La aprobación de una Ley de Memoria Histórica en España figuraba en la propuesta de gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. En este sentido, un proyecto fue enviado a las Cortes, con el fin de reparar las atrocidades cometidas por la dictadura franquista entre los años 1939 y 1975. La mayoría de las apreciaciones sobre los beneficios de la norma conducen a calificar la misma como insuficiente. Si bien la ley establece la retirada de los símbolos, estatuas, placas y escudos que reivindican a la dictadura franquista, parece ser que la norma está diseñada sólo para ser cumplida por el tercer estado, ya que la corporación católica no se siente alcanzada por la misma.
Son muy débiles los argumentos -de estética cultural- para que de las iglesias católicas no se retiren las sepulturas de los asesinos, las placas y demás ornamentos, cuyo único fin es perpetuar y rendir homenaje a un sistema político que enalteció el culto a la intolerancia, al fanatismo y a la muerte, como método para silenciar a la mayoría de la sociedad. Además, si el espíritu de la ley es iniciar una acción reparadora, se deberán declarar nulos todos los juicios iniciados durante el régimen antirrepublicano, porque los familiares de los reprimidos, torturados y fusilados merecen obtener esa reparación moral, que implica que la justicia deberá hacer público que todas las causas llevadas adelante por los franquistas fueron iniciadas con argumentos falsos, cuyo único fin fue ensuciar la imagen privada y pública de las personas enjuiciadas, las cuales habían cometido, entre otros, el delito de estar del lado de la República, de la democracia o defender ideales nacionales, como fue el caso de ciudadanas y ciudadanos vascos, catalanes y gallegos.
En cuanto al reintegro de los bienes a las instituciones sociales y políticas que fueran incautados por el franquismo, todo indica que la ley es selectiva, ya que casualmente no se restituirán los bienes a Acción Vasca Nacionalista (ANV). Otro capítulo aparte merece el destino final del Valle de los Caídos, que en definitiva no sufrirá muchos cambios en su rol y funcionamiento. Sería justo que se retiraran del mismo los cadáveres de quienes allí están sepultados y entregarlos a sus familias para su inhumación en cementerios comunes. Además, el lugar debería convertirse en un Museo de la Memoria Histórica, para cumplir con una doble función. La primera, conformar un archivo y una biblioteca, a la cual se remita toda la documentación judicial, bibliografía, periódicos, filmografía y demás testimonios sobre la dictadura franquista, destinado a investigadores, estudiantes de diferentes niveles educacionales y público en general. La segunda función consistirá en transformar parte de las instalaciones en un lugar de exposición permanente, con la resultante del retiro de toda la simbología e iconografía franquista de los lugares públicos. Otro tema importante en la reconstrucción de la memoria será la implementación de una fuerte política desde el Estado, con el fin de apoyar la búsqueda y reconocimiento de los fusilados sepultados en fosas comunes por los franquistas.
Además, se debería prohibir ocupar cargos públicos a quienes se les comprueben violaciones a los derechos humanos, así como también establecer en el juramento para los electos de todos los niveles de la administración pública, parlamentos y plenos y cargos ejecutivos, un párrafo condenatorio a la dictadura franquista, como una forma de fortalecer día a día el Estado de derecho. Solamente garantizando la libertad y la igualdad se podrán establecer instituciones democráticas sólidas y participativas. Estas deberán favorecer la transparencia y la búsqueda de la verdad histórica. Este es el único camino para saldar los hechos ocurridos en el pasado.
Quienes desean mantener una historia parcial, una verdad a medias, seguirán sin condenar el franquismo, implementando leyes insuficientes, tramitando la beatificación de algunos sacerdotes que fueron asesinados durante la Guerra Civil y olvidando a otros hijos de la misma iglesia católica que fueron fusilados durante la dictadura franquista.
*Publicado en "Deia". 24-11-2007