En el año 2005 Esquerra demandó parlamentariamente que el Estado español asumiera sus responsabilidades en el Holocausto. Ello nunca se había debatido en el Congreso a pesar de la condena por parte de Naciones Unidas del.jpg)
régimen franquista como parte activa del eje totalitario, del apoyo de la dictadura al expansionismo militar hitleriano y del asesinato de miles de republicanos deportados por la Gestapo a los campos de exterminio acogiéndose a la condición de apátridas dictada y pactada entre Serraño Suñer y Himmler. En aquella ocasión, el Congreso instó al Gobierno a tomar medidas para: "Establecer un adecuado reconocimiento y lograr la rehabilitación moral, jurídica y, en su caso, económica de las víctimas".
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régimen franquista como parte activa del eje totalitario, del apoyo de la dictadura al expansionismo militar hitleriano y del asesinato de miles de republicanos deportados por la Gestapo a los campos de exterminio acogiéndose a la condición de apátridas dictada y pactada entre Serraño Suñer y Himmler. En aquella ocasión, el Congreso instó al Gobierno a tomar medidas para: "Establecer un adecuado reconocimiento y lograr la rehabilitación moral, jurídica y, en su caso, económica de las víctimas".A pesar de ello, la Ley de la Memoria obvió la sentencia del Tribunal Militar de Nuremberg de 1946 que califica de Crimen contra la Humanidad el genocidio llevado a cabo por el nazismo, reconoció la legalidad de los tribunales franquistas y rechazó la posibilidad de reconocer jurídicamente a los represalia-dos como víctimas.
Los republicanos nunca habíamos admitido la contradicción establecida entre la intervención de la justicia española en la persecución de responsables de la muerte de ciudadanos españoles bajo los regímenes dictatoriales americanos conforme a la inclusión en la Constitución Española del mandato de que los derechos fundamentales y las libertades tienen que interpretarse de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos, pero que en cambio se inhibiese respecto a los asesinos nazis, fascistas o franquistas.
Pero todo ha saltado por los aires merced al hecho que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite la querella presentada por un superviviente y familiares de españoles víctimas del holocausto nazi contra cuatro miembros de las SS destacados en Mauthausen y otros campos para ser juzgados en el Estado español. Los cuatro, hoy día, residentes en EE UU, han perdido la ciudadanía y se encuentran bajo arresto domiciliario.
Sin duda, que estemos ante una querella admitida por la justicia española por Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra altera profundamente el statu quo actual respecto a la reparación de las víctimas y a la impunidad de los verdugos consagrada desde la Transición y supuestamente petrificada con la llamada popularmente Ley de la Memoria.
Aun cuando se esté en la fase inicial, hoy ya puede hablarse de un antes y un después de la intervención de la Audiencia. La misma intensidad en la preocupación con que el Gobierno ha recibido la noticia, lo ha sido en satisfacción para las asociaciones de la memoria por cuanto incluso habían sido objeto de crítica rayana a la burla cuando afirmaban sin complejos que, tarde o temprano, la justicia española o los tribunales internacionales tendrían que actuar.
El debate está servido incluso en el Congreso, puesto que Esquerra ya ha planteado la necesidad de que la Fiscalía General del Estado asuma, en su momento, la representación del conjunto de las víctimas.
Todo ello, ya se ha dicho, se vive desde las entidades memorialistas con emoción y esperanza en tanto en cuanto, finalmente, comprueban c'pmo su compromiso, y a pesar de tener que remar contra olvidos y renuncias, ha permitido abrir la muralla.
(*) Joan Tardá es Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso español
Los republicanos nunca habíamos admitido la contradicción establecida entre la intervención de la justicia española en la persecución de responsables de la muerte de ciudadanos españoles bajo los regímenes dictatoriales americanos conforme a la inclusión en la Constitución Española del mandato de que los derechos fundamentales y las libertades tienen que interpretarse de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos, pero que en cambio se inhibiese respecto a los asesinos nazis, fascistas o franquistas.
Pero todo ha saltado por los aires merced al hecho que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite la querella presentada por un superviviente y familiares de españoles víctimas del holocausto nazi contra cuatro miembros de las SS destacados en Mauthausen y otros campos para ser juzgados en el Estado español. Los cuatro, hoy día, residentes en EE UU, han perdido la ciudadanía y se encuentran bajo arresto domiciliario.
Sin duda, que estemos ante una querella admitida por la justicia española por Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra altera profundamente el statu quo actual respecto a la reparación de las víctimas y a la impunidad de los verdugos consagrada desde la Transición y supuestamente petrificada con la llamada popularmente Ley de la Memoria.
Aun cuando se esté en la fase inicial, hoy ya puede hablarse de un antes y un después de la intervención de la Audiencia. La misma intensidad en la preocupación con que el Gobierno ha recibido la noticia, lo ha sido en satisfacción para las asociaciones de la memoria por cuanto incluso habían sido objeto de crítica rayana a la burla cuando afirmaban sin complejos que, tarde o temprano, la justicia española o los tribunales internacionales tendrían que actuar.
El debate está servido incluso en el Congreso, puesto que Esquerra ya ha planteado la necesidad de que la Fiscalía General del Estado asuma, en su momento, la representación del conjunto de las víctimas.
Todo ello, ya se ha dicho, se vive desde las entidades memorialistas con emoción y esperanza en tanto en cuanto, finalmente, comprueban c'pmo su compromiso, y a pesar de tener que remar contra olvidos y renuncias, ha permitido abrir la muralla.
(*) Joan Tardá es Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso español
(El Siglo. 28 / 07 / 08)