CONOCIENDO al personaje, es fácil suponer que lo que el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pretendía al instruir la causa para investigar los crímenes del franquismo fuera un nuevo éxito mediático que le consagraría como el juez que resucita la memoria histórica por los desmanes de las dictaduras. Si la iniciativa de Garzón hubiera prosperado, quedarían abiertas unas diligencias judiciales de tal envergadura, de tal complejidad, que la notoriedad del ya notorio juez estaría garantizada durante años y años de exhumaciones, estudio de archivos y documentos que prolongarían el sumario hasta el infinito. Eso lo sabía de sobra el famoso magistrado. Pero anunciada su decisión se removieron los cimientos de los poderes políticos, judiciales, eclesiásticos, militares, mediáticos y sociales. No ha durado mucho, un mes escaso, esa ambiciosa iniciativa que fue saludada con entusiasmo por familiares de víctimas del franquismo aunque sólo se contabilizasen hasta 1951. Del fugaz trabajo del magistrado se ha podido deducir que el franquismo pudo ser reo de crímenes contra la humanidad, que esos delitos no prescriben, pero también que ya no hay responsables vivos de aquellas atrocidades. Por eso dice que deja de instruir la causa. Sólo queda una mínima esperanza, a la que Garzón ha podido querer aferrarse implícitamente como un clavo ardiendo, cuando deduce Garzón que miles de niños fueron arrebatados a sus padres, literalmente secuestrados, para lavarles el cerebro y robarles su verdadera identidad. Es esta circunstancia, el secuestro de niños, lo que permitió al propio Garzón la apertura del proceso contra la dictadura argentina, por lo que quizá sea el as que se guarda el magistrado en la manga para recuperar el asunto en el futuro. Porque, de momento, él ya ha tenido su minuto de gloria, o su mes de gloria, así que cierra el caso y lo traslada a los juzgados territoriales correspondientes a sabiendas de que va a ser prácticamente imposible que esos juzgados asuman una tarea para la que no tienen medios. Y ello en el caso de que estuvieran interesados en abrir esas diligencias teniendo en cuenta el escaso apoyo que la iniciativa de Garzón ha tenido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No le apoyaron ni los jueces ni el Gobierno, que con la actitud obstruccionista de la Fiscalía ha puesto palos en las ruedas a la causa nada más iniciada. La Ley de la Memoria Histórica, como era previsible, queda en mero gesto y en la presencia de autoridades oficiales en la apertura de alguna fosa común. Mientras tanto, las familias de los muertos sin tumba, de los asesinados sin nombre, lamentan esta nueva oportunidad perdida para que al menos la historia condene a los asesinos.
(Deia/ Noticias de Alava/Noticias de Navarra/ Noticias de Gipuzkoa. 19 / 11 / 08)