A 32 años del golpe militar, el primer nieto nacido en la ESMA que fue recuperado por sus abuelos denuncia que la causa que investiga la desaparición de Julio López, el principal testigo del juicio a Miguel Etchecolatz, está congelada. Militante de la agrupación H.I.J.O.S.- La Plata y miembro del espacio Memoria, Verdad y Justicia advierte que ésa debe ser la preocupación central de hoy de los organismos de derechos humanos. “El aparato represor del Estado –subraya Emiliano a LaVaca- está intacto: 12 policías bonaerenses que participaron de la represión fueron recientemente ascendidos”.
Emiliano Hueravillo nació en 1977. Lugar: la ESMA, República Argentina. Luego fue dejado en la puerta de la Casa Cuna. Y se convirtió en el primero de los nietos nacidos en ese campo de concentración, recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo. Sus compañeros de H.I.J.OS - La Plata lo bautizaron en algún momento como Pilón, por la altura de los sandwiches que es capaz de comer. Fuera de las bromas, Emiliano sigue siendo un referente al mantener una actitud crítica con respecto al acercamiento de muchos organismos de derechos humanos al actual gobierno. A 32 años del golpe, Emiliano denuncia en esta conversación con LaVaca que la causa que investiga la desaparición de Julio López, el principal testigo del juicio a Miguel Etchecolatz, está congelada. Como militante de H.I.J.O.S.- La Plata es miembro del espacio Memoria, Verdad y Justicia. Aquí repasa además temas relegados de la agenda de derechos humanos, como la miliarización de villas y barrios, el hostigamiento a los jóvenes pobres, las muertes en las comisarías.
- ¿Cuál cree que debe ser la agenda de los derechos humanos de hoy en la Argentina?
- Por un lado siguen matando a pibes en las comisarías. Se meten en los barrios humildes, les pegan a los jóvenes por el solo hecho de pertenecer a otra clase social, los llevan a la seccional y salen muertos. Eso es terrible. Nosotros, en La Plata, trabajamos para que eso no suceda más y trabajamos, también, por el caso de la desaparición de Jorge Julio López. A 18 meses de su secuestro no hay ninguna respuesta del gobierno nacional ni tampoco del provincial. Aparentemente el gobierno nacional se ha olvidado de Julio López. No hay que olvidarse que Julio fue uno de los querellantes del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz y, a la vez, uno de los testigos fundamentales para condenarlo a cadena perpetua. El aparato represivo del país sigue intacto, hace 18 meses que está siendo demostrado.
- ¿Puede pensarse que además del Gobierno, una buena parte de la sociedad naturalizó la desaparición de una persona en democracia?
- Nosotros, el pasado 18, invitamos a todos los sectores de la ciudad de La Plata - organismos de derechos humanos, estudiantes, gremios, organizaciones sociales- a participar de una jornada para exigir la aparición con vida de López. Un artista australiano utilizó 1.800 velas para dibujar el rostro de nuestro compañero frente a la sede donde se llevó a cabo el juicio contra Etchecolatz, en la Plaza Moreno. No fuimos nosotros quienes naturalizamos la desaparición de una persona en democracia. Ya el primer día salimos a cortar la calle, frente a Casa de Gobierno mientras el Estado y sus funcionarios decían que Julio estaba en la casa de una tía. Hubo una fuerte responsabilidad del Ejecutivo en todo esto.
- ¿El gobierno no puede o no quiere saber qué pasó con López?
- Desde un primer momento nosotros dijimos que se trató de una desaparición forzada y que Etchecolatz, más allá de sus 77 años, aún conservaba poder dentro de la policía bonaerense. Cuando nos reunimos con León Arslanian, entonces Ministro de Seguridad de ese momento, le planteamos que el Estado tenía que dar una respuesta. Y él nos contestó que de los 60.000 hombres que tenía a su cargo, había unos 20.000 que no manejaba.
- ¿Y ustedes qué plantearon ante esa confesión?
- Le dijimos que renuncie, o que denuncie la situación abiertamente.
- ¿Y qué contestó?
-Se quedó callado. Nosotros, entonces, le llevamos una lista de 9.000 efectivos que aún estaban en la fuerza y habían formado parte del terrorismo de Estado. Ahora, con el nuevo gobierno, ascendieron a 33 policías, 12 ellos participaron de la represión. Cuando asumió pedimos una entrevista con el nuevo ministro –Carlos Stornelli- y nos la negó. Tuvimos una con el gobernador Daniel Scioli y lo denunciamos.
-¿Cuánta ascendencia cree que tienen estos efectivos sobre el resto de la fuerza?
- No hay que ser ilusos, estos tipos siguen teniendo gente en las fuerzas armadas y de seguridad. Sabían de los allanamientos en la prisión de Marcos Paz, donde está detenido Etchecolatz, dos días antes que se produjeran. Mantienen contactos dentro de la penitenciaría y de todo el aparato represivo. Responden por cuestiones ideológicas, no necesariamente formalmente, por una relación jerárquica. El caso Febres (el prefecto asesinado cuatro días antes de escuchar su condena por su participación en la represión de la ESMA) también demuestra que el aparato represivo sigue intacto. No sólo gozan de impunidad para secuestrar a un testigo, sino también para entrar donde un represor está detenido y darle veneno para que no diga lo que sabe. Si yo robo una gallina para darle de comer a mi hijo, me dan 30 años de prisión, mi mujer para visitarme tendrá que pasar por requisas humillantes, la harán desnudar y con suerte me podrá alcanzar un pedazo de torta. Estos represores que ahora son juzgados viven en cárceles VIP, dentro de bases militares, o sino ocurre como Alfredo Fanchiotti (el comisario condenado por matar a los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki), que resulta que puede salir a comer asados.
- ¿Qué opina del avance de la causa judicial que investiga la desaparición de López?
- Para nosotros, el Poder Judicial también es responsable de la desaparición López. Hace 18 meses apareció un cuerpo que enseguida dijeron que se trataba de Julio. Rápidamente quedó descartado, pero aún hoy no se sabe quién era. Como organismo defensor de los derechos humanos, queremos saber quíen es. Se trata también de una persona. La causa está totalmente congelada desde el principio, cuando se peleaban la Cámara Federal y la Provincial para ver a quién le correspondía hacerse cargo. Para nosotros siempre correspondió a la jurisdicción Federal, porque se trata de una desaparición forzada. Resuelto ese tema, la investigación también quedó cajoneada. Nosotros le exigimos respuestas al gobierno, tiene que dar explicaciones. Es el que maneja a todas las fuerzas de seguridad que investigan en la causa: la Gendarmería, la Federal, la Side. Encima, el ministro que las tiene a su cargo (Aníbal Fernández) fue el que dijo que Julio había ido a tomar el té con su tía. Y todavía sigue en el gobierno.
- ¿Hubo algún cambio luego del traspaso presidencial?
- El gobierno es más discursivo que otra cosa. Tanto el anterior como éste. A muchos les conformó escuchar lo que estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Pero no hay acción concreta: no le otorga a la justicia el presupuesto necesario para meter a todos los represores presos. Algunos juicios se desarrollaron en la Capital, en La Plata, ahora uno en Corrientes, pero la represión se vivió en todo el país. Y no sólo los militares participaron del terrorismo de estado: el plan económico que instaló la dictadura militar sirvió a muchos empresarios que hoy están en lugares poderosos, hubo muchos cómplices civiles. Ahora resulta que la presidenta Cristina Fernández dice que en cuatro años se terminarán todos los juicios a los represores: hay más de 500 centros clandestinos y decena de represores en cada uno de ellos. Entonces, no da la cuenta. Por eso queremos que cada centro clandestino sea una causa, y aún así no alcanzan cuatro años. No queremos que los únicos condenados sean Etchecolatz, Von Wernich y Simón.
- ¿Qué significa para usted, que nació en la ESMA, que los organismos defensores de los derechos humanos hayan tomado posesión del lugar?
- La Escuela Mecánica de la Armada es un centro clandestino de detención, uno de los mas grandes, pasaron mas de cinco mil detenidos. Para mí ese lugar, donde nacieron muchísimos chicos, tiene que ser un ejemplo para que las nuevas generaciones puedan conocer qué pasó en aquellos años. Tiene que servir, también, para condenar a los genocidas. En 2004 Kirchner anunció la entrega del predio a los organismos, nosotros estuvimos en ese acto y planteamos un montón de cosas. Está bien que el Estado pida disculpas, pero también tiene que demostrar voluntar política para avanzar. Hoy esa voluntad no está clara.
- Otros hijos de desaparecidos accedieron en las últimas elecciones a una banca legislativa, ¿es una reivindicación para su generación?
- Además de hijos de desaparecidos, somos personas, partes de organizaciones, trabajadores, estudiantes, militantes. Yo, personalmente, sigo peleando por juicio y castigo y creo que si soy querellante, no puedo ser funcionario del Estado.
(Agencia LaVaca. 25 / 03 / 08)
