El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró ayer competente para perseguir al franquismo por crímenes contra la humanidad en un proceso penal cuyo objetivo último, más que buscar a los responsables y lograr su condena, es localizar a los desaparecidos de la dictadura que implantó el general Francisco Franco. Fueron 114.266, según el censo incluido en el sumario y que ahora será sometido a una amplia investigación. En la misma resolución, el magistrado autoriza exhumar los restos de 19 fosas comunes, entre ellas la del poeta Federico García Lorca. La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la decisión de Garzón.
El juez ordena a las fuerzas de Seguridad verificar que se trata de fosas comunes, que pueden alojar restos de personas fallecidas durante la Guerra Civil o en años posteriores, que los posibles familiares han reclamado la exhumación y que los dueños de los terrenos, públicos o privados, no se oponen. Cualquier controversia deberá ser resuelta por el juez natural del territorio donde esté el enterramiento. El levantamiento del cadáver, identificación, inhumación y registro de la víctima quedan encomendados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Servicio de Biología).
El juez hace un somero repaso a la génesis del denominado Alzamiento Nacional y concluye que fue un acto criminal, «una decisión perfectamente planeada y dirigida a acabar con la forma de Gobierno de España en ese momento, atacando y ordenando la detención e incluso la eliminación física de personas que ostentaban responsabilidades en los altos organismos de la nación y ello como medio o al menos como paso indispensable para desarrollar y ejecutar las decisiones previamente adoptadas sobre la detención, tortura, desaparición forzada y eliminación física de miles de personas por motivos políticos e ideológicos».
Un crimen contra la humanidad imprescriptible, de imposible amnistía, competencia de la Audiencia Nacional, que debe ser investigado porque «al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado». «No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil española; ni esa es la intención de los denunciantes ni puede serlo desde el punto de vista jurídico penal del instructor, ya que ello supondría la formación de una especie de causa general», precisa el juez Garzón, que insiste en que el propósito de sus pesquisas es la búsqueda de los desaparecidos.
Pero todo crimen tiene un culpable y el juez se sabe obligado por la ley a buscarlo. Por eso reclama al Registro Civil los certificados de defunción de 35 altos responsables del régimen franquista, entre ellos el general Franco y su hermano Nicolás; los generales Emilio Mola, Agustín Muñoz Grandes y Gonzalo Quipo de Llano, o los falangistas Ramón Serrano Suñer y Raimundo Fernández Cuesta. Comprobado su fallecimiento, el juez declarará extinguida su posible responsabilidad penal.
La investigación se centra en hechos que comenzaron el día antes de la insurrección franquista, el 17 de julio de 1936; siguieron con la represión ejercida mediante bandos de guerra hasta febrero de 1937; continuaron con los consejos de guerra sumarísimos celebrados entre marzo de 1937 y los primeros meses de 1945, y concluyeron con la persecución de los maquis, fenómeno que duró hasta 1952.
Esta horquilla temporal abre la posibilidad de que algunos dirigentes del franquismo «que no ocuparan puestos de alta responsabilidad» sigan vivos. El juez ordena a las fuerzas de Seguridad comprobarlo, porque la localización de presuntos responsables vivos tendrá una influencia decisiva en el proceso si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza la competencia de este órgano judicial.
Represores vivos
Es casi seguro que no quedan represores franquistas vivos, pero sí víctimas «a las cuales debe resarcírseles en su derecho y hacer todo lo posible porque averigüen el lugar de inhumación de sus familiares». Para ello, el juez Garzón crea dos grupos de investigadores. El primero está formado por siete expertos cuya misión será estudiar, analizar y valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas en un solo informe que incluya el número total de víctimas en el período investigado, del 17 de julio de 1936 al 31 de diciembre de 1951.
El segundo grupo estará formado por diez policías que, a las órdenes del juez y con competencia en toda España, podrán acceder a cualquier registro público o privado, acervo documental, archivo o centro de documentación que pueda tener información sobre los desaparecidos. Esta unidad policial tendrá como misión investigar hasta localizar al mayor número posible de desaparecidos.
114.266 DESAPARECIDOS
Andalucía: 32.289
Aragón: 10.178
Asturias 1.246
Baleares: 1.777
Canarias: 262
Cantabria: 850
Castilla-La Mancha: 7.067
Castilla y León: 12.979
Cataluña: 2.400
Comunidad Valenciana: 4.345
País Vasco: 9.459
Extremadura: 10.266
Galicia:: 4.396
La Rioja: 2.007
Madrid: 2.995
Murcia: 855
Navarra: 3.431
Ceuta, Melilla y Norte África: 464
Otros territorios: 7.000
Aragón: 10.178
Asturias 1.246
Baleares: 1.777
Canarias: 262
Cantabria: 850
Castilla-La Mancha: 7.067
Castilla y León: 12.979
Cataluña: 2.400
Comunidad Valenciana: 4.345
País Vasco: 9.459
Extremadura: 10.266
Galicia:: 4.396
La Rioja: 2.007
Madrid: 2.995
Murcia: 855
Navarra: 3.431
Ceuta, Melilla y Norte África: 464
Otros territorios: 7.000
(El Correo Español. 17 / 10 / 08)