La fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido apoyar la querella por genocidio y delitos de lesa humanidad presentada contra cuatro oficiales nazis que ejercieron como guardias en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, donde estuvieron prisioneros más de 10.000 españoles y en los que murieron más de 5.000.
La querella ha sido presentada por supervivientes españoles de los citados campos de concentración nazis asesorados por el equipo jurídico de Nizkor, dirigido por el letrado Antonio Segura.
Entre los querellados figuran Johann Leprich, Anton Titjung, Josias Kumpf y el más famoso, Iwan (John) Demjanjuk, que presuntamente fueron miembros de las SS Totenkopf. Todos ellos se encuentran en Estados Unidos, donde entraron ilegalmente y si el juez Ismael Moreno admite a trámite la querella como solicita la fiscalía, deberá solicitar la extradición de los cuatro imputados. Demjanjuk fue confundido en 1986 con un carcelero conocido como Iván el Terrible, que operó en el campo de concentración de Treblinka. Sin embargo, los tribunales de Israel le absolvieron por entender que se había producido un error de identidad. Ahora, esclarecida su filiación, permanece en Estados Unidos. La querella destaca que resulta acreditado documentalmente en numerosos informes y otras pruebas que los cuatro oficiales participaron en la persecución y castigo de las personas que ingresaban a los campos de concentración.
Entre los prisioneros del campo de Sachsenhausen, según ha informado a la fiscalía el Comité Mauthausen, de Austria, figura Francisco Largo Caballero, ex presidente del Gobierno de la II República entre el 4 de septiembre de 1936 hasta el 16 de abril de 1937. El mandatario socialista español había sido capturado por los nazis en Francia, país en el que se había exiliado tras acabar la Guerra Civil española. Permaneció prisionero hasta 1945.
Primera acción jurídica en España de ex-prisioneros
La querella del Equipo Nizkor es la primera acción jurídica presentada en España por los prisioneros de los campos de concentración. Hasta ahora, las únicas acciones presentadas en la Audiencia Nacional relacionadas con el régimen nazi fueron las denuncias presentadas en los años ochenta por Violeta Friedman contra el belga Leon Degrelle que negaba la existencia del genocidio y de los campos de concentración. Su extradición a Bélgica nunca fue concedida ya que el dictador Francisco Franco le había concedido la nacionalidad española.
Ahora, la fiscalía apoya la persecución del genocidio nazi en los campos de concentración por "la extensión del principio de extraterritorialidad de la ley penal", con la finalidad de defender o proteger los intereses del Estado y para impedir la impunidad de las infracciones de intereses comunes a todos los estados.
La fiscalía agrega que España se adhirió en 1968 a la convención para el castigo del Genocidio y que los Estados tienen la obligación de perseguir y castigar los crímenes contra la Humanidad, es decir, los actos inhumanos contra la población civil, las persecuciones políticas, raciales o religiosas. Por todo ello, España, y en concreto la Audiencia Nacional, es competente para juzgar los hechos.
(El Pais. 15 / 07 / 08)