EL OLVIDO ESTA LLENO DE MEMORIA. Artículo de opinión de Andrea Benites-Dumont

Porque hay amigos a los que siempre hemos recurrido
paralas causas de más allá del charco

Y así como hemos echado mano a los gestos solidarios entre el campo de los perseguidos y humillados, hoy es posible también recurrir al ámbito judicial donde se tradujeron en querellas, recursos, apelaciones y sentencias, las voces de la lucha contra miembros de las dictaduras chilena, argentina, guatemalteca… luchas contra el olvido y por la justicia, luchas por la memoria, esa misma que pobló los países de Latinoamérica y que portaban los exiliados y refugiados de la República Española.

Porque hubo un tiempo que en las orillas del sur del Atlántico, las canciones de resistencia al franquismo eran entonadas con otros acentos pero mantenían un mismo identitario signo de honor: el antifascismo.

Después del trasiego habido en la audiencia nacional con denuncias y querellas por genocidios en el marco de la competencia de los tribunales españoles y habida cuenta de la justicia universal, ahora también puede investigarse sobre los crímenes cometidos desde el golpe militar del 18 de julio de 1936 y los sempiternos años de la dictadura franquista.

Finalizada la guerra civil en el seno de Naciones Unidas, el régimen de Franco fue condenado por haber sido sostenido por los nazis alemanes y por los fascistas italianos, quiénes eran a su vez juzgados en tribunales internacionales.

Los vencedores aplicaron el veto histórico y judicial a largo plazo, los mecanismos de impunidad impuestos con cárcel y represión, fueron también acatados por el silencio de un sector de los vencidos que en los pactos de la Moncloa selló el decreto del olvido.

Los ejecutores del golpe de estado del 1936 no ocultaron en ningún momento, los planes de exterminio que albergaban. Uno de los golpistas responsables, Queipo de Llano sentenciaba: “Serán pasados por las armas los directivos de los partidos del Frente Popular y si no fueren encontrados un número proporcional de afiliados".(**)

Pero las pruebas tanto escritas como las que sobreviven en las memorias de los protagonistas de entonces, dan cuenta acabada de los fusilamientos, de juicios sumarísimos sin ninguna garantía, de torturas, de apropiación de los bienes de los derrotados, de ejecuciones extrajudiciales, de la desaparición forzada de personas… todos y cada uno ellos son y han sido, crímenes de lesa humanidad, y como tales imprescriptibles, y por ende, no es posible aplicarles beneficios de amnistía y prescripción, porque son delitos atentatorios a los más elementales derechos humanos, y porque además, la ley de amnistía de 1977 puede ser declarada de no aplicación en tanto que se trata de un texto preconstitucional; asimismo la amnistía de 1977 no anula el derecho imprescriptible a saber qué fue de las víctimas del franquismo.

Finalmente la memoria tomó forma: asociaciones de prácticamente todas las regiones del territorio español, particulares, familiares y víctimas, presentaron denuncias por ejecuciones sumarias y extrajudiciales y por la desaparición forzada de personas; denuncias de obligada investigación en un tribunal español tanto por imperativo legal –ni qué hablar del imperativo moral- porque dichos crímenes a pesar de los años -con exactitud 72- y que fueron amnistiados, son perseguibles, y paradójicamente están incluidos en los argumentos de aquellos que se negaran a las actuaciones judiciales sobre las dictaduras argentina y chilena:los crímenes del franquismo fueron hechos cometidos en territorio nacional.

Llegados a este punto, en la España Una Grande y Libre, la memoria silenciada guardó en la cartografía de los no-olvidos, el emplazamiento de las fosas, los nombres de los desaparecidos, fusilados y los nombres de los verdugos.

La Ley de Memoria Histórica aprobada en la pasada legislatura, establece que las administraciones locales deberán elaborar los mapas de las fosas, y asimismo delega en las asociaciones y en las familias de las víctimas, el emplazamiento y exhumación de los restos.
Pensar que esto es responsabilidad estatal es simplemente reconocer parte del rol del Estado relativo a la responsabilidad penal y civil sobre hechos constitutivos de delitos imprescriptibles que han sido ignorados, que han sido des-memoriados.

La ausencia del Estado en todos estos años se ratifica en esta delegación de funciones, y se coloca ajeno a toda responsabilidad penal, civil o administrativa, y genera asimismo la imposibilidad de ejercer a los familiares de las víctimas, el derecho de presentación de demandas y recursos tanto por lo penal, por lo civil o lo administrativo como el derecho a obtener una efectiva reparación, que implicaría entre otros, la restitución de los restos, la rehabilitación, la anulación de las condenas y la correspondiente depuración de responsabilidades.

Desde el inicio de este procedimiento judicial, se han presentado asociaciones, sindicatos, familiares; desde el juzgado se ha exigido la colaboración de los Ministerios de Cultura, Defensa, de la Conferencia Episcopal, de los Archivos de Salamanca y Catalunya, de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos, con diferentes respuestas según la naturaleza e ideología de cada una de las instituciones mencionadas, que pone en evidencia otra vez más, la pasividad del Estado.

Aproximadamente 140.000 nombres corporizan hoy los expedientes; gentes en las cunetas que señalan desde los difuminados restos, la inexplicable despreocupación de los gobiernos democráticos sostenidos en la igualdad ante la ley, pero también en esta desigualdad ante la muerte.

Posiciones políticas sólo hay lugar para dos, por un lado seguir extendiendo la desmemoria, cómplice de los crímenes, o recuperar el recuerdo para que la dignidad integre con todos los nombres, el imaginario colectivo.

Por último, queda por definir si la represión franquista fue un genocidio. Algunas voces intentan clasificarla en la teoría de politicidio. Las diferencias entre esos dos conceptos reside en las características por las que son identificados los miembros de un grupo por parte del Estado. Así en el genocidio las víctimas son definidas por sus características comunitarias, y en el politicidio, serían determinadas por el grado y jerarquía de oposición política a un régimen. Para muchos este debate ha sido superado por las tragedias que impusieron las dictaduras. Y recientemente plasmada la superación del mismo en la sentencia contra el ex-comisario de la policía argentino, Miguel Etchecolatz. En dicho fallo se califica como genocidio el proceso de aniquilamiento de una parte o de un grupo nacional, analizando su carácter sistemático y sus efectos en la destrucción de las relaciones sociales en el conjunto. Pero aún más, Franco colaboró directamente en que miles de españoles exiliados fueran conducidos al campo de exterminio de Mauthausen.

Concluyendo, parecería que al cabo del tiempo podemos completar las hojas que faltaban a esta suerte de puente e historia de penares y esperanzas, faltaba el inicio de justicia que desvela acabadamente que el olvido está lleno de memoria.

(*) Título de un libro de poesía de Mario Benedetti, publicado en 1995

(**) En el mes de julio El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad (PSOE, IU y PP) retirar el título de hijo adoptivo y la medalla de oro de la ciudad al general Gonzalo Queipo de Llano, así como el proceso para cambiar el nombre de 40 calles con referencias franquistas conforme a la Ley de memoria histórica.