Han pasado ya más de tres décadas desde que el barrio gasteiztarra de Zaramaga viviera uno de los episodios más negros de la historia de esta ciudad. En la memoria de todos queda aquel 3 de marzo de 1976 en el que murieron cinco obreros y resultaron heridas más de un centenar de personas tras una actuación policial contra un grupo de huelguistas que se encontraban reunidos en una iglesia.
Pese al tiempo transcurrido, las víctimas siguen esperando a que se les compense de alguna manera las consecuencias que trajo aquella violenta intervención. Y es que pese a que la sociedad y las instituciones representativas más cercanas han mostrado en reiteradas ocasiones su reconocimiento y solidaridad, las familias de los fallecidos y los heridos continúan sin recibir indemnizaciones.
La Diputación Foral de Álava, sin embargo, ha decidido actuar consciente de que 30 años de demora son más que suficientes. Por ello, y pese a que es el Estado el responsable de otorgar a las víctimas las compensaciones económicas correspondientes, va a adelantar estas cantidades, tal y como ya anunció el sábado el diputado general Xabier Agirre durante el acto de entrega de la Medalla de Álava a este colectivo.
El consejo de gobierno aprobó ayer el proyecto de norma foral que permitirá dichos anticipos, que alcanzarán la cantidad de 138.000 euros por cada trabajador fallecido. El teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, explicó que la institución foral habilitará un crédito extraordinario suficiente para la financiación de las prestaciones.
Y es que aunque la Ley de Memoria Histórica ampara a las víctimas que fallecieron en la capital alavesa aquel día, su aplicación ha quedado demorada y todavía no se han desarrollado reglamentariamente ni las condiciones ni el procedimiento para la concesión de la indemnización. Además, según informa la Diputación, el Ejecutivo de Zapatero tampoco ha delimitado el alcance, condición y procedimiento para la concesión de compensaciones en favor de quienes sufrieron lesiones incapacitantes.
Incapacidades
El proyecto al que dio luz verde ayer el gobierno foral, concede un anticipo de hasta 390.067 euros a las personas que tengan una "gran invalidez" como consecuencia de los altercados del 3 de marzo. Es la cantidad más significativa de todas las aprobadas. Por su parte, la indemnización por "incapacidad permanente absoluta" asciende a 96.161 euros, por "incapacidad permanente total" a 48.080 euros y por "incapacidad permanente parcial", a 36.000 euros. También se reconocen compensaciones anticipadas a quienes padecieron secuelas irreversibles sin que les haya llevado a una incapacidad permanente. La cuantía, sin embargo, no se ha especificado. No obstante, Rodríguez precisó que en el caso de que el Estado no reconociera ayudas por las mismas contingencias o lo hiciera por cantidades diferentes a las establecidas en la norma foral, la Diputación asumiría las cuantías diferenciales con cargo a los presupuestos del territorio.
Las personas beneficiarias podrán solicitar en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto estas indemnizaciones. El tiempo máximo para resolver y notificar la resolución de las solicitudes será de un año.
(Noticias de Alava. 2 / 07 / 08)