La decisión de Garzón de estudiar la posibilidad de enjuiciar los crímenes de Franco, y la decisión del fiscal de recurrirla, pone de relieve una y otra vez tanto las limitaciones de la Ley de la Memoria Histórica, como la necesidad de darle un acelerón al trabajo a favor de la dignidad y la justicia. A mi juicio, está claro que la Ley de la Memoria Histórica ha supuesto un hecho importante, que ha dado rango oficial a parte de las investigaciones de las asociaciones de familiares, en este sentido anormativizado algo que ya se estaba produciendo; el trabajo de localización y exhumación de los cuerpos de los desaparecidos.
A pesar de considerar a esta ley como un avance, creo que es necesario tener en cuenta las múltiples lagunas que tiene, aprovechadas por la fiscalía para el recurso interpuesto. Las fuerzas políticas que, inexplicablemente, siguen oponiéndose al trabajo humanitario a favor de la memoria histórica, con demasiada frecuencia suelen poner en duda tanto la magnitud de lo sucedido, como la conveniencia de recordarlo. Por eso mismo a esta ley, y valga como ejemplo los datos recibidos por Garzón, le falta un mayor afán descriptivo sobre lo que se quiere reconocer y restituir. No se trata, sin embargo, de hacer una historia oficial desde el poder, sino de relatar los hechos que inspiran este reconocimiento tardío. No es verdad que la memoria histórica sea sólo una construcción emocional de lo que ocurrió para honrar a otra persona, la memoria histórica tiene un sentido público muy claro.
Por eso los legisladores debieron realizar un estudio del estado de la cuestión, que ahora pretenden hacer legítima y acertadamente las asociaciones personadas en la causa llevada por Garzón. Es decir, para cualquiera que se acerque a este tema es fácil observar que la gran división de la sociedad española se produce a raíz del golpe militar de Franco, en media España no hubo Guerra Civil pero sí una represión cruel, salvaje. Esto supone que, en primer lugar, cuantitativamente el régimen de Franco se lleva la palma de la represión, y en segundo lugar, que el desequilibrio de la memoria y el tratamiento a las familias es evidente. En Navarra, como es sabido, no hubo frente de guerra, pero fueron asesinadas más de 3.400 personas y todas de un solo bando: el republicano.
La capital española y varias grandes ciudades sufrieron una triple violencia, primero la del golpe militar, luego la republicana y finalmente la franquista. Pero siendo una evidencia que ambos bandos tuvieron, durante la Guerra Civil, un comportamiento denunciable hay una gran diferencia entre ambos territorios, pues fue precisamente en la zona en la que triunfa el golpe, como en Navarra, donde se localiza el gran problema de los desaparecidos.
La falta de datos o, peor aún, el maquillaje y la desaparición de los pocos que existen fue una actitud demasiado común durante el franquismo. En este sentido la exageración por parte del franquismo de algunos de los crímenes republicanos caló en parte de la sociedad. Es verdad que, a mi juicio, difícilmente lograremos un trabajo ajustado y creíble entorno a la memoria histórica sino reconocemos también los crímenes republicanos, pero es también acertado que desde la Ley de la Memoria Histórica se subraye el enorme abismo moral existente entre los golpistas y el sistema republicano.
El propio Antonio Bahamonde, en el libroUn año con Queipo de Llano, relata que "estos crímenes habían sucedido siempre en provincias distintas a las que visitaba. Tenía la consigna de propagar en Badajoz que en Málaga habían asesinado en los siete meses de dominación roja a quince mil personas de derechas... En Málaga propagábamos hechos que se decían ocurridos en la provincia de Badajoz ..."
Así las cosas, a veces el estudio de los documentos sobre la memoria histórica no da para tomárselo en serio; en la provincia de Badajoz se suele poner en la causa de muerte "choque con la fuerza pública" y en la de Huelva "anemia aguda". Aquí en Navarra la situación desde luego no es más sutil, ya que en el caso de los fugados de San Cristóbal el 22 de mayo de 1938 aparecen inscritos, todos, en el valle de Esteribar el 6 de junio y muertos por enfrentamiento con la fuerza pública. El 1 noviembre de 1936 aparecen 21 presos inscritos en Berriozar muertos a la misma hora y por la misma razón "traumatismo" a las 8 de la mañana y en Artica en el mismo mes 4 por traumatismo a las 7 de la mañana.
Tal y como lo han denunciado varias asociaciones, el 5 de octubre de 1938 se solicita a las delegaciones provinciales de Orden Público información detallada pueblo a pueblo sobre "el número de fusilados, desaparecidos, detenidos, destinados a batallones de trabajadores, desterrados, sancionados, huidos y asesinados en esta demarcación desde la iniciación del Movimiento Nacional hasta fin de septiembre de 1938". Esta investigación la realizó la Guardia Civil, la misma institución por cierto que registró los fusilamientos de los presos de la fuga y que los denominó como muertes por enfrentamiento. Estos quiere decir que para el final de la guerra, el régimen franquista ya tenía todos los datos de la represión.
En el propio Valle de Los Caídos deben existir los archivos de los republicanos allí enterrados durante los primeros años 60. El 13 de junio de 1961, el gobierno civil de Navarra remite una circular, la 58/61, a los ayuntamientos solicitando que remitan la relación de enterramientos que existan en los respectivos municipios situados fuera de los cementerios, esa información podría ser remitida como apoyo a la labor de las asociaciones, pero no se hace.
Llegados a este momento, es necesario concluir por lo tanto que el franquismo ya castigó en exceso e incluso más, por si acaso. Y el franquismo ya premió y compensó a los suyos.
Ahora la democracia debe recompensar a los nuestros. No sabemos hasta donde llegará el juez mediático, pero lo que sí sabemos es que tenemos la obligación moral de abordar cuanto antes el derecho de unos familiares a saber donde están los suyos. Sólo eso.
Porque ¿cómo puedes entender que alguien que ha sufrido un delito, lo tenga que resolver por su cuenta?, pues eso es lo que hace la Ley de la Memoria histórica: relegar el trabajo para localizar a los desaparecidos al ámbito privado. Y de esa injusticia, de esos huecos se vale ahora el fiscal para recurrir el auto del juez Garzón, en lugar de admitir que la localización y exhumación es una tarea pública, de toda la sociedad.
La existencia de fosas comunes o personas desaparecidas es un problema del conjunto de la sociedad, de nuestra democracia, es un problema para nuestro sistema de valores basado fundamentalmente en los Derechos Humanos, en el derecho a la vida y al recuerdo. Es obvio, además, que en el sistema de valores de nuestra época resulta más dolorosa la desaparición que la propia muerte. Así que lo que deben hacer cuanto antes las instituciones públicas, incluso la fiscalía, es poner los mecanismos necesarios para que ese dolor, esa anomalía humanitaria deje de existir.
Por derecho, por justicia.
(Noticias de Navarra. 24 / 10 / 08)