El juez Baltasar Garzón ha formalizado ya un recurso contra el auto del Tribunal Supremo que admitía a trámite la querella por prevaricación que contra él presentó el sindicato ultraderechista Manos Limpias. En este recurso el magistrado niega haber prevaricado al declararse competente en el caso de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y recuerda que ni el fiscal ni los magistrados de Sala de la Audiencia Nacional cuestionaron esta decisión como "extravagante, absurda o esperpéntica" o como constitutiva de un delito de prevaricación.
Así lo expone el representante jurídico de Garzón, el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, en el recurso de súplica presentado el sábado ante la sala segunda del Supremo. Para la representación legal del juez, la decisión del Supremo -adoptada por unanimidad- es "jurídicamente inaceptable, dicho sea con el máximo respeto", puesto que la querella "no es más que una burda represalia contra el juez" porque, en su día, archivó una denuncia de una asociación contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama.
Aunque el motivo esgrimido por Garzón para declararse competente para investigar estos hechos "puede ser discutible", "de ahí a considerar que tal decisión es indiciariamente prevaricadora media un abismo insondable", observa Martínez Fresneda. "Parece extraño que si Baltasar Garzón pervirtió de forma grave el orden jurídico al objeto de instruir una causa para la cual el juzgado era manifiestamente incompetente, esta grosera asunción debería haber sido advertida", tanto por la Fiscalía, como por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o por el magistrado Santiago Pedraz, que le sustituyó cuando estaba de baja médica.
Lo que sí existió, indicó el letrado, fueron "discrepancias jurídicas" con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que se enmarcan "en una diferente, pero legítima interpretación de normas procesales". Pese a esta "discrepancia" el fiscal no recurrió el auto de competencia, recordó el abogado de Garzón.
Argumentos
Tampoco fue "cuestionada como extravagante o absurda" la decisión del juez cuando los magistrados de la Sala de lo Penal resolvieron sobre la competencia, ni la creyeron merecedora de "una instrucción penal pretendiendo ver indicios de prevaricación". "No se trata de una decisión extravagante ni esperpéntica", insiste el letrado, al recordar que, incluso, fue defendida por tres magistrados de la Sala de lo Penal que emitieron votos particulares a la decisión mayoritaria del tribunal.
Estima además el recurso que si lo que se considera prevaricación es el hecho de declararse competente, "la situación injusta ya se habría resuelto" con la inhibición y con la estimación de la cuestión de competencia que planteó el fiscal ante la Sala. Cree también contradictorio que el Supremo considere prevaricadora tanto la decisión por la que se declaró competente pidiendo certificados de defunción de responsables de la dictadura y "cuando, más tarde, se inhibió de la causa", al declarar extinta esta responsabilidad.
(Diario de Navarra. 2 / 06 / 09)