivo dentro del coche en el que viajaban por el valle de Ultzama. Miembros de EGI-Batasuna -uno de los diferentes grupos armados que convivieron en la recta final del franquismo-, el objetivo de Alberto, de 23 años, y Jokin, no era provocar heridos, sino el corte de una etapa de la Vuelta ciclista a España. La bomba que habían preparado les reventó. También a Arantza. Tras duros interrogatorios, llamadas anónimas y mucho dolor, la compañera de Alberto estaba decidida a coger el testigo de su marido. "Quería luchar contra el régimen. Estaba tan encendida que quería hacer algo, pero al final no pudo ser", rememora esta mujer, que todavía lamenta la falta de repercusión que han tenido con el paso de los años los casos como los de estos dos militantes de EGI-Batasuna: "Por supuesto que hay víctimas de primera y de segunda. Cuando veo otros homenajes prefiero no darle muchas vueltas porque me enciendo. Es duro que se acuerden de unas personas mucho y de otras nada".

Al haber sido su marido miembro de un grupo armado, Arantza admite que tampoco tenía mucha confianza en ser admitida por el Gobierno de Zapatero, para quien tiene palabras críticas. "La violencia de ahora no es comparable con la de entonces. Antes había una dictadura y no todo era ETA. Nosotros éramos un grupo de chavales que quería luchar de alguna forma contra el régimen", asegura. Una postura que también defiende el portavoz del PNV en materia de Memoria Histórica, que ya no se considera "vinculado" con esta Ley. Esteban cree que el Gabinete Zapatero está confundiendo el terrorismo que se registra en 2009 con el de la dictadura, algo que en la citada norma se decidió no recoger al prevalecer la Ley de Amnistía: "Es un punto de inflexión y concede el beneficio de la duda que se le concedió a personas como Mario Onaindia, Teo Uriarte o Jon Juaristi, el mismo que se le quería conceder en esta Ley a Txiki, Otaegi o Puig Antich, porque no sabemos cuál hubiera sido su trayectoria a partir de la Ley de Amnistía".

Ediles del PSE y "Txiki"

Precisamente, Diego Paredes Manotas, hermano de Txiki, -una de las últimas víctimas del régimen franquista, fusilado el 27 de septiembre de 1975 junto a Otaegi y tres miembros del FRAP-, tiene asumido que las indemnizaciones y el reconocimiento del Gobierno español tampoco esta vez van a llegar. El impedimento, la pertenencia de su hermano a ETA. "Dejan fuera a la gente que pertenecía a un grupo armado por no reconocer que en aquellos momentos estaban bastante legitimados por el pueblo. Aquí, en Zarautz, hay concejales del PSE que eran compañeros de Txiki. La gente luego cambió y mi hermano también podría haberlo hecho, pero les duele mucho que perteneciera a ETA y no pueden decir que le han pagado a uno de sus integrantes".

Duda de que las Administraciones le tomen en consideración pese a haber presentado los papeles a tiempo. El recuerdo del último homenaje a su hermano que fue prohibido por la Audiencia Nacional, y que hizo a la Policía vasca intervenir en el cementerio, todavía está fresco en la cabeza de Diego: "La Guardia Civil siempre ha respetado su tumba, pero el otro día la Ertzaintza se pasó. Mi ama no paraba de llorar y a sus 80 años no entiende que a su hijo no le hayan reconocido por defender unos ideales. Los que ahora critican fueron a mi casa a llorar y a las manifestaciones. Veías que el pueblo le quería y ahora también. Que le llamen terrorista sin saber qué hubiera hecho ahora duele. Equivocados o no, han luchado por ideales y que no les traten por igual…", denuncia. Diego, que al igual que otros muchos no quiere dinero, sino que se reconozcan las cosas después de 34 años de silencio, se lamenta de que "estas cosas se hagan de cara a la galería, por un puñado de votos". Algo que también sostiene el portavoz de Ahaztuak, que denuncia al Gobierno español por estar permitiendo que la "consideración de terroristas para toda esta gente" permanezca en la actualidad con la Ley de Memoria Histórica.

"Si vamos a lo estricto, víctimas del franquismo también son los que pertenecían a grupos armados, porque practicaban una forma de lucha contra un régimen dictatorial", remarca Álvarez, que denuncia una falta de voluntad política por reconocer todas las realidades del franquismo. En esta línea, Aitor Esteban destaca que la Ley como tal tiene "mucho recorrido", aunque el PSOE no está por la labor de desarrollarla en su máxima expresión, lamenta el diputado del PNV. Otros que piensan de la misma manera son los familiares de Roberto Pérez Jauregi, joven de Eibar que el 8 de diciembre de 1970 murió a los 21 años tras ser tiroteado por las fuerzas franquistas en una manifestación. Su hermano Jorge y su padre Casimiro han presentado toda la documentación para pedir la indemnización -un máximo de 135.000 euros- que establece la ley.

Voluntad política

Roberto, según recuerda su hermano Jorge, que por aquel entonces tenía 15 años, cayó herido de muerte el 4 de diciembre de hace 39 años, en plena protesta por el proceso de Burgos. Eibar estaba tomada por la Guardia Civil y los secretas llegaron por una de las calles de la ciudad armera "disparando a todo lo que se movía". La manifestación se rompió y unos se echaron al monte y otros se escondieron donde pudieron. "Cuando llegué a casa me enteré de que a mi hermano le habían disparado. Fue de muy cerca, no fue una bala perdida como nos dijeron las autoridades". Con el hígado destrozado y sin capacidad de reacción, Roberto falleció cuatro días después en Donostia. Jorge niega que su hermano fuera miembro de una organización armada. "Era militante del PCE (i) y trabajaba como electricista en el taller de mi padre".

A priori, el caso de Roberto cumple todos los requisitos para acogerse a la Ley de Memoria Histórica tras las modificaciones del PSOE. Jorge todavía lamenta que el Ayuntamiento de Eibar no haya reconocido a su hermano como víctima del terrorismo. "Fue terrorismo de Estado", destaca, tras quejarse del doble rasero que desde algunos sectores se aplica a los afectados por la violencia armada: "Los que tienen el reconocimiento son las víctimas de ETA, los demás, poco más. Un país que se denomina democrático tiene que reconocer y no hacer borrón y cuenta nueva cuando le interesa. El Gobierno español, que tiene la llave y el poder para cambiar esto, no está por la labor. En este momento, el terrorismo es exclusivamente ETA".

La clave para solucionar todo este embrollo la tienen PSOE y Partido Popular, que sumaron sus votos para frenar una moción del Grupo Vasco encaminada a reconocer a los miembros de grupos armados asesinados en la dictadura. En la carpeta de asuntos por resolver también figuran la retirada efectiva de todos los símbolos franquistas, la confección del mapa de localización de restos humanos de víctimas de la Guerra Civil o la aclaración por parte de la Administración de qué exhumaciones se han hecho y cuáles quedan por hacer. Son las lagunas de la Ley de Memoria Histórica.

("Deia" y "Noticias de Gipuzkoa". 6 / 12 / 09)